La Justicia de San Juan condenó este viernes a Luis Fernando Tanoni, responsable y operador de una tirolesa en Ullum, por el accidente que sufrió una adolescente de 15 años en abril de 2025. La menor cayó desde una estructura de casi ocho metros de altura y sufrió graves lesiones que requirieron una intervención quirúrgica.
Mediante un juicio abreviado, Tanoni recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación especial para desempeñarse como guía de montaña, operar tirolesas o desarrollar cualquier otra actividad de turismo aventura que implique el manejo de vidas humanas.
El acuerdo fue alcanzado entre el acusado, su defensora Andrea Román Barón y los representantes del Ministerio Público Fiscal, el ayudante fiscal Pablo Orellano y el fiscal del caso Iván Grassi.
A través de este procedimiento, Tanoni aceptó su responsabilidad por el delito que se le imputaba y la pena acordada con la Fiscalía. Posteriormente, el juez Mariano Carrera homologó el acuerdo y dictó la sentencia correspondiente.
Cómo ocurrió el accidente en la tirolesa de Ullum
El hecho ocurrió el 27 de abril de 2025, aproximadamente a las 16:40, en el parador turístico “Parque del Sol, Aventura y Trekking”, ubicado sobre la Ruta Provincial 60, aguas abajo de la Presa Quebrada de Ullum.
El establecimiento era explotado por Tanoni, quien contaba con un permiso precario otorgado por la Dirección de Recursos Energéticos para desarrollar actividades turísticas, deportivas y recreativas en el lugar.
Según la investigación judicial, el condenado fue quien colocó el equipamiento de seguridad a la adolescente, identificada mediante las iniciales M.O.A., que había concurrido al establecimiento acompañada por su padre.
La menor se encontraba preparada para realizar un recorrido de aproximadamente 160 metros de longitud, cuyo punto de partida estaba ubicado en una torre de unos 7,8 metros de altura.
Sin embargo, apenas había avanzado alrededor de dos metros cuando se produjo una falla en el sistema de sujeción que provocó que se desprendiera y cayera al vacío.
Durante la caída, la adolescente impactó primero contra la luneta de un Fiat Palio que estaba estacionado al pie de la torre. Posteriormente, golpeó contra el suelo.
Como consecuencia del accidente, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC), una fractura desplazada del fémur izquierdo y múltiples traumatismos.
Las lesiones requirieron una intervención quirúrgica y demandaron más de 40 días de curación e incapacidad. Por estas características, fueron consideradas graves en el marco de la investigación judicial.
Una polea sin certificación y múltiples fallas de seguridad
Las pericias realizadas después del accidente permitieron identificar diferentes irregularidades en los elementos utilizados para operar la tirolesa y en las condiciones generales de seguridad del establecimiento.
Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el estado del mecanismo que debía mantener asegurada a la adolescente durante el recorrido.
De acuerdo con la acusación, el mosquetón utilizado no se encontraba correctamente bloqueado y la polea carecía de marcas de homologación y certificaciones de seguridad. Los investigadores también señalaron que este último elemento habría sido de fabricación casera.
Los informes elaborados por la División Siniestros de Bomberos detectaron otras deficiencias que incrementaban los riesgos asociados a la actividad.
Entre ellas, se identificó la ausencia de un sistema secundario de seguridad que permitiera evitar una caída ante una eventual falla del mecanismo principal.
Las pericias también señalaron el desgaste de los elementos utilizados, su deficiente estado de conservación y la falta de equipamiento debidamente certificado.
Estas irregularidades formaron parte de los elementos considerados por la Fiscalía para establecer las responsabilidades correspondientes por el accidente.
La investigación también reveló problemas relacionados con las habilitaciones y los controles del predio turístico.
Según el informe de Bomberos, el establecimiento tenía vencido el Certificado de Protección Contra Incendios (CPCI) y no contaba con las inspecciones anuales obligatorias exigidas por la normativa provincial.
El certificado había sido emitido el 16 de febrero de 2022, pero al momento del accidente había perdido su validez debido a la falta de los controles periódicos correspondientes.
La condena y la prohibición de operar actividades de turismo aventura
Con los resultados de las pericias, la Fiscalía sostuvo que Tanoni había incumplido el deber de cuidado que le correspondía como responsable y operador de la actividad turística.
La acusación estableció que la utilización de elementos sin homologación, las deficiencias en el sistema de sujeción y la falta de mantenimiento y controles incrementaron los riesgos propios de una actividad que requiere estrictas medidas de seguridad.
En ese contexto, el acusado y su defensa llegaron a un acuerdo de juicio abreviado con los representantes del Ministerio Público Fiscal.
El procedimiento permitió resolver judicialmente el caso mediante la aceptación de la responsabilidad penal y de la pena acordada, sin necesidad de desarrollar un juicio oral convencional.
Finalmente, el juez Mariano Carrera homologó el acuerdo y condenó a Luis Fernando Tanoni a un año de prisión de ejecución condicional.
Además, estableció una inhabilitación especial de dos años que le impide ejercer actividades de guía de montaña, operar tirolesas o desarrollar otras prácticas de turismo aventura que impliquen asumir la responsabilidad sobre la seguridad y la vida de otras personas.
La sentencia se produjo como resultado de la investigación por el accidente ocurrido en abril de 2025, cuando una adolescente sufrió lesiones graves al desprenderse del sistema de seguridad de una tirolesa en el departamento Ullum.
