El tratamiento en la Cámara de Diputados de la Ley de Inocencia Fiscal II abre una nueva instancia para modificar el dictamen elaborado en comisión y revisar particularmente el régimen de sanciones por incumplimientos formales.
La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), junto con especialistas tributarios, impulsa una propuesta basada en gradualismo, capacidad contributiva y mecanismos previos de regularización, con el objetivo de reducir el impacto de multas consideradas desproporcionadas.
La Cámara baja se encamina a debatir las modificaciones luego de la emisión del dictamen correspondiente al Expediente 0006-PE-2026 por parte de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal.
El oficialismo busca avanzar con el tratamiento parlamentario, mientras que representantes profesionales y del sector productivo consideran que el texto todavía puede ser perfeccionado antes de su aprobación definitiva.
El debate por los nuevos montos de las multas
Con la sanción de la Ley 27.799, las penalidades por infracciones formales y presentaciones fuera de término en el Impuesto a las Ganancias fueron actualizadas a $220.000 para personas humanas y $440.000 para personas jurídicas.
Los valores anteriores, establecidos en $200 y $400 desde 2003, habían quedado prácticamente neutralizados por el paso del tiempo. Sin embargo, desde el sector profesional cuestionan que la actualización aplicada haya superado determinados parámetros de inflación acumulada y variación del tipo de cambio oficial utilizados como referencia.
En algunos regímenes informativos, las sanciones pueden alcanzar los $10 millones, una situación que, según los especialistas, puede generar un impacto significativo sobre pequeñas y medianas empresas cuando se trata de incumplimientos puramente administrativos.
La propuesta de FAGCE para introducir gradualismo
La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas solicitó durante el tratamiento en comisión la unificación de diferentes iniciativas destinadas a reducir las multas y propuso incorporar un esquema que contemple la dimensión económica de cada contribuyente.
Uno de los principales puntos consiste en incorporar un «Recordatorio Obligatorio» previo a la aplicación de sanciones automáticas.
La propuesta contempla incorporar el artículo 49 bis a la Ley 11.683 para establecer que, antes de iniciar un sumario automático por los artículos 38 o 39, ARCA deba enviar una notificación electrónica fehaciente al contribuyente.
A partir de esa comunicación, el contribuyente tendría 15 días para subsanar el incumplimiento formal sin recibir una penalidad. La regularización dentro de ese período permitiría la liberación total de la sanción.
Si transcurrido ese plazo no se corrige la situación, FAGCE propone aplicar una escala de reducciones vinculada con la capacidad contributiva.
El esquema prevé una reducción del 80% para Pequeños Contribuyentes, Microempresas y entidades sin fines de lucro, entre ellas asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales.
También establece una reducción del 60% para Pequeñas empresas, del 40% para Medianas – Tramo I y del 25% para Medianas – Tramo II.
Evaluar cada caso antes de sancionar
Otro de los cambios impulsados consiste en obligar a la autoridad fiscal a analizar las circunstancias particulares antes de determinar una sanción.
La iniciativa propone que el juez administrativo considere la conducta histórica del contribuyente, sus ingresos brutos, la cantidad de empleados, el elemento subjetivo de la infracción y el daño efectivamente ocasionado al interés fiscal.
El objetivo es limitar la aplicación automática de penalidades y diferenciar los incumplimientos administrativos de aquellas conductas que generan un perjuicio fiscal efectivo.
Desde FAGCE sostienen que incorporar estos mecanismos permitiría resguardar a los contribuyentes sin limitar las facultades de fiscalización del Estado.
La definición quedará ahora en manos de la Cámara de Diputados, que tendrá la posibilidad de modificar el dictamen durante el tratamiento en el recinto e incorporar un esquema de sanciones más gradual y vinculado con la capacidad económica de cada contribuyente.
