El gobierno de Alfredo Cornejo habilitó a las distintas áreas de la Administración provincial a comenzar a tramitar contrataciones de bienes y servicios que serán afrontadas con el Presupuesto 2027, aunque estableció límites para comprometer esos recursos.
A su vez, dispuso que no podrán imputarse preventivamente nuevas obras públicas hasta que sea aprobada la pauta de gastos del próximo año. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1929, firmado por el mandatario provincial y sus ministros el 15 de septiembre y publicado este martes en el Boletín Oficial.
La norma permite utilizar como referencia el presupuesto vigente al 30 de septiembre de 2026 para iniciar procesos administrativos que tendrán impacto durante el próximo ejercicio.
La decisión se apoya en la Ley de Administración Financiera 8706, que contempla la posibilidad de comenzar desde septiembre a comprometer gastos con cargo al ejercicio siguiente en determinados casos.
Entre ellos se encuentran las compras, prestaciones y servicios cuya provisión debe estar garantizada desde el primer día del nuevo año.
Según explica el decreto, esas imputaciones tendrán inicialmente carácter provisorio y pasarán a ser definitivas una vez que cuenten con el crédito correspondiente aprobado en la nueva Ley de Presupuesto.
El Ejecutivo argumentó que la autorización resulta necesaria para comenzar a tramitar expedientes de contrataciones cuyo gasto se devengará durante 2027.
Un límite del 20% por trimestre
El esquema establecido por Hacienda determina que las jurisdicciones provinciales deberán solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Finanzas para habilitar las partidas correspondientes.
Para los gastos corrientes y de capital financiados con Rentas Generales, se permitirá una afectación preventiva de hasta el 20% acumulativo por trimestre sobre el crédito vigente habilitado. La distribución prevista será del 20% en enero, otro 20% en abril, 20% en julio y 20% en octubre.
El mismo criterio se aplicará a las erogaciones corrientes y de capital financiadas mediante recursos afectados. Los porcentajes fueron establecidos a partir de las estimaciones de ingresos previstas por el Gobierno para el próximo ejercicio.
A su vez, cada repartición tendrá un plazo de 15 días corridos desde la emisión del decreto para presentar una curva con el ritmo de gastos previsto según sus necesidades.
Los pedidos deberán estar fundamentados y serán analizados por las respectivas direcciones generales de Administración junto con la Dirección General de Presupuesto.
En función de la recaudación estimada, Hacienda podrá autorizar modificaciones al esquema inicialmente establecido mediante una resolución.
Vendimia y deuda pública, entre las excepciones
El decreto contempla una serie de excepciones que podrán comprometer preventivamente hasta el 80% del presupuesto vigente habilitado, independientemente de la fuente de financiamiento.
Una de ellas corresponde a las contrataciones destinadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia. En ese caso, la mensualización de los gastos se distribuirá en 26,66% durante enero, otro 26,66% en febrero y 26,68% en marzo.
También podrán disponer del 80% del crédito habilitado durante enero las partidas destinadas a intereses, gastos y amortización de la deuda provincial. El mismo tratamiento recibirán determinados conceptos vinculados con residuos pasivos y acreedores varios.
Dentro de las excepciones quedaron además las partidas financiadas con recursos afectados correspondientes a la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) y la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos (UCPP), que podrán utilizar hasta el 80% del crédito vigente habilitado en enero.
Hacienda podrá modificar el ritmo del gasto
El Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá a su cargo el seguimiento de la ejecución de los recursos y las erogaciones con el objetivo de mantener el equilibrio presupuestario.
Para ello, podrá disponer porcentajes diferentes de ejecución en caso de que la evolución de la recaudación así lo requiera.
La cartera que conduce Víctor Fayad también podrá recurrir a reservas de créditos, asignaciones presupuestarias mensuales en las distintas etapas del gasto y otros mecanismos de control.
El objetivo establecido en el decreto es acompasar el ritmo de ejecución presupuestaria con las proyecciones mensuales de ingresos.
Sin nuevas obras hasta que se apruebe el Presupuesto 2027
La norma introduce una restricción específica para la obra pública. Hasta que quede aprobado el Presupuesto provincial para 2027, el Ejecutivo no podrá realizar imputaciones preventivas correspondientes a nuevas obras públicas.
De esta manera, la habilitación anticipada alcanza a contrataciones y distintos gastos que deberán comenzar a ejecutarse desde el inicio del próximo año, pero excluye la incorporación preventiva de nuevos proyectos de infraestructura mientras no esté sancionada la pauta presupuestaria del próximo ejercicio.
