La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) para cuestionar el despido de 27 pilotos de la empresa estatal Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa). Las desvinculaciones se produjeron en 2024, después de que el Gobierno provincial decidiera suspender el sistema de lucha antigranizo mediante aviones.

La resolución representa un nuevo revés judicial para el sindicato, que buscaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara el fallo dictado previamente por el máximo tribunal mendocino.

Los magistrados provinciales consideraron que APLA no logró demostrar la existencia de una cuestión federal directamente vinculada con la sentencia cuestionada y señalaron que el recurso reiteraba argumentos ya examinados durante el proceso.

El conflicto comenzó a mediados de 2024, cuando el Gobierno de Mendoza resolvió poner fin al combate aéreo de las tormentas graniceras. La decisión fue impulsada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, con el aval del gobernador provincial.

El argumento oficial fue que no existía evidencia científica suficiente para demostrar la eficacia del sistema de lucha antigranizo mediante aviones en la protección de la producción agrícola.

Como consecuencia, Aemsa suspendió las operaciones de siembra antigranizo, cerró el taller aeronáutico y el área de operaciones, y desvinculó a los 27 pilotos que se desempeñaban en esa actividad.

Los trabajadores recibieron las indemnizaciones correspondientes, pero el gremio consideró que los despidos habían sido arbitrarios y decidió recurrir a la Justicia.

Por qué la Corte mendocina rechazó el reclamo de los 27 pilotos

Desde el inicio del conflicto, APLA cuestionó la legalidad de las desvinculaciones y sostuvo que la empresa estatal debía haber tramitado un procedimiento preventivo de crisis antes de concretar los despidos.

El sindicato también planteó que la decisión había afectado derechos laborales y sindicales protegidos por la Constitución Nacional.

En agosto, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el planteo gremial. Frente a esa resolución, APLA presentó un recurso extraordinario federal con la intención de que el caso fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para fundamentar su pedido, el sindicato invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que reconoce derechos vinculados con el trabajo y la organización sindical.

También citó los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Entre sus cuestionamientos, APLA sostuvo que la valoración judicial de las pruebas había sido incorrecta y que existían indicios de discriminación sindical.

El gremio mencionó, entre otros elementos, declaraciones públicas de funcionarios provinciales, actas del directorio de Aemsa y la continuidad de otras actividades dentro de la compañía estatal.

Sin embargo, los jueces entendieron que esos argumentos no demostraban una cuestión federal suficiente para habilitar el recurso extraordinario.

El tribunal también observó que la presentación sindical reiteraba planteos que ya habían recibido tratamiento en las instancias judiciales anteriores.

El juez de la Suprema Corte mendocina Mario Adaro fue el preopinante de la resolución que rechazó el recurso presentado por APLA.

El argumento central: Mendoza dejó de necesitar los servicios de los pilotos

Uno de los fundamentos principales de la decisión judicial estuvo relacionado con el cambio de política pública dispuesto por el Gobierno provincial.

La Suprema Corte consideró relevante que Mendoza había abandonado el sistema de protección agrícola mediante aviones y que, como consecuencia de esa decisión, Aemsa dejó de requerir los servicios de los pilotos afectados.

Los magistrados señalaron que la continuidad de otras actividades dentro de la empresa estatal no modificaba esa circunstancia.

«Aunque Aemsa continuara prestando otros servicios para la Provincia de Mendoza, dejó de requerirse la labor de los pilotos afectados, por lo que se les abonó la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo», marcaron los jueces.

De esta manera, el tribunal vinculó las desvinculaciones con la suspensión de la actividad específica que desarrollaban los trabajadores y con el pago de las indemnizaciones previstas por la legislación laboral.

El rechazo del recurso extraordinario federal impide, por esta vía, que el planteo sindical avance directamente hacia una revisión de fondo por parte de la Corte Suprema nacional. La resolución no equivale a un nuevo pronunciamiento de ese tribunal sobre los despidos.

El fin de la lucha antigranizo aérea y sus consecuencias laborales

La decisión de suspender el sistema de lucha antigranizo mediante aviones representó un cambio en la política provincial de protección de la producción agrícola frente a las tormentas.

El Gobierno justificó la medida en la falta de evidencia científica que, según su evaluación, permitiera acreditar la eficacia del método para reducir los daños ocasionados por el granizo.

La modificación tuvo consecuencias directas sobre la estructura operativa de Aemsa, especialmente en las áreas vinculadas con las aeronaves y las tareas de siembra antigranizo.

Los 27 pilotos fueron despedidos e indemnizados, mientras que la empresa dejó de desarrollar la actividad aérea específica que motivaba sus funciones.

Para APLA, la decisión empresarial debía ser examinada también desde la perspectiva de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores afectados.

Para la Justicia mendocina, en cambio, los argumentos presentados no resultaron suficientes para modificar lo resuelto ni para habilitar el recurso extraordinario federal solicitado.

Con esta resolución, la Suprema Corte provincial ratificó su rechazo al planteo del sindicato, en un conflicto originado por la decisión del Gobierno de Mendoza de abandonar la lucha antigranizo aérea durante 2024.