El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó los recursos extraordinarios presentados por la empresa contra la cautelar que exige mantener sus obligaciones relacionadas con la prestación del servicio, las inversiones, la calidad del agua, la salud pública y la protección ambiental. :chatgpt-content-reference{index=»2″}
La resolución constituye un nuevo revés para la compañía dentro de una disputa que comenzó cuando un juzgado de primera instancia hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo bonaerense y dictó una medida cautelar para impedir modificaciones en las condiciones del servicio durante el proceso de privatización.
Posteriormente, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó esa decisión y rechazó la apelación de AySA. Ahora, el mismo tribunal negó también la habilitación de los recursos extraordinarios con los que la compañía buscaba revisar el fallo. :chatgpt-content-reference{index=»3″}
Una cautelar que condiciona el proceso de privatización
La controversia ocurre mientras el Gobierno nacional avanza con el esquema para transferir al sector privado el 90% del capital social de AySA actualmente en manos del Estado. El 10% restante pertenece a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. :chatgpt-content-reference{index=»4″}
El eje del litigio no se limita a determinar quién quedará al frente de la compañía, sino que también alcanza las condiciones bajo las cuales se realizará el traspaso y las obligaciones que deberá mantener el futuro operador.
La cautelar vigente establece que AySA debe abstenerse de modificar, reducir, limitar, suspender o alterar los compromisos vinculados con la prestación del servicio de agua potable, la salud pública y el ambiente mientras continúa la discusión judicial. :chatgpt-content-reference{index=»5″}
La Defensoría del Pueblo bonaerense impulsó el planteo al advertir sobre los posibles efectos que podrían derivarse de cambios en las condiciones del servicio durante la privatización, entre ellos eventuales reducciones de inversiones, modificaciones en las obras y alteraciones de los estándares sanitarios y ambientales.
La Cámara ratificó el pasado 8 de septiembre la cautelar y sostuvo la necesidad de preservar las condiciones existentes mientras se analiza el fondo del conflicto. :chatgpt-content-reference{index=»6″}
Por su parte, el Gobierno sostiene que la incorporación de un operador privado con capacidad técnica y financiera permitiría ampliar la infraestructura de agua y saneamiento y mejorar la prestación.
Los recursos presentados por AySA
La empresa, encabezada por el ingeniero Alejo Maxit, presentó el 21 de septiembre recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad contra la resolución que había mantenido vigente la medida cautelar.
En su presentación, AySA invocó «gravedad institucional», cuestionó la existencia de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, y sostuvo que la medida podía afectar el interés público.
Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez analizaron los planteos y resolvieron por unanimidad que, aunque habían sido interpuestos dentro de los plazos correspondientes, no podían prosperar porque la resolución cuestionada no tenía carácter definitivo. :chatgpt-content-reference{index=»7″}
El tribunal tomó como referencia la doctrina de la Suprema Corte bonaerense, según la cual las decisiones vinculadas con medidas cautelares generalmente no habilitan recursos extraordinarios, salvo circunstancias excepcionales.
Los magistrados consideraron que en este caso no se presentaban razones suficientes para apartarse de ese criterio y resolvieron denegar la concesión de ambos recursos.
La definición pasará por la Justicia Federal
La decisión de la Cámara bonaerense no implica la anulación definitiva de la privatización de AySA. El tribunal ya había determinado que, por tratarse de una compañía de carácter federal, la discusión de fondo debía continuar ante la Justicia Federal. :chatgpt-content-reference{index=»8″}
Por ese motivo, el expediente fue remitido al Juzgado Federal N°2, Secretaría N°4, de La Plata, que deberá analizar la continuidad y el alcance de la medida cautelar.
Según lo señalado en el expediente, la ley 26.854 establece que el juez que reciba la causa deberá pronunciarse sobre la vigencia y el alcance de la cautelar dentro del plazo previsto para este tipo de procesos.
La resolución que adopte el fuero federal será determinante para definir bajo qué condiciones podrá continuar el proceso de privatización, mientras permanece vigente la obligación de sostener los estándares relacionados con el servicio de agua potable, las obras, la salud pública y la protección ambiental.
