El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno sumará un nuevo capítulo esta semana. Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto, en reclamo por la situación salarial y la falta de financiamiento para las casas de estudio.
La medida fue confirmada por distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se desarrolla en medio de la disputa política y judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial, pero su implementación continúa siendo cuestionada por los gremios y autoridades universitarias, que aseguran que los recursos previstos todavía no llegaron de manera efectiva.
El reclamo por los fondos universitarios
Desde la Universidad de Buenos Aires también advirtieron por la situación presupuestaria. El director del Ciclo Básico Común (CBC), Felipe Vega Terra, sostuvo que las universidades siguen sin recibir los fondos contemplados en la ley.
Según explicó, pese a la existencia de fallos judiciales vinculados con el cumplimiento de la norma, las transferencias presupuestarias aún no se habrían concretado.
La situación afecta tanto a los gastos de funcionamiento de las instituciones como a las partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles.
Desde el ámbito universitario remarcan además que la ley recibió nuevamente respaldo de amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso después del veto del Poder Ejecutivo, por lo que consideran que existe una obligación legal de avanzar con su aplicación.
La pérdida salarial, uno de los principales reclamos
Otro de los ejes centrales del conflicto es el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.
Vega Terra sostuvo que los aumentos otorgados en los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y cuestionó que las actualizaciones salariales fueran definidas de manera unilateral, sin una negociación paritaria formal.
De acuerdo con sus estimaciones, los docentes universitarios acumulan una pérdida cercana a un tercio de su poder de compra desde diciembre de 2023.
Para recuperar el nivel salarial de aquel momento, señaló, sería necesario un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales.
El impacto resulta especialmente fuerte en los cargos de menor dedicación, cuyos ingresos se encuentran más alejados de los costos de vida actuales.
Incluso los docentes con dedicación exclusiva, que perciben los salarios más elevados dentro de la estructura universitaria, enfrentan dificultades para acompañar el aumento sostenido de los precios.
Preocupación por la salida de profesionales
Las universidades también advierten sobre otra consecuencia del conflicto: la salida de docentes e investigadores altamente calificados del sistema público.
Las instituciones cuentan con profesionales que poseen títulos de maestría, doctorado y posdoctorado, además de especialistas reconocidos en distintas áreas del conocimiento.
Sin embargo, las diferencias salariales con el sector privado y con universidades del exterior estarían generando una migración de recursos humanos que preocupa a las autoridades académicas.
Desde el sector sostienen que la pérdida de esos perfiles no impacta únicamente en la calidad educativa, sino también en la producción científica y tecnológica desarrollada dentro de las universidades nacionales.
Un conflicto que suma presión
La convocatoria al paro coincide con una nueva etapa de discusión en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Días atrás, una audiencia judicial volvió a colocar el foco sobre el cumplimiento de la norma, mientras los gremios sostienen que el Gobierno busca demorar su implementación.
En este contexto, el frente sindical universitario mantiene abiertas las conversaciones para coordinar nuevas medidas de fuerza y no descarta profundizar el plan de lucha si no obtiene respuestas concretas.
Los gremios reclaman una recomposición salarial, mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento efectivo de la ley aprobada por el Congreso.
Con el paro previsto para el 27 y 28 de agosto, el conflicto universitario vuelve a instalarse en el centro de la discusión pública y suma presión sobre un sistema que denuncia dificultades presupuestarias, pérdida salarial y problemas crecientes para retener a sus profesionales.
