La causa judicial por el Acueducto Gran Tulum entró en una etapa decisiva luego de que el Ministerio Público Fiscal notificara a 11 personas vinculadas con distintas instancias de la obra y avanzara hacia una eventual audiencia de formalización. El expediente investiga presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de una infraestructura financiada con fondos internacionales y que permanece inconclusa.
Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, se reunieron este viernes con el fiscal general Guillermo Baigorri para analizar el procedimiento y los próximos pasos de la investigación.
La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia y tiene bajo análisis diferentes aspectos del proceso de licitación, adjudicación, provisión de materiales y ejecución del Acueducto Gran Tulum.
La Fiscalía ya había avanzado durante septiembre con allanamientos vinculados a Krah América Latina, empresa proveedora de las cañerías de la obra. En ese momento, la investigación todavía se encontraba en una etapa previa a la formalización y sin personas formalmente imputadas. :chatgpt-content-reference{index=»1″}
Quiénes fueron notificados
Durante la mañana del viernes fueron notificadas 11 personas relacionadas con distintas etapas administrativas, técnicas y empresariales del proyecto.
Entre ellas se encuentra Sergio Uñac, por sus funciones como vicegobernador y posteriormente gobernador de San Juan; Julio César Ortíz Andino, ministro de Infraestructura de la Provincia entre 2015 y 2023; y Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., adjudicataria vinculada con la obra.
También fueron notificados Sergio Fabián Ruiz, expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019; Cristian Felipe Andino, expresidente del organismo entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015; Juan Carlos Caparrós, quien ocupó la presidencia entre febrero y diciembre de 2019; y Guillermo Nicolás Sirerol, titular de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023.
La nómina se completa con Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del departamento jurídico de OSSE; Juan Antonio Sánchez, funcionario de la empresa estatal vinculado a la implementación del proyecto; Francisco José Javier Correa, funcionario de OSSE y auditor técnico en ese momento; y Rolando Vicente Caruso, jefe del departamento de proyectos del organismo.
La notificación no implica por sí sola una declaración de responsabilidad penal. Será en una eventual audiencia de formalización donde la Fiscalía deberá comunicar los hechos que atribuya, la calificación jurídica correspondiente, los elementos de evidencia reunidos y el grado de participación que eventualmente adjudique a cada persona.
Una obra inconclusa y bajo investigación
El expediente gira alrededor de una obra de gran escala financiada con fondos internacionales. Según la información que integra la denuncia, la Provincia ya habría comenzado a afrontar la deuda correspondiente al financiamiento, con unos 50 millones de dólares abonados, mientras el acueducto todavía no pudo concluirse.
Uno de los puntos investigados está relacionado con las cañerías utilizadas y con cuestionamientos sobre su calidad y aptitud técnica. La empresa Krah América Latina S.A. quedó bajo análisis por su participación como proveedora de tuberías.
La denuncia también contiene planteos relacionados con presuntos sobreprecios y advertencias realizadas durante el proceso de contratación. La determinación sobre si existieron delitos y responsabilidades individuales corresponde ahora a la investigación penal y, eventualmente, a las instancias judiciales posteriores.
Otro de los ejes está vinculado con un préstamo kuwaití de 100 millones de dólares destinado a financiar una obra que continúa sin finalizarse.
El proyecto había sido presentado como una de las principales obras de infraestructura hídrica de San Juan. En abril de 2023, el entonces gobernador Uñac informó públicamente que el Acueducto Gran Tulum tenía un avance del 46% y sostuvo que estaba pensado para abastecer de agua potable a una población futura de un millón de habitantes. :chatgpt-content-reference{index=»2″}
Qué ocurrirá en la audiencia de formalización
La próxima instancia relevante será la eventual audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria ante un juez de Garantías. Allí deberán exponerse los hechos investigados, la calificación legal propuesta por los fiscales, el grado de intervención atribuido en cada caso y las principales evidencias incorporadas al expediente.
Hasta esa instancia, no corresponde equiparar a las personas notificadas con personas condenadas ni anticipar responsabilidades penales.
Una vez celebrada la audiencia, los fiscales podrán referirse públicamente a los principales aspectos de la investigación dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y preservando las medidas que todavía permanezcan bajo reserva.
Fiscalía de Estado ya anunció además su intención de presentarse como querellante con el objetivo de intervenir en el expediente y determinar si las presuntas irregularidades investigadas provocaron un perjuicio al patrimonio provincial.
