La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la causa que investigaba el préstamo de USD 57.100 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y rechazó el pedido del fiscal Franco Picardi para reabrir el expediente.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi concluyeron que, después de más de cinco años de investigación, no se logró acreditar la existencia de los delitos denunciados. La causa había sido archivada en febrero por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y esa decisión fue apelada por Picardi.
Quiénes estaban alcanzados por la investigación
La causa se había iniciado en 2019 a partir de una denuncia por presunta defraudación y alcanzaba al entonces presidente Mauricio Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y a otros funcionarios que tuvieron intervención en la política económica de aquel período.
Entre ellos se encontraban Luis Caputo, entonces secretario de Finanzas y posteriormente presidente del Banco Central, y Federico Sturzenegger, quien en ese momento estaba al frente del BCRA.
Los camaristas sostuvieron que las decisiones de política pública no pueden ser revisadas penalmente por el solo hecho de ser consideradas inconvenientes o perjudiciales, salvo que existan elementos concretos que permitan acreditar la comisión de un delito.
En ese sentido, el tribunal señaló que el acuerdo con el FMI fue negociado en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y que no surgieron pruebas suficientes para afirmar que los funcionarios hubieran actuado deliberadamente con la intención de violar la ley.
Los cuestionamientos administrativos que estaban bajo análisis
Uno de los ejes centrales de la denuncia estaba relacionado con el supuesto incumplimiento de distintos procedimientos administrativos durante la negociación y aprobación del crédito.
Entre los puntos cuestionados figuraban la ausencia de un decreto presidencial para formalizar el acuerdo, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la participación del entonces Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas y la ausencia de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos.
También se cuestionó la apertura tardía de algunos expedientes administrativos vinculados con la operación.
El fiscal Franco Picardi había planteado además que todavía restaban medidas de prueba antes de cerrar el expediente. Entre ellas, mencionó la posibilidad de profundizar el análisis sobre la trazabilidad de los desembolsos y eventuales vínculos entre funcionarios y operadores que pudieran haberse beneficiado con la salida de divisas.
Sin embargo, la Cámara consideró que la investigación había sido suficientemente extensa y que durante más de cinco años se habían incorporado elementos suficientes para evaluar la existencia o no de conductas delictivas.
Los informes incorporados a la causa
Durante la investigación se incorporaron informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios, información vinculada con la formación de activos externos y documentación relacionada con el acuerdo firmado con el organismo internacional.
Llorens y Bertuzzi también analizaron el argumento utilizado para sostener una posible administración fraudulenta.
La SIGEN había estimado en USD 29.618 millones el perjuicio patrimonial provocado al Estado. Para los camaristas, esa cifra por sí sola no permite demostrar que los funcionarios hubieran utilizado conscientemente recursos públicos sabiendo que la operación resultaría ruinosa.
Tampoco, según el fallo, se acreditó que hubiera existido una sustracción de fondos en beneficio personal o de terceros.
La Cámara también aplicó la doctrina de la Corte Suprema sobre aquellas decisiones que corresponden a otros poderes del Estado y que, en principio, quedan fuera del control judicial.
Los jueces aclararon que esa protección deja de operar cuando una política pública funciona como cobertura para obtener beneficios personales. Sin embargo, consideraron que esa circunstancia tampoco pudo ser demostrada en la investigación.
Con esa resolución, la Cámara Federal confirmó el cierre del expediente y rechazó el intento de reabrir la investigación penal sobre el acuerdo alcanzado con el FMI durante la administración de Mauricio Macri.
