Durante más de dos décadas, Argentina enfrentó una extensa disputa judicial con acreedores que rechazaron los canjes de deuda realizados después del default de 2001. Si bien algunos fondos alcanzaron gran exposición internacional, como NML Capital, otros mantuvieron sus reclamos con un perfil mucho más bajo hasta convertirse en los últimos litigantes activos.
Entre ellos se encuentran Attestor Master Value Fund LP y Bainbridge Fund Ltd., dos fondos que continuaron reclamando el pago de bonos argentinos en cesación de pagos y que recién durante el gobierno de Javier Milei avanzaron en acuerdos de conciliación para cerrar sus causas.
Attestor y la estrategia de comprar deuda en crisis
Attestor Master Value Fund LP pertenece a Attestor Capital, una firma de inversión con sede en Londres fundada en 2002 y especializada en la adquisición de activos considerados «distressed», es decir, aquellos vinculados a empresas o países con dificultades financieras.
El modelo de este tipo de fondos consiste en comprar bonos o créditos a precios muy inferiores a su valor original cuando el mercado considera poco probable su recuperación. Luego buscan obtener ganancias mediante procesos de reestructuración, negociaciones o reclamos judiciales.
En el caso argentino, Attestor adquirió títulos públicos que habían quedado fuera de los distintos canjes posteriores al default y reclamó el pago completo de esos bonos ante tribunales de Nueva York.
A diferencia de otros fondos que protagonizaron grandes disputas públicas durante la década pasada, Attestor mantuvo una estrategia de bajo perfil mediático, aunque con una presencia constante en la Justicia estadounidense.
El fondo terminó formando parte del grupo de acreedores beneficiados por resoluciones de la jueza federal Loretta Preska, quien tomó intervención en varias causas relacionadas con la deuda argentina.
Bainbridge y los reclamos por activos argentinos
Bainbridge Fund Ltd. también se especializó en deuda soberana en default y apareció en distintos expedientes relacionados con intentos de localizar activos argentinos en el exterior para garantizar el cobro de sus reclamos.
Al igual que Attestor, rechazó las propuestas de reestructuración impulsadas por Argentina y continuó con sus demandas judiciales para exigir el pago total de los bonos adquiridos.
Aunque no tuvo la notoriedad internacional de fondos como NML Capital o Aurelius, siguió una estrategia similar: comprar deuda depreciada y recurrir a los tribunales estadounidenses para obtener fallos favorables.
Una disputa que atravesó nueve presidencias
La historia de estos litigios comenzó con el default anunciado por Adolfo Rodríguez Saá a fines de 2001, luego de una profunda crisis política y económica que derivó en una sucesión presidencial acelerada.
Tras la renuncia de Fernando de la Rúa, asumió de manera interina Ramón Puerta durante 24 horas. Luego llegó Rodríguez Saá, quien el 23 de diciembre de 2001 anunció la suspensión de pagos de la deuda pública argentina, considerada en ese momento la mayor cesación de pagos soberana de la historia.
Después de su salida, Eduardo Camaño ocupó transitoriamente la presidencia hasta que la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde para conducir la transición hacia las elecciones de 2003.
Posteriormente gobernaron Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, quienes enfrentaron distintas etapas de las consecuencias financieras, judiciales y políticas derivadas del default.
El origen del término «fondos buitre»
La expresión «fondos buitre» se popularizó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para referirse a fondos de inversión que compraban deuda argentina en cesación de pagos a valores reducidos y luego reclamaban judicialmente el pago del capital más intereses.
Desde la perspectiva de esos fondos, su accionar consiste en ejercer derechos establecidos en los contratos de los bonos y exigir que los Estados cumplan con sus compromisos financieros.
El término no representa una categoría jurídica, sino una denominación política y periodística utilizada para describir este tipo de estrategias de inversión.
Con el cambio de gobierno en diciembre de 2023, la administración de Javier Milei avanzó en negociaciones para cerrar los procesos que permanecían abiertos. Los acuerdos con Attestor y Bainbridge pusieron fin a algunos de los últimos litigios relacionados con la deuda del default de 2001.
Así, una disputa que atravesó más de veinte años de historia argentina comenzó a llegar a su cierre definitivo en los tribunales estadounidenses.
