El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolvió que el juicio por la causa Hotesur se desarrollará de manera presencial y estableció una frecuencia de tres audiencias por semana.
La decisión fue adoptada durante la audiencia preliminar, en la que los jueces avanzaron sobre la organización de un proceso que contará con más de 40 acusados y una lista de entre 200 y 300 testigos.
En ese contexto, Cristina Kirchner deberá trasladarse a los tribunales de Comodoro Py cada vez que el tribunal determine que su presencia personal resulta necesaria.
Cuándo deberá presentarse Cristina Kirchner
La obligación alcanzará aquellas instancias procesales en las que los acusados deban intervenir personalmente, como las indagatorias.
Para el resto de las audiencias, los abogados podrán representar a sus defendidos siempre que las reglas del proceso lo permitan.
El tribunal está integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes tendrán a su cargo el desarrollo del debate.
Entre los principales acusados también se encuentran Máximo Kirchner y Lázaro Báez. El expediente incluye además a empresarios, exdirectivos, profesionales y otras personas relacionadas con distintas sociedades investigadas.
El juicio será presencial y tendrá tres audiencias semanales
La resolución del TOF 5 estableció la presencialidad como regla general para el juicio y determinó que se realizarán tres jornadas por semana.
La organización del cronograma tendrá especial relevancia debido a la magnitud del expediente, que reúne más de 40 imputados y entre 200 y 300 testigos.
Cristina Kirchner se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria por la condena dictada en la causa Vialidad. Sin embargo, esa situación no impide que deba presentarse en Comodoro Py cuando los magistrados consideren necesaria su presencia.
Qué se investiga en la causa Hotesur
El expediente analiza distintas operaciones comerciales vinculadas con las empresas Hotesur y Los Sauces, sociedades relacionadas con la familia Kirchner.
La acusación intenta determinar si determinadas relaciones comerciales mantenidas con empresas vinculadas a Lázaro Báez y el Grupo Indalo fueron utilizadas para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas.
La investigación también contempla una hipótesis relacionada con pagos de alquileres y explotación de establecimientos hoteleros.
Según la acusación, empresas relacionadas con Báez y Cristóbal López realizaron pagos a sociedades de la familia Kirchner dentro de esas operaciones comerciales.
Entre los montos analizados figuran más de $27 millones abonados entre 2009 y 2013 mediante Valle Mitre por la explotación de hoteles y más de $11 millones provenientes de empresas del Grupo Austral.
La causa también evalúa una hipótesis vinculada con el expediente Vialidad por presuntos pagos de sobornos derivados de relaciones comerciales mantenidas entre Cristina Kirchner durante sus períodos en la función pública y empresarios que contaban con contratos con el Estado.
