El Senado de la Nación aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una reforma que introduce cambios en los procedimientos judiciales de desalojo y podría modificar las condiciones del mercado de alquileres argentino.

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Uno de los puntos centrales es la implementación de un procedimiento sumarísimo para las acciones de desalojo dentro del ámbito de aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, correspondiente a la Justicia nacional con competencia en la Ciudad de Buenos Aires.

La modificación busca reducir los tiempos judiciales necesarios para recuperar inmuebles ante incumplimientos contractuales, vencimientos de contratos o situaciones de ocupación sin autorización.

Sin embargo, la reforma no establece que un inquilino pueda ser desalojado en cinco días. Ese plazo corresponde a la contestación de la demanda dentro del nuevo procedimiento judicial.

La normativa también mantiene los diez días corridos de intimación por falta de pago que deben respetarse en los contratos de alquiler destinados a vivienda antes de iniciar una demanda de desalojo.

Desalojo exprés: qué cambia con la nueva ley y a quiénes alcanza

La reforma modifica el procedimiento judicial aplicable a las acciones de desalojo, que pasarán a tramitar mediante la vía sumarísima, caracterizada por plazos más breves y restricciones a determinadas instancias procesales.

Los abogados Enrique Abatti (h.) y Bibiana Varela Guijarro, especialistas en derecho inmobiliario y directivos de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), explicaron que el objetivo es agilizar la recuperación de propiedades cuando existen incumplimientos contractuales o situaciones de ocupación irregular.

Entre los principales cambios del procedimiento se encuentran los siguientes:

  • Cinco días para contestar la demanda: es el plazo previsto para que la parte demandada presente su respuesta judicial. No implica que el desalojo se concrete en ese período.
  • Tramitación abreviada: se reducen determinados plazos procesales y se limitan excepciones previas y posibilidades de reconvención.
  • Plazos de tres días: se establecen para otras etapas del procedimiento judicial.
  • Intimación por falta de pago: en alquileres de vivienda se mantienen los diez días corridos para regularizar la deuda antes del inicio del juicio.
  • Aplicación territorial: los cambios procesales corresponden a la Justicia nacional con competencia en CABA. Las provincias mantienen sus propias normas procesales.

El nuevo esquema comprende acciones de desalojo relacionadas con locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos.

La reforma no modifica el tratamiento penal de las usurpaciones, contempladas en el artículo 181 del Código Penal.

Esta distinción resulta importante porque una usurpación constituye una conducta tipificada penalmente, mientras que un conflicto locativo puede originarse en el incumplimiento de un contrato y una intrusión supone la ocupación de un inmueble sin autorización.

Varela Guijarro señaló que actualmente los procesos por intrusión pueden extenderse durante al menos tres años, mientras que los juicios por falta de pago o vencimiento contractual pueden demorar entre un año y medio y dos años.

La especialista estimó que, con el nuevo procedimiento, los tiempos podrían reducirse a un período de entre tres y cinco meses, aunque se trata de una proyección y no de un plazo garantizado para todos los casos.

«Si se abrevian los trámites de desalojo, eso juega también en favor de los inquilinos buenos cumplidores de los contratos».

Cómo podría impactar la reforma en los precios y la oferta de alquileres

Uno de los principales interrogantes es si la reducción de los tiempos judiciales permitirá que más propietarios decidan incorporar sus inmuebles al mercado de alquileres.

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires se contabilizan casi 18.900 departamentos ofrecidos en alquiler, en un mercado que registró un crecimiento importante de la oferta.

Especialistas del sector inmobiliario consideran que una mayor previsibilidad para recuperar propiedades podría incentivar nuevas inversiones y ampliar la cantidad de viviendas disponibles.

Sin embargo, una eventual expansión de la oferta no garantiza una reducción automática de los precios publicados.

La mayor competencia entre propietarios podría mejorar las posibilidades de negociación de los inquilinos y reducir determinadas exigencias para acceder a una vivienda.

Karina González, integrante de la Agrupación Propietarios Unidos de la Argentina, sostuvo que la reforma puede contribuir a disminuir los riesgos que perciben los propietarios.

«Esto no perjudica al inquilino, al contrario, el que cumple —que es la gran mayoría— no tiene nada de qué preocuparse y hasta sale ganando. Cuando baja el riesgo de quedar atrapado en un juicio eterno, muchos más dueños se animan a poner sus departamentos en alquiler, hay más oferta y bajan las exigencias», sostuvo.

La expectativa del sector es que un sistema judicial más ágil favorezca la incorporación de propiedades al mercado formal y contribuya a mejorar las condiciones de acceso a los alquileres.

También se plantea que una mayor seguridad jurídica podría estimular inversiones inmobiliarias y actividades vinculadas con la construcción, un sector relacionado con alrededor de 50 gremios y numerosas actividades económicas.

Desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, los contratos de alquiler suelen establecer actualizaciones cada tres o cuatro meses, a diferencia del régimen de ajustes anuales contemplado por la Ley de Alquileres de 2020.

La posibilidad de acordar actualizaciones más frecuentes modificó la forma de establecer los valores iniciales y las condiciones económicas de los contratos.

Qué deben tener en cuenta los inquilinos ante los nuevos procedimientos

La reforma también plantea nuevos desafíos para quienes alquilan una vivienda, especialmente por la reducción de los tiempos disponibles para ejercer su defensa dentro de un proceso judicial.

Ludmila Mazzoni Amado, abogada especializada en derecho inmobiliario y defensora de inquilinos, recomendó prestar especial atención a la documentación contractual y a los comprobantes que permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones.

Una de sus principales recomendaciones es contar siempre con un contrato escrito y firmado por el propietario, especialmente cuando el inquilino continúa ocupando la vivienda después del vencimiento del acuerdo original con consentimiento del dueño, pero sin una renovación formal.

«El contrato por escrito, siempre. Y con firma del propietario, no ninguna copia de PDF», recomendó.

También aconsejó conservar comprobantes de transferencias, recibos y facturas de alquiler, ya que la documentación puede resultar determinante durante un proceso judicial abreviado.

La especialista planteó la necesidad de «Tratar de aminorar lo máximo posible las situaciones de informalidad, que son muchas en el alquiler».

En caso de problemas vinculados con reparaciones estructurales u otras obligaciones del propietario, recomendó realizar reclamos mediante notificaciones fehacientes y no depender exclusivamente de conversaciones por WhatsApp.

Otro aspecto importante es mantener actualizado el domicilio electrónico establecido en el contrato, debido a que determinadas notificaciones pueden producir efectos legales incluso cuando el mensaje ingresa a la carpeta de correo no deseado.

Desde el sector de los propietarios, González también sugirió incorporar mecanismos claros de comunicación contractual.

Entre sus recomendaciones «figura incorporar los domicilios electrónicos de ambas partes, con el correo electrónico y WhatsApp como vías válidas de comunicación, además de especificar las consecuencias de los pagos fuera de término y de la demora en la devolución de las llaves».

También planteó la conveniencia de evitar cláusulas ambiguas, precisar las consecuencias de los incumplimientos y documentar adecuadamente la entrega y devolución de los inmuebles.

Por su parte, Mazzoni Amado recomendó no firmar acuerdos anexos de desocupación inmediata sin recibir previamente asesoramiento legal.

Además, recordó que los inquilinos de viviendas conservan diez días corridos para regularizar una deuda después de recibir la intimación correspondiente, antes de que pueda iniciarse una demanda de desalojo por falta de pago.

La especialista también aconsejó documentar la devolución de las llaves mediante un acta firmada por el propietario y recurrir a la Defensoría del Pueblo o a los colegios de abogados cuando no sea posible afrontar una defensa jurídica particular.

«Además, hay que tener en cuenta la situación económica que atraviesan muchos hogares, con familias que acumulan deudas de tarjetas de crédito y también dificultades para afrontar el pago del alquiler. En ese contexto, los plazos más cortos y la posibilidad de una desocupación anticipada pueden generar situaciones muy problemáticas para los inquilinos», cerró Mazzoni Amado.

Durante el tratamiento legislativo también se analizó la posibilidad de reducir de diez a tres días el plazo de intimación por falta de pago previsto en el artículo 1222 del Código Civil y Comercial.

Sin embargo, esa modificación fue eliminada durante el debate en comisión del Senado, por lo que el plazo vigente para los contratos de vivienda se mantiene sin cambios.

En alquileres destinados a otros usos, como locales comerciales, oficinas y depósitos, las partes pueden acordar el plazo de intimación correspondiente.

Abatti (h.) sostuvo que una reducción efectiva de los tiempos judiciales podría disminuir las exigencias impuestas a quienes buscan alquilar.

«Cuanto más breves y simples sean los trámites de los procesos de desalojo, menores serán los requisitos que se le exigirán a los inquilinos para suscribir los contratos y ello beneficiará a los locatarios cumplidores de sus obligaciones».

La aplicación práctica de la reforma será determinante para evaluar sus consecuencias sobre el mercado inmobiliario y sobre las relaciones entre propietarios e inquilinos.

Por el momento, los cambios procesales aprobados no se extienden automáticamente a todas las provincias argentinas, ya que cada jurisdicción cuenta con sus propias reglas judiciales y puede decidir si incorpora modificaciones semejantes.

En ese escenario, el impacto de la nueva normativa dependerá tanto de la implementación de los procedimientos abreviados como de las decisiones que adopten las distintas jurisdicciones y de la evolución del mercado de alquileres.