El Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un financiamiento de USD 1.900 millones, destinado a respaldar un programa de reformas económicas y enfrentar la profunda crisis macroeconómica que atraviesa el país.
El entendimiento contempla un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo. Según informó el organismo, el objetivo será recuperar la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas y fortalecer los mecanismos de protección social.
El ministro de Economía boliviano, José Gabriel Espinoza, señaló que el plan fue diseñado para avanzar en la estabilización fiscal y monetaria, mejorar la competitividad y recuperar la confianza de los actores económicos.
El acuerdo todavía no implica la disponibilidad inmediata de los fondos. Su aplicación está sujeta a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, al cumplimiento de las acciones previas acordadas y al respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En caso de superar esas instancias, se tratará del primer programa plurianual firmado por Bolivia con el organismo desde 2006, luego de casi dos décadas de relaciones distantes.
Las condiciones del acuerdo entre Bolivia y el FMI
El programa se estructurará mediante el Servicio Ampliado del Fondo, un mecanismo destinado a países que enfrentan problemas persistentes en su balanza de pagos y necesitan aplicar reformas económicas durante un período prolongado.
Indicador Detalle Monto total USD 1.900 millones Duración 36 meses, equivalentes a tres años Período de gracia Cuatro años y medio Tasa de interés Entre 4% y 4,5%, con variaciones vinculadas al Derecho Especial de Giro Mecanismo financiero Servicio Ampliado del Fondo Aprobaciones pendientes Directorio ejecutivo del FMI y Asamblea Legislativa de Bolivia Financiamiento adicional esperado Paquete superior a USD 5.000 millonesEspinoza indicó que el crédito tendrá un período de gracia de cuatro años y medio y una tasa estimada de entre 4% y 4,5%, sujeta a las variaciones del Derecho Especial de Giro.
Además del alivio financiero directo, el Gobierno espera que el respaldo del FMI facilite la llegada de créditos adicionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos.
La misión técnica encabezada por Joana Pereira calculó que esos recursos podrían integrar un paquete de financiamiento superior a USD 5.000 millones durante la vigencia del programa.
Una crisis marcada por la inflación y la falta de dólares
La decisión de acudir al organismo internacional responde a un escenario económico complejo, atravesado por déficits fiscales persistentes, una reducción de la producción de hidrocarburos, escasez de dólares, elevada inflación y distorsiones en los mercados cambiarios y de productos.
El FMI advirtió que esos desequilibrios limitaron la actividad económica, aumentaron las vulnerabilidades externas y deterioraron los ingresos reales de la población boliviana.
Las reservas internacionales del país cayeron un 77% durante la última década, mientras que el presupuesto estatal proyectó un crecimiento nulo del Producto Interno Bruto para este año. Las estimaciones del Fondo, además, ubicaron la inflación anual cerca del 20%.
La flexibilización del tipo de cambio también generó nuevas presiones. La moneda boliviana acumuló una devaluación superior al 20%, por lo que el ingreso de divisas será utilizado para fortalecer las reservas, reducir la volatilidad cambiaria y facilitar las importaciones.
El déficit fiscal constituye otro de los principales desafíos. El Gobierno proyectó reducirlo hasta aproximadamente el 9% del PIB durante el presente año, tres puntos porcentuales por debajo del resultado registrado al cierre de 2025.
Las reformas y las dudas sobre la implementación
El programa contempla medidas para racionalizar el gasto, mejorar la recaudación, fortalecer la transparencia fiscal y modernizar los sistemas monetario y cambiario. También incluye reformas destinadas a reforzar la supervisión financiera, la autonomía operativa del Banco Central y los mecanismos de resolución bancaria.
El FMI sostuvo que la reducción de los desequilibrios deberá estar acompañada por un incremento de los recursos destinados a la protección social, con el objetivo de evitar que el ajuste recaiga sobre los hogares de menores ingresos.
El economista Gonzalo Chávez consideró que el acuerdo puede mejorar las expectativas, brindar tranquilidad al mercado y contribuir a estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, advirtió que todavía deben conocerse el cronograma de desembolsos, las condiciones definitivas y el destino específico del financiamiento.
Chávez planteó que una parte de los recursos podría utilizarse para fortalecer un fondo de estabilización macroeconómica en el Banco Central y respaldar inversiones públicas y privadas. También alertó que destinar el dinero únicamente al pago de combustibles constituiría un error.
Por su parte, el Ejecutivo defendió que el pacto representa un «reconocimiento al rumbo económico» y aseguró que permitirá reconstruir las reservas, reducir las vulnerabilidades fiscales y proteger a los sectores más expuestos.
La concreción del acuerdo dependerá ahora del respaldo político y del cumplimiento de los compromisos establecidos, en un contexto de tensiones sociales y cuestionamientos sobre el costo que tendrán las reformas previstas durante los próximos tres años.
