El Gobierno nacional ultima los detalles de una reforma del mercado de capitales y apunta a enviar el proyecto a la Cámara de Diputados durante septiembre, antes de que el tratamiento del Presupuesto 2027 concentre buena parte de la agenda legislativa.

Los equipos técnicos todavía trabajan sobre la redacción definitiva y la intención del Ejecutivo es remitir la iniciativa al Congreso una vez superada la sesión prevista para este miércoles.

La agenda inmediata del oficialismo está enfocada en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el acuerdo Mercosur-Singapur y la reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca.

Una vez concluida esa instancia, la Casa Rosada pretende colocar al mercado de capitales entre las prioridades de Diputados para septiembre. Si el calendario parlamentario no permite tratarlo antes del Presupuesto, ambas iniciativas podrían avanzar en paralelo.

Una reforma amplia de la Ley de Mercado de Capitales

La decisión forma parte del reordenamiento de la agenda del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, definido por la mesa política luego de las tensiones generadas por otras reformas impulsadas desde su área.

El proyecto integra el paquete financiero anunciado por Javier Milei a fines de julio, junto con la reforma del Banco Central, el denominado grillete fiscal y modificaciones vinculadas al sector asegurador.

El objetivo planteado por el Ejecutivo es aumentar la profundidad del sistema financiero, facilitar el acceso de las empresas al crédito y generar nuevos canales para transformar el ahorro privado en inversión.

El borrador elaborado por Desregulación contempla una reforma de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y modificaciones complementarias sobre financiamiento productivo, financiamiento colectivo, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables y derivados.

Entre los principios incluidos aparecen la simplificación de trámites, una mayor participación de las PyMEs, la incorporación de nuevas tecnologías y una integración más amplia entre los mercados.

Tokenización y menos trámites para la oferta pública

Uno de los capítulos centrales busca ampliar el marco legal para la representación digital de valores negociables.

La iniciativa contempla que acciones, obligaciones negociables y otros instrumentos puedan emitirse, registrarse, transferirse y negociarse mediante tecnologías de registros distribuidos, además de habilitar ámbitos digitales autorizados para operar valores tokenizados.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) quedaría como autoridad de aplicación y supervisión sobre esos instrumentos.

Otro de los cambios apunta a simplificar los procedimientos de oferta pública. El proyecto permitiría a la CNV establecer regímenes de autorización automática según el tipo de emisor, instrumento, monto de la operación o perfil de los inversores involucrados.

Para aquellos casos que requieran una aprobación expresa, se establecerían plazos para que el organismo tome una decisión y mecanismos por los cuales la autorización podría considerarse concedida ante la falta de una definición dentro de los términos previstos.

Protección de activos y nuevos instrumentos de financiamiento

El borrador también pretende reforzar la separación entre el patrimonio de los agentes financieros y los activos pertenecientes a sus clientes.

Los fondos, valores negociables y activos virtuales administrados por agentes registrados deberían mantenerse en cuentas diferenciadas y no podrían utilizarse para operaciones propias. Tampoco integrarían el patrimonio sujeto a una eventual quiebra del intermediario.

La reforma contempla además ampliar la negociación digital de facturas de crédito, cheques, pagarés, warrants y otros instrumentos comerciales.

En determinados casos se habilitarían plataformas en las que las partes podrían negociar directamente sin la intervención obligatoria de un agente registrado ante la CNV. Estos sistemas, sin embargo, deberían inscribirse ante el Banco Central y cumplir requisitos patrimoniales, operativos y de prevención del lavado de activos.

El proyecto alcanza también al financiamiento colectivo, que el Ejecutivo busca fortalecer como alternativa para empresas y emprendimientos que necesitan obtener capital.

La propuesta contempla proyectos financiados mediante deuda o participación en el capital y habilita que mercados y determinados agentes registrados funcionen como operadores de estas plataformas, bajo un régimen simplificado definido por la CNV.

También se prevén modificaciones sobre fondos comunes de inversión y obligaciones negociables. Entre ellas aparecen representaciones digitales de cuotapartes, una ampliación de los activos permitidos para determinados fondos y la posibilidad de incorporar activos virtuales bajo regulación de la CNV.

En materia de obligaciones negociables, el texto refuerza la posibilidad de denominarlas en moneda extranjera, unidades de valor o índices y establece disposiciones específicas para emisiones cuyo pago haya sido acordado en divisas.

La Casa Rosada vincula esta iniciativa con una estrategia más amplia para incorporar ahorro privado al sistema financiero, aunque la reforma del mercado de capitales constituye un proyecto separado de Inocencia Fiscal.

La intención oficial es que las modificaciones tributarias otorguen mayores garantías para formalizar fondos y que, posteriormente, el nuevo esquema del mercado de capitales amplíe las alternativas para canalizarlos hacia empresas, fondos, fideicomisos y otros vehículos de inversión.

La redacción final todavía puede sufrir modificaciones. El anteproyecto original elaborado por Desregulación incluía reformas sobre numerosos sectores, pero la mesa política resolvió dividirlo para evitar que las objeciones sobre un capítulo impidan avanzar con el resto.

Mercado de capitales quedó establecido como la primera prioridad, mientras que las reformas vinculadas con seguros, corretaje inmobiliario, cabotaje, farmacias, libros y otras actividades continuarán con sus propios procesos de revisión y negociación.

La próxima definición se producirá después de la sesión del miércoles. Si el Gobierno logra completar esa etapa legislativa, buscará enviar la reforma del mercado de capitales y comenzar su tratamiento durante septiembre, con la intención de avanzar antes del debate central por el Presupuesto 2027.