El histórico sindicalista Alfredo Duarte fue condenado este lunes en un juicio abreviado por el delito de daño, luego de que el Ministerio Público Fiscal, la defensa y la parte querellante alcanzaran un acuerdo que puso fin a la causa iniciada por un episodio ocurrido a fines de noviembre frente a un predio de ATSA.
La resolución fue homologada durante la audiencia de control de acusación, luego de varios meses de negociaciones entre las partes. En una primera etapa se analizaron alternativas como una reparación integral o la suspensión del juicio a prueba, pero al no prosperar esas opciones, la defensa aceptó avanzar con un juicio abreviado.
Como parte del acuerdo, Duarte recibió una condena de dos meses de prisión de cumplimiento condicional, sanción fijada en función de que no registraba antecedentes penales.
Además, a pedido de la parte querellante, el juez ordenó una prohibición de acercamiento por dos meses. Durante ese plazo, el dirigente no podrá acercarse a menos de 500 metros del domicilio del denunciante, Gómez. La medida también comprende el sector donde se produjo el incidente, debido a que frente a la vivienda de la víctima se encuentra un predio perteneciente a ATSA.
El episodio que originó la causa
La investigación estableció que el hecho ocurrió a fines de noviembre, cuando Gómez había estacionado su camioneta frente al predio sindical. En ese momento, Duarte llegó al lugar, comenzó a insultarlo y, en medio de la discusión, tomó una piedra y rompió una de las ópticas del vehículo.
El episodio quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente y fue incorporado como una de las principales pruebas de la investigación, junto con los testimonios de personas que presenciaron el hecho.
La acusación quedó limitada al delito de daño
En un primer momento, Duarte había sido imputado por los delitos de amenazas y daño. Sin embargo, durante el avance de la investigación, la Fiscalía concluyó que las expresiones intimidatorias fueron pronunciadas en un contexto de enojo y no reunían el elemento subjetivo necesario para configurar el delito de amenazas.
Por ese motivo, la acusación quedó limitada únicamente al delito de daño. La modificación fue aceptada tanto por la defensa como por la parte querellante, lo que permitió arribar al juicio abreviado que concluyó con la condena del dirigente sindical y el cierre definitivo de la causa.
El sindicalista Alfredo Duarte fue condenado en un juicio abreviado a dos meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de daño, tras romper una óptica de una camioneta durante un incidente ocurrido frente a un predio de ATSA a fines de noviembre. La Fiscalía descartó la acusación por amenazas y el juez ordenó una prohibición de acercamiento al denunciante por dos meses.
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Una piedra, una óptica rota y dos meses de condena condicional. Así terminó una causa que empezó con un episodio de furia frente a un predio sindical y que, después de meses de idas y vueltas judiciales, cerró con una condena mucho más acotada de lo que prometía el arranque.
El expediente hizo un recorrido parecido al de esos trámites que arrancan con una carpeta llena de sellos y terminan resolviéndose por una sola hoja. Primero se habló de amenazas, de alternativas para evitar el juicio y de distintas salidas posibles. Al final, quedó únicamente el daño. El resto se fue desinflando como una cubierta que encontró un clavo en plena Ruta 40.
La escena ya era conocida porque quedó registrada en un video que circuló con velocidad de grupo de WhatsApp familiar. Allí quedó documentado el momento en que la discusión escaló hasta que una piedra impactó contra una de las ópticas de la camioneta del denunciante. A veces la evidencia llega envuelta en un expediente; otras veces llega con reproducción automática y comentarios de todo el barrio.
Durante la investigación, la Fiscalía revisó la acusación original y concluyó que las expresiones lanzadas durante el altercado respondían a un estado de enojo y furia, pero no reunían los requisitos legales para configurar el delito de amenazas. Así, el caso pasó de tener dos imputaciones a sostenerse sobre una sola, suficiente para alcanzar un acuerdo entre la defensa, la querella y el Ministerio Público Fiscal.
La resolución también incorporó una restricción de acercamiento por dos meses. El dirigente no podrá aproximarse a menos de 500 metros del domicilio del denunciante, una medida que además alcanza el sector donde ocurrió el conflicto, frente al predio de ATSA. El mapa terminó haciendo más trabajo que los discursos. La piedra rompió una óptica; el expediente terminó puliendo la calificación.
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