La Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que prohíbe a doce empresas pesqueras españolas y siete estructuras empresariales vinculadas con capitales hispano-isleños desarrollar actividades de pesca sin autorización argentina en los espacios marítimos que rodean a las Islas Malvinas. La resolución fue firmada el 6 de noviembre por la jueza federal Mariel Borruto y representa un nuevo capítulo judicial en la disputa por el control de los recursos pesqueros del Atlántico Sur.
La decisión comprende el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva que la Argentina reivindica, incluidas las aguas circundantes al archipiélago hasta las 200 millas. La medida alcanza tanto a las operaciones de captura como al procesamiento de productos a bordo, los transbordos y las descargas.
Además, impide iniciar nuevas temporadas de pesca o incorporar embarcaciones a esas operaciones sin la correspondiente habilitación de las autoridades argentinas.
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La causa se tramita bajo el expediente FCR 16446/2026 y tuvo su origen en una demanda colectiva presentada por la Fundación Agustina Lerena, presidida por el especialista en política pesquera César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat.
La presentación judicial busca establecer responsabilidades por la explotación de recursos pesqueros en aguas que la Argentina considera comprendidas dentro de su jurisdicción, en un contexto marcado por la controversia de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
Qué empresas están alcanzadas por la medida y qué documentación deberán presentar
La nómina difundida por la Fundación Agustina Lerena incluye a Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar, Copemar, Lafonia Sea Foods, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO.
La demanda también identifica siete estructuras empresariales hispano-isleñas vinculadas con operadores como Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross.
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Además de establecer la prohibición de desarrollar actividades sin autorización argentina, la jueza Borruto ordenó a las compañías extranjeras presentar declaraciones juradas respaldadas por documentación dentro de los diez días judiciales posteriores a su notificación.
Las empresas deberán informar qué embarcaciones utilizan, cuáles son sus licencias y qué volúmenes de captura registraron por especie y temporada.
El requerimiento también incluye los registros de seguimiento satelital, los puertos donde se realizaron las descargas y los destinos comerciales de los productos pesqueros.
La magistrada solicitó, además, información sobre participaciones societarias y contratos vinculados con las operaciones investigadas.
La resolución establece la obligación de conservar toda la documentación técnica, comercial y operativa relacionada con las actividades pesqueras comprendidas en la causa.
El objetivo de estas exigencias es reunir información que permita reconstruir el alcance de las operaciones y las relaciones empresariales involucradas.
La investigación también alcanza a posibles vínculos con empresas argentinas
Uno de los aspectos relevantes de la resolución es que también pone bajo análisis las posibles relaciones comerciales y societarias entre compañías argentinas y operadores pesqueros que desarrollan actividades alrededor de las Islas Malvinas.
En esta instancia, la jueza no hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas contra las firmas nacionales. Sin embargo, requirió antecedentes sobre permisos de pesca, cuotas de captura, declaraciones juradas y actuaciones administrativas.
La cuestión se vincula con los artículos 27 bis y 28 de la Ley Federal de Pesca 24.922, que establecen restricciones para acceder a autorizaciones y cuotas de captura cuando existen determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con armadores que operan sin habilitación argentina.
La normativa contempla consecuencias administrativas para las empresas que incurran en infracciones, incluida la caducidad de permisos y cuotas de pesca cuando se configuren los supuestos previstos por la legislación.
Por ese motivo, la investigación también busca determinar si existen vínculos empresariales que puedan resultar relevantes para la aplicación de las restricciones establecidas por la ley.
El requerimiento de antecedentes no implica, por sí mismo, que se hayan comprobado irregularidades por parte de las compañías argentinas mencionadas en las actuaciones.
Más de 4 millones de toneladas y un reclamo multimillonario
La demanda impulsada por la Fundación Agustina Lerena también reclama la recomposición del presunto daño ambiental y una reparación económica por las actividades pesqueras atribuidas a las empresas demandadas durante el período comprendido entre 1989 y 2025.
Según los cálculos presentados por la entidad, durante esos años se habrían extraído 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros.
La fundación estima que esa explotación representa un valor de 12.351 millones de dólares a precios FOB, mientras que el monto superaría los 26.400 millones de dólares si se consideran precios mayoristas.
Estas cifras corresponden a las estimaciones incorporadas por la parte demandante y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial. No constituyen, por el momento, una determinación definitiva de responsabilidad ni una indemnización establecida por sentencia.
El reclamo también incorpora una dimensión ambiental vinculada con la conservación de especies migratorias y compartidas.
Entre los recursos mencionados se encuentran los calamares illex y loligo, la merluza común y la merluza de cola, especies de relevancia para la actividad pesquera del Atlántico Sur.
La entidad demandante sostiene que la explotación de estos recursos sin un esquema coordinado de administración y conservación puede afectar su sustentabilidad y comprometer los esfuerzos argentinos de investigación y manejo pesquero.
En ese marco, el expediente busca abordar tanto las consecuencias económicas atribuidas a las operaciones investigadas como sus posibles efectos sobre los ecosistemas marinos.
El alcance de la cautelar y los desafíos para su cumplimiento
La medida dictada por la Justicia Federal de Río Grande tiene carácter provisional y permanecerá vigente hasta que las compañías obtengan la correspondiente autorización argentina o el tribunal disponga una modificación de su alcance.
Su aplicación efectiva dependerá de las notificaciones a las empresas involucradas y de los mecanismos jurídicos disponibles para procurar el cumplimiento de la resolución.
Este aspecto resulta especialmente relevante porque las actividades investigadas se desarrollan en aguas circundantes a las Islas Malvinas, cuya soberanía es objeto de una controversia entre la Argentina y el Reino Unido.
Por lo tanto, la existencia de una prohibición judicial argentina no equivale automáticamente a la interrupción material de las operaciones pesqueras de las compañías alcanzadas.
La resolución vuelve a colocar en el centro del debate la administración de los recursos naturales del Atlántico Sur, las herramientas legales previstas por la legislación pesquera nacional y la protección ambiental de las especies que habitan esas aguas.
El avance de la causa dependerá de la documentación que se incorpore al expediente, las actuaciones de las partes y las decisiones que adopte el tribunal sobre las responsabilidades y los reclamos económicos y ambientales planteados.
