El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°3 dispuso el procesamiento de Orlando Eduardo Canido y de Refres Now, empresa propietaria de la marca de gaseosas Manaos, por presunta evasión tributaria simple vinculada con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020.
La resolución también ordenó embargos por $250 millones sobre los bienes de cada imputado. La defensa del empresario y de la compañía apeló el fallo y pidió que se revoque el procesamiento, mientras desde la firma sostienen que la obligación fiscal fue cancelada y denuncian una “persecución”.

La operación de $400 millones que quedó bajo sospecha
El expediente se originó a partir de una diferencia detectada dentro de un crédito registrado por Refres Now bajo el rubro “otras cuentas por pagar”. ARCA cuestionó una parte de una operación por $650 millones que la empresa atribuyó a un préstamo realizado por Norberto Ernesto Canido, accionista de la compañía.
Según el planteo del organismo recaudador, existían elementos documentales suficientes para justificar $150 millones, pero otros $400 millones no contaban con respaldo adecuado.
Ese monto derivó, según la documentación incorporada por la defensa, en una determinación cercana a $132 millones por Impuesto a las Ganancias presuntamente omitido. La acusación penal que continuó dentro del expediente quedó concentrada en ese punto y en el ejercicio fiscal 2020.
ARCA interpretó que ese tramo del pasivo no había sido acreditado y lo consideró un pasivo simulado, aplicando el criterio de incremento patrimonial no justificado.
La versión de la empresa sostiene que los $400 millones provinieron de un préstamo que Lorenzo Pizzo le realizó a Norberto Ernesto Canido y que, a su vez, Pizzo había obtenido el dinero de un tercero.
El organismo fiscal cuestionó esa explicación al considerar que Pizzo no tenía capacidad económica demostrada para otorgar esa suma en enero de 2020. Además, señaló que no detectó movimientos bancarios en las cuentas de la compañía ni de Canido que permitieran reconstruir el recorrido de los fondos.
La defensa sostuvo que el dinero ingresó en efectivo a la empresa y que Refres Now devolvió el préstamo en diciembre de 2020, también en efectivo. Para ARCA, la falta de comprobantes bancarios y documentación adicional impidió acreditar el origen de los $400 millones.

La defensa apeló y cuestionó la existencia de dolo
La apelación fue presentada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 7 de julio. La defensa pidió la revocación del procesamiento y de los embargos y, de manera subsidiaria, solicitó que se declare extinguida la acción penal o se dicte el sobreseimiento.
Uno de los argumentos centrales es que una determinación administrativa de deuda no sería suficiente, por sí sola, para acreditar un delito penal. La defensa cuestionó que se hubiera probado una conducta deliberada destinada a ocultar materia imponible.
También planteó que una diferencia sobre el tratamiento tributario de una operación o la impugnación de un pasivo no implicaban necesariamente intención de evadir y sostuvo que la empresa explicó el origen de los fondos, presentó documentación y canceló la obligación determinada por ARCA.
Respecto de Orlando Canido, el recurso cuestionó que el procesamiento se apoyara en su condición de presidente de la sociedad durante el período investigado. Según la defensa, la resolución no precisó qué decisión personal tomó, qué instrucciones impartió o cuál habría sido su intervención concreta en la confección de las declaraciones juradas cuestionadas.
Ernesto Danti, auditor externo de Refres Now, sostuvo que la empresa presentó documentación sobre la operación y que el conflicto se originó porque los fondos circularon en efectivo. “Que usted me diga: ‘Le cobro el impuesto a los débitos y créditos’, se lo acepto. Pero que me diga que estoy inventando un pasivo, no se lo acepto”.
Danti también describió la postura atribuida al organismo fiscal: “Como fue en efectivo, niego que haya existido y sostengo que es un pasivo inventado, fraguado”.
El formulario 3200 y otro eje de la apelación
La defensa incorporó además un cuestionamiento relacionado con el artículo 16 del Régimen Penal Tributario y con el formulario 3200. Según el planteo, ARCA debía informar al contribuyente sobre la posibilidad de acceder a un mecanismo que podía evitar la denuncia penal si aceptaba el ajuste y cumplía determinadas condiciones.
La apelación sostiene que Refres Now no fue notificada de esa alternativa respecto de la orden de intervención correspondiente al período fiscal 2020.
Danti calificó ese punto como central dentro del recurso y afirmó: “Nunca se lo ofrecieron”. Según su postura, si ARCA hubiera brindado esa opción y la empresa hubiese aceptado el ajuste, el organismo no habría podido impulsar la denuncia penal.
La defensa también indicó que Refres Now canceló el ajuste determinado por el organismo. Danti aseguró que la compañía pagó entre $600 millones y $700 millones por ajustes de los períodos 2018 y 2020, aunque aclaró que brindaba esa cifra de memoria. “Está totalmente cancelado”.
El procesamiento también incluyó un embargo de $250 millones contra Canido y otro por el mismo monto contra Refres Now. La defensa cuestionó esas cifras al considerar que la resolución no explicó los parámetros utilizados para establecerlas.
Danti sostuvo que la medida no afectó el funcionamiento cotidiano de la compañía debido a que el procesamiento fue apelado. “No está operativo”, expresó.
El auditor afirmó además que Refres Now mantiene sus actividades de producción, distribución, ventas y cobranzas, y señaló que la firma cuenta con aproximadamente 700 empleados en relación de dependencia, una facturación cercana a los $40 mil millones mensuales y unas 20 líneas de producción.
También sostuvo que la empresa paga entre $5 mil millones y $6 mil millones mensuales en impuestos internos, IVA e Impuesto a las Ganancias y que se encuentra dentro del universo de grandes contribuyentes nacionales.
Desde la compañía cuestionaron la actuación del organismo recaudador y denunciaron una “persecución”. La apelación quedó ahora en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá resolver si confirma, modifica o revoca el procesamiento y las medidas cautelares dispuestas contra Canido y Refres Now.
La Justicia federal procesó a Orlando Eduardo Canido, dueño de Manaos, y a su empresa Refres Now por presunta evasión tributaria vinculada con Ganancias de 2020. ARCA cuestionó un pasivo de $400 millones sin respaldo suficiente y el juzgado ordenó embargos por $250 millones para cada imputado. La defensa apeló y sostiene que la deuda fue cancelada.
$400 millones en efectivo, un préstamo discutido, una gaseosa conocida en todo el país y un expediente donde hasta el vuelto necesita peritaje. La Justicia procesó al dueño de Manaos y a Refres Now por una presunta evasión tributaria vinculada con el Impuesto a las Ganancias de 2020.
ARCA sostiene que una parte de un préstamo por $650 millones no tuvo respaldo suficiente y terminó funcionando, fiscalmente hablando, como un pasivo con más misterio que una heladera de almacén después de las diez de la noche. La empresa responde que la plata existió, que entró y salió en efectivo y que el problema empezó porque los billetes no dejaron miguitas digitales en el sistema bancario.
El corazón del expediente son $400 millones que, según la acusación, no pudieron justificarse documentalmente. La defensa asegura que provinieron de un préstamo entre particulares y que Refres Now presentó recibos, mientras ARCA contestó con la versión tributaria del “mostrame el comprobante” que todo argentino conoce desde que intentó cambiar una licuadora sin ticket.
La discusión ya tiene embargo, apelación, cuestionamientos al dolo, formularios que supuestamente no fueron ofrecidos y una pelea sobre si pagar después alcanza para apagar el incendio penal. En otras palabras, el Estado y una empresa discuten si hubo evasión, error, defecto administrativo o una combinación de las tres cosas dentro de ese género nacional donde una causa puede necesitar más anexos que una licitación de fotocopiadoras.
La defensa afirma que el ajuste fue cancelado y denuncia una “persecución”, mientras la Cámara Federal de San Martín deberá revisar el procesamiento. Por ahora, la Justicia tiene una pregunta de $400 millones sobre la mesa y nadie parece dispuesto a pagarla en cuotas.