La Argentina reclamó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la suspensión urgente del proyecto petrolero Sea Lion, previsto en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Durante la segunda jornada de audiencias celebradas en Hamburgo, Alemania, la delegación nacional cuestionó la posición del Reino Unido y advirtió sobre el riesgo de daños irreparables derivados de la explotación unilateral de hidrocarburos en una zona sometida a controversia.
La presentación argentina se concentró en demostrar que existen fundamentos jurídicos suficientes para que el Tribunal disponga medidas provisionales destinadas a preservar los derechos de las partes mientras avanza el procedimiento arbitral internacional.
Los representantes nacionales sostuvieron que la urgencia del caso está vinculada con el avance del proyecto Sea Lion, que contempla perforaciones, infraestructura submarina permanente y una producción petrolera de gran escala.
La defensa jurídica argentina estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, con la participación de los especialistas internacionales Marcelo Kohen y Nico Schrijver, entre otros integrantes del equipo.
El pedido no busca que el Tribunal resuelva en esta instancia la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, sino que ordene medidas urgentes para impedir que se altere la situación mientras continúa el proceso internacional.
Malvinas: Argentina cuestionó la explotación británica de recursos naturales
Uno de los principales argumentos de la delegación argentina fue presentado por el jurista Marcelo Kohen, quien cuestionó la pretensión británica de ejercer derechos de explotación sobre los espacios marítimos cercanos a las islas.
Durante su intervención, desarrollada en francés, Kohen sostuvo que la controversia de soberanía también tiene consecuencias sobre los derechos relativos a las áreas marítimas circundantes.
En ese sentido, remarcó que la disputa territorial «no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”.
El especialista argumentó que el Reino Unido no puede considerar resuelta a su favor la cuestión de los derechos sobre la plataforma continental cuando persiste una controversia internacional de soberanía.
También recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a las partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales en el marco del proceso de descolonización.
«Lo hizo cuando el Reino Unido comenzó a considerar la explotación de hidrocarburos», señaló Kohen durante su exposición.
La posición argentina sostiene que la existencia de una disputa territorial impide dar por indiscutidos los derechos de explotación sobre los recursos naturales de las áreas marítimas involucradas.
Al mismo tiempo, la delegación remarcó que el Tribunal puede evaluar la procedencia de medidas provisionales sin pronunciarse sobre la titularidad definitiva de la soberanía de las islas.
Sea Lion: 26 pozos y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles
El especialista Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, expuso los argumentos relacionados con el riesgo de perjuicio irreparable que, según la Argentina, representa el avance del proyecto Sea Lion.
Durante su presentación, indicó que el 10 de diciembre de 2025 se produjo un cambio relevante en el desarrollo de la iniciativa petrolera.
Según explicó, el proyecto pasó de una etapa de exploración a un programa concreto de explotación que contempla hasta 26 pozos, instalaciones submarinas permanentes y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles de petróleo.
Para la delegación argentina, esta transformación incrementa la urgencia de una intervención judicial, debido a que el inicio de las perforaciones podría generar consecuencias difíciles o imposibles de revertir.
Schrijver advirtió que, una vez perforado el primer pozo, el daño podría adquirir carácter irreversible.
En el cierre de su exposición, se dirigió a los magistrados con un pedido de intervención inmediata.
“Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”, afirmó.
Luego concluyó con una advertencia sobre la oportunidad de la decisión judicial: «If not now, it will be never’, es ahora o nunca».
El planteo argentino busca evitar que la explotación de hidrocarburos avance antes de que exista una decisión sobre los derechos discutidos en el procedimiento arbitral.
Los cuatro requisitos que Argentina considera acreditados
El cierre de la posición nacional estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente designado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El funcionario sostuvo que la Argentina presentó argumentos y elementos probatorios suficientes para justificar la adopción de medidas provisionales.
La delegación afirmó haber acreditado cuatro condiciones jurídicas centrales: competencia prima facie del Tribunal, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia.
La competencia prima facie supone que existen fundamentos jurídicos preliminares para considerar que la controversia se relaciona con la interpretación o aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Desde esa perspectiva, la Argentina considera que el Tribunal puede adoptar medidas destinadas a preservar los derechos de las partes mientras se desarrolla el arbitraje.
Oyarzábal rechazó la posición británica que, según el planteo argentino, intenta presentar el procedimiento como una controversia centrada exclusivamente en la soberanía territorial.
El funcionario sostuvo que esa interpretación desvía el objeto inmediato de las audiencias, que consiste en determinar si corresponde ordenar medidas urgentes frente al avance de la explotación petrolera.
La delegación argentina insiste en que solicitar una suspensión preventiva de actividades no exige resolver previamente la cuestión de soberanía sobre Malvinas.
Las cuatro medidas que Argentina pidió contra el proyecto Sea Lion
Durante el cierre de las audiencias, Oyarzábal reiteró formalmente las cuatro medidas provisionales solicitadas al Tribunal.
La primera consiste en impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción relacionadas con Sea Lion, con el objetivo de evitar que avance la explotación de recursos naturales en el área disputada.
La segunda apunta a evitar el uso perjudicial de la información obtenida mediante actividades de exploración.
La tercera busca permitir que la Argentina pueda cumplir con sus obligaciones vinculadas con la protección del medio marino.
La cuarta solicita prevenir nuevas decisiones o actividades que puedan agravar la controversia internacional.
Estas medidas fueron presentadas como instrumentos de carácter preventivo, destinados a preservar la situación mientras continúa el procedimiento arbitral.
La Argentina sostiene que la adopción de estas disposiciones resulta necesaria para evitar consecuencias que no puedan repararse mediante una decisión posterior.
Cuándo podría resolver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Concluidas las audiencias, la Argentina y el Reino Unido deberán esperar el pronunciamiento del Tribunal sobre el pedido de medidas provisionales.
No existe un plazo establecido para que los magistrados emitan su decisión.
Como referencia, la delegación argentina mencionó el antecedente del caso de la Fragata Libertad, cuya resolución demandó aproximadamente tres semanas.
Sin embargo, ese antecedente no determina necesariamente los tiempos de respuesta en el procedimiento actual.
Desde el entorno del equipo jurídico argentino expresaron confianza en la estrategia presentada y señalaron que la defensa de los derechos reclamados continuará independientemente del resultado de esta instancia.
”El reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución”, señalaron.
También precisaron el alcance del procedimiento: “Esta instancia tiene por objeto obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado.”
En relación con la continuidad del reclamo, representantes cercanos a la delegación manifestaron que “la República Argentina continuará utilizando todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales. Lo haremos con la misma excelencia profesional, firmeza y rigor técnico que hemos demostrado en estos años de gobierno de Javier Milei, y si: es ahora o nunca”.
Quiénes integran la delegación argentina en Hamburgo
La misión oficial argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar está integrada por funcionarios y especialistas en derecho internacional.
El equipo cuenta con la participación de María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, y Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería, quien interviene como agente ante el Tribunal.
También forma parte de la delegación la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en carácter de co-agente.
La defensa jurídica incluye a los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
La participación del equipo se enmarca en la estrategia argentina para obtener una suspensión provisional de las actividades vinculadas con Sea Lion.
La decisión pendiente del Tribunal determinará si corresponde ordenar medidas preventivas frente al avance del proyecto petrolero, mientras continúa el procedimiento internacional sobre los derechos en disputa en las áreas marítimas cercanas a las Islas Malvinas.
