El Gobierno de San Juan rechazó este miércoles las acusaciones de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) sobre una supuesta deuda con las empresas prestatarias del servicio de colectivos y sostuvo que los pagos correspondientes a junio se encuentran dentro del circuito administrativo habitual.
La respuesta oficial llegó luego de que la cámara empresaria advirtiera sobre un «severo desfinanciamiento» y atribuyera a la falta de compensaciones tarifarias la reducción transitoria de frecuencias en algunas líneas del transporte público.
A través de un comunicado, la Secretaría de Tránsito y Transporte, dependiente del Ministerio de Gobierno, afirmó que la Provincia «no mantiene deudas con las empresas prestatarias del servicio» y explicó que la documentación necesaria para liquidar los pagos de junio fue presentada recién el 14 de julio.
Según el organismo, el expediente continúa dentro de los plazos administrativos previstos para este tipo de trámites.
Errores en la documentación demoraron las liquidaciones
El Gobierno señaló además que parte de las demoras se originó en inconsistencias detectadas en la documentación presentada por algunas empresas.
De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Transporte, esos errores obligaron a solicitar correcciones antes de avanzar con las liquidaciones correspondientes, lo que extendió los tiempos del proceso administrativo.
Desde el Ejecutivo remarcaron que estos inconvenientes no responden a una falta de pago por parte de la Provincia, sino al procedimiento necesario para validar la información presentada por las prestatarias.
Los otros reclamos serán analizados
Respecto de otros conceptos reclamados por las empresas y que no corresponden a las compensaciones de junio, el Gobierno informó que serán analizados por las áreas técnicas.
En caso de comprobarse que existe algún monto pendiente de reconocimiento, la Provincia indicó que se abrirá una instancia de diálogo con las empresas para evaluar cada caso.
El comunicado también hizo referencia a los fondos nacionales destinados a cubrir los atributos sociales del sistema de transporte. En ese sentido, recordó que esos recursos dependen de la Secretaría de Transporte de la Nación y precisó que el 28 de julio se acreditó el pago correspondiente a mayo, por lo que quedó pendiente únicamente junio.
Un reclamo por cerca de $9.700 millones
La aclaración oficial se produjo después de que ATAP asegurara que las empresas acumulan una deuda cercana a los $9.700 millones, de los cuales alrededor del 60% correspondería a la Provincia y el 40% restante a la Nación.
Según la entidad, esos fondos están vinculados a compensaciones por el boleto escolar y docente gratuito, trasbordos, atributos sociales y otros beneficios tarifarios.
Las empresas sostienen que esa situación afecta el funcionamiento del sistema, ya que dificulta afrontar gastos de combustible, salarios, mantenimiento de unidades y compra de repuestos.
El conflicto se intensificó luego de que Empresa Mayo y Transporte Libertador redujeran frecuencias sin autorización. Ante esa medida, la Secretaría de Tránsito y Transporte anunció la aplicación de sanciones económicas por incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión.
