La Justicia Federal de Río Grande asumió la competencia en una demanda contra empresas vinculadas con la explotación de recursos pesqueros en aguas circundantes a las Islas Malvinas y abrió una nueva etapa judicial para analizar las actividades denunciadas.
El juzgado reconoció la legitimación colectiva ambiental de la Fundación Agustina Lerena y ordenó incorporar información científica y operativa antes de resolver el pedido de una medida cautelar destinada a impedir la continuidad de las operaciones cuestionadas.
La resolución corresponde al expediente FCR 16446/2026, que tramitará por la vía ordinaria para permitir una investigación amplia sobre las relaciones societarias, comerciales y financieras de las empresas alcanzadas por la presentación.
La demanda fue impulsada por la fundación presidida por César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado Eduardo Salvador Barcesat.
El reclamo incluye una reparación económica por capturas pesqueras realizadas entre 1989 y 2025, cuyo volumen fue estimado por la parte demandante en 4.101.131 toneladas.
Según los cálculos incorporados al expediente, el presunto perjuicio económico oscila entre US$ 12.351 millones y US$ 26.465 millones, dependiendo del criterio utilizado para determinar el valor de los productos pesqueros.
Estas cifras corresponden a la estimación presentada por la parte actora y deberán ser examinadas durante el proceso judicial. Hasta el momento, no constituyen una indemnización establecida por sentencia.
La jueza pidió informes al INIDEP y a Prefectura antes de resolver la cautelar
La jueza federal Mariel Borruto dispuso una serie de medidas probatorias antes de pronunciarse sobre la solicitud de suspender las actividades pesqueras cuestionadas.
Entre las actuaciones ordenadas figura un requerimiento al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que deberá aportar antecedentes científicos sobre las especies involucradas, su distribución y las relaciones biológicas entre las áreas de explotación.
La información permitirá examinar las características de los recursos pesqueros y su vinculación con las zonas marítimas comprendidas en la controversia.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina deberá incorporar registros de navegación y control marítimo disponibles en el sistema Guardacostas.
Estos antecedentes podrán contribuir a reconstruir movimientos de embarcaciones y otros aspectos operativos relevantes para la investigación.
La decisión judicial establece que el pedido cautelar será evaluado después de reunir elementos técnicos y documentales que permitan determinar el alcance de las actividades denunciadas.
Por lo tanto, la Justicia todavía no ordenó la paralización de las operaciones pesqueras cuestionadas ni resolvió las responsabilidades de las empresas involucradas.
La investigación podría afectar permisos y cuotas de pesca en Argentina
Uno de los puntos centrales del expediente está relacionado con el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922, incorporado mediante la Ley 26.386.
Esta disposición establece restricciones para acceder y conservar derechos pesqueros cuando se comprueban determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con titulares o armadores que realizan actividades de pesca en aguas bajo jurisdicción argentina sin autorización nacional.
La legislación contempla, ante la acreditación de los supuestos previstos, la caducidad de permisos, cuotas y autorizaciones de captura.
En consecuencia, la investigación no se limita a la actividad desarrollada en aguas próximas a Malvinas, sino que podría tener consecuencias para empresas con participación en el sistema pesquero argentino.
El juzgado deberá determinar si existen los vínculos denunciados, cuál es su naturaleza y si encuadran en las restricciones previstas por la normativa.
La eventual aplicación de sanciones dependerá de los hechos que se acrediten y de las decisiones administrativas o judiciales que correspondan.
El análisis adquiere especial relevancia porque la demanda comprende relaciones empresariales que podrían conectar operaciones desarrolladas en diferentes áreas del Atlántico Sur.
Empresas pesqueras, bancos y astilleros bajo análisis judicial
La acción promovida por la Fundación Agustina Lerena alcanza a empresas pesqueras españolas, sociedades vinculadas con operadores de las islas, entidades financieras, astilleros, aseguradoras y firmas argentinas mencionadas en la presentación.
La investigación buscará reconstruir los mecanismos de propiedad societaria, financiación, contratación, participación comercial y distribución de beneficios económicos asociados con las actividades denunciadas.
También se examinarán las relaciones operativas entre las distintas compañías para establecer si existen conexiones relevantes desde el punto de vista de la legislación pesquera argentina.
Entre las embarcaciones vinculadas con la actividad en el caladero de Malvinas figura el FALCON, matrícula FK 2002, identificado como uno de los arrastreros relacionados con capitales españoles que opera en esa zona.
La mención de empresas o embarcaciones dentro de una investigación no implica, por sí misma, que se haya determinado una infracción o responsabilidad judicial.
La tramitación por la vía ordinaria permitirá incorporar documentación comercial, informes técnicos y pruebas económicas para analizar individualmente las situaciones planteadas.
La magistrada interviniente también actuó anteriormente en una medida cautelar vinculada con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, desarrollado al norte de las Islas Malvinas.
Ese antecedente forma parte de las intervenciones del Juzgado Federal de Río Grande en controversias relacionadas con la explotación de recursos naturales del Atlántico Sur.
En el expediente pesquero, el próximo paso será la recepción de los informes del INIDEP y de Prefectura Naval, que servirán como elementos para resolver la solicitud cautelar.
Posteriormente continuará el análisis de los vínculos empresariales denunciados, la eventual afectación ambiental y la cuantificación del perjuicio económico invocado por la fundación demandante.
El resultado de la investigación tendrá especial importancia para el sector pesquero nacional si se acreditan relaciones comprendidas en el artículo 27 bis, ya que podrían abrirse procedimientos con consecuencias sobre permisos, cuotas y autorizaciones de pesca vigentes.
