La diputada nacional Marcela Pagano, integrante del bloque Coherencia, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el manejo de fondos vinculados al Sistema Vial Integrado (SisVial) y determine si existió una distribución discrecional de recursos hacia provincias cuyos legisladores acompañaron, se abstuvieron o estuvieron ausentes en votaciones de interés para el Gobierno nacional.

El planteo se basa en un análisis realizado sobre 38 fechas de votación a lo largo de 29 meses. Según la presentación, al tomar como ventana temporal la jornada anterior a una sesión, el propio día de la votación y el posterior, se observa una concentración significativa de pagos del fondo vial.

Pagano sostiene que, sobre $210.983 millones distribuidos entre 13 provincias, $68.042 millones fueron girados durante esas ventanas de tres días. Si el período se amplía a tres jornadas anteriores y posteriores a cada sesión, el monto señalado en la denuncia asciende a $94.929 millones, equivalente al 45% de los desembolsos analizados.

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Franco Picardi. El planteo solicita investigar, entre otras cuestiones, posibles irregularidades en el destino y la liberación de los recursos, así como la documentación correspondiente a las obras que habrían dado origen a los pagos.

Los pagos que Pagano vinculó con votaciones clave

En una publicación en la red social X, Pagano afirmó: “Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: los aliados recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima…”.

La legisladora sostuvo que Milei “manoteó” “el dinero de la caja que surge del impuesto al combustible”. Luego agregó: “Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que votaban leyes usando como cajero el Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo…”.

Pagano también afirmó que los desembolsos aumentaron de manera sustancial alrededor de determinadas sesiones. “Presionan hasta último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan los fondos…”, señaló.

El fideicomiso vinculado al SisVial fue creado dentro del esquema del Sistema de Infraestructura de Transporte y cuenta con recursos provenientes de impuestos sobre los combustibles. El Banco de la Nación Argentina actúa como fiduciario y las normas contemplan transferencias vinculadas con certificaciones y obras aprobadas por los organismos competentes.

Entre los casos enumerados por Pagano aparecen desembolsos asociados temporalmente con debates de fuerte interés político para el oficialismo. Según la legisladora, alrededor de la reforma laboral fueron girados $17.139 millones; durante el tratamiento de la Ley de Glaciares, $12.551 millones; y en las jornadas vinculadas con la denominada ley hojarasca y el régimen de zonas frías, $14.096 millones. Los tres importes mencionados suman $43.786 millones.

La diputada también incorporó operaciones correspondientes a 2024 y 2025. Señaló $11.275 millones alrededor de la Ley Bases, $6.596 millones vinculados temporalmente con el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, $7.895 millones en torno al tratamiento de Ficha Limpia y $20.983 millones cerca de los debates relacionados con vetos sobre jubilaciones y emergencia en discapacidad. Esas coincidencias temporales constituyen uno de los elementos que pidió analizar judicialmente.

Jujuy, Misiones y otras provincias bajo análisis

La presentación identifica a Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz y Salta entre las jurisdicciones que habrían recibido desembolsos en períodos próximos a determinadas votaciones. También aparecen mencionadas otras provincias dentro del universo general de transferencias examinado por la diputada.

En el caso de Jujuy, Pagano indicó que se abonaron $11.987 millones vinculados con obras sobre la Ruta Nacional 34 y sostuvo que el 97,5% de esos pagos se produjo durante jornadas relacionadas con votaciones.

Para Tucumán mencionó $2.322 millones canalizados a través de la estructura vial provincial durante períodos coincidentes con tres debates legislativos. En Misiones señaló desembolsos vinculados con obras sobre la Ruta Nacional 105 y un total de $13.493 millones durante el período analizado.

La denuncia también menciona $2.104 millones para Santa Cruz en un único desembolso durante los primeros cinco meses de 2026 y $1.787 millones para Salta en jornadas próximas a debates parlamentarios.

Pagano sostiene que las coincidencias entre fechas de pagos y comportamiento legislativo justifican una investigación sobre eventuales delitos contra la administración pública. La existencia de esas transferencias y su proximidad temporal con sesiones no prueba por sí sola que hayan constituido pagos por votos; esa relación causal es precisamente uno de los aspectos que la presentación pretende que determine la Justicia.

Otra denuncia por más de $1 billón del SisVial

En paralelo, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, presentó otra denuncia penal relacionada con la administración de recursos del SisVial. La legisladora cuestionó que fondos con destino específico permanecieran colocados en instrumentos financieros o sin ser aplicados a obras viales.

De acuerdo con los datos incluidos en esa presentación, al 31 de mayo de 2026 había más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras y otros $37.761 millones en una cuenta corriente. Tolosa Paz sostuvo que el monto total involucrado superaba los $1,038 billones.

La diputada afirmó además que se habían aplicado $394.406 millones al destino específico del sistema y calculó una subejecución del 73,8%. Su denuncia apunta a determinar si la administración de esos recursos pudo configurar malversación u otros delitos vinculados con el manejo de fondos públicos.

Sobre la naturaleza del fondo, Pagano manifestó: “Esto no es coparticipación, es un fondo fiduciario creado en 2001 que se alimenta de un impuesto que se paga cada vez que alguien carga combustible. El único objetivo de ese fondo es la distribución inmediata para el trazado vial, para mantenimiento de las rutas”.

Luego añadió: “No se pueden guardar medio año los fondos y liberarlos cuando le parece al Gobierno, como hizo en 2024 al retenerlos. Hay un plazo: 60 días para transferir la plata contra certificado de obra. Por otro lado, ¿Qué es lo que hace que los días de las votaciones en el Congreso se giren 400% más? Hay que ver si con estos fondos no están, además, ejecutando el pago de dádivas”.

Entre las figuras penales mencionadas en la presentación aparecen malversación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de la hipótesis de eventuales dádivas. Pagano también pidió acceder a certificaciones de obras, fechas de aprobación, órdenes de pago y responsables de autorizar los desembolsos.

El fideicomiso sobre el que se apoya el SisVial tiene origen en el Decreto 976/2001 y fue posteriormente modificado por distintas normas. La regulación vigente a lo largo del tiempo estableció mecanismos específicos de afectación y distribución de recursos para infraestructura de transporte y obras viales.

La Justicia deberá determinar ahora si las coincidencias detectadas por las diputadas responden a mecanismos regulares de ejecución presupuestaria o si existieron irregularidades en la administración y distribución del dinero. Las denuncias abren una investigación sobre el manejo de recursos millonarios provenientes del sistema de infraestructura vial y su relación temporal con decisiones políticas adoptadas en el Congreso.