La provincia de Misiones eliminó la prohibición territorial del glifosato mediante una reforma legislativa aprobada por unanimidad, una decisión que modifica el marco regulatorio de la producción agrícola y reabre el debate sobre el uso de agroquímicos, especialmente en una de las principales regiones yerbateras de la Argentina.
La Cámara de Representantes sancionó el 3 de septiembre de 2026 la Ley VIII – N.° 124, que modificó el artículo 7 y derogó el artículo 8 de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, identificada como Ley VIII – N.° 103 y aprobada originalmente en 2023.
La nueva legislación fue promulgada por el gobernador Hugo Passalacqua mediante el Decreto N.° 1757, fechado el 8 de septiembre, y publicada el 10 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial de Misiones N.° 16671.
Con esta modificación, la provincia dejó sin efecto su prohibición territorial del glifosato y volvió a encuadrar la utilización del herbicida dentro de las autorizaciones y controles establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Misiones derogó la prohibición del glifosato con el voto de los 40 diputados
La reforma fue aprobada por unanimidad de los 40 integrantes de la Cámara de Representantes de Misiones, incluyendo legisladores del oficialismo y de distintos espacios opositores.
Entre quienes acompañaron la decisión estuvo Carlos Rovira, identificado como uno de los impulsores de la legislación original que había establecido la prohibición del herbicida en el territorio provincial.
El texto sancionado surgió de la unificación de distintas iniciativas legislativas, entre ellas el expediente D-70913/26, presentado por el bloque oficialista Movimiento por lo que Viene.
También se incorporaron propuestas de los diputados Miguel Orlando Núñez, Martín Alfredo Arjol y Juan José Szychowski, además de antecedentes legislativos impulsados por Ariel Pianesi y Gladys Cornelius.
La modificación central consistió en reemplazar el artículo 7 de la legislación de 2023, que contemplaba la prohibición del glifosato, sus componentes y productos afines después de un período de transición.
La nueva redacción establece que los bioinsumos podrán utilizarse en Misiones “en la medida que los distintos organismos competentes en el orden nacional y los que correspondan a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen local lo autoricen”.
Asimismo, la reforma derogó el artículo 8, que establecía el régimen sancionatorio vinculado con el incumplimiento de las disposiciones anteriores.
La publicación en el Boletín Oficial provincial confirmó la incorporación de la modificación al ordenamiento jurídico de Misiones, dejando atrás la prohibición territorial que había sido aprobada tres años antes.
Qué cambia para los productores de yerba mate
La decisión tiene especial relevancia para la actividad yerbatera, debido a que Misiones concentra cerca del 80% de la producción nacional de yerba mate y cuenta con más de 11.000 productores.
Durante el debate sobre la reforma, sectores agrarios y forestales señalaron dificultades para reemplazar el glifosato por bioinsumos que ofrecieran niveles comparables de eficacia, contaran con las autorizaciones nacionales correspondientes y tuvieran costos accesibles.
Entre los argumentos favorables a la modificación también apareció la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad frente a otras provincias productoras, como Corrientes, donde la actividad se encuentra alcanzada por el marco regulatorio nacional.
Con la eliminación de la prohibición provincial, el uso del glifosato vuelve a depender de las autorizaciones, condiciones de aplicación y fiscalizaciones nacionales correspondientes.
Sin embargo, la decisión también recibió cuestionamientos de sectores vinculados con la producción de pequeña escala y organizaciones que promueven prácticas agroecológicas.
Entre las voces críticas se mencionaron el diputado Héctor Bárbaro y la exlegisladora Blanca Álvez, quienes advirtieron sobre las consecuencias de abandonar la restricción provincial en un escenario de dificultades económicas para los productores.
Uno de los principales interrogantes es si la presión por reducir costos, especialmente ante los problemas de rentabilidad de la hoja verde, puede favorecer un mayor uso de herbicidas convencionales frente a alternativas de manejo agroecológico.
El INYM aclaró cómo puede utilizarse el glifosato en los yerbales
Ante las repercusiones de la reforma, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) difundió el 30 de septiembre de 2026 una comunicación técnica para explicar los alcances del uso del glifosato en la producción yerbatera.
El organismo recordó que la yerba mate argentina no es un cultivo transgénico tolerante al glifosato, a diferencia de determinadas variedades de soja o maíz.
Esto significa que la aplicación directa del herbicida sobre hojas, brotes o tallos verdes puede provocar daños importantes e incluso la muerte de las plantas.
Por esa razón, las aplicaciones autorizadas se orientan al control localizado de malezas entre los líneos de cultivo, mediante prácticas conocidas como manchoneo, evitando el contacto del producto con las plantas de yerba mate.
El manejo también debe respetar las condiciones de uso autorizadas y los períodos de carencia correspondientes.
Otro aspecto central del debate es la presencia de posibles residuos del herbicida en el producto destinado al consumo.
Según los parámetros sanitarios mencionados en la información técnica, el límite máximo de residuos de glifosato en yerba mate elaborada es de 0,5 miligramos por kilogramo (mg/kg).
La habilitación legal del herbicida para determinadas aplicaciones agrícolas no significa, por sí misma, que los productos comercializados contengan residuos superiores a los límites permitidos.
La verificación de esos parámetros depende de los controles sanitarios y de las condiciones efectivas de producción, procesamiento y comercialización.
Qué pasa con la yerba mate que consumen los argentinos
La modificación de la legislación misionera no implica que todas las marcas de yerba mate utilicen glifosato ni que la presencia del herbicida sea uniforme entre los distintos establecimientos productores.
Las prácticas agrícolas pueden variar según el sistema productivo, las características de cada explotación y los métodos empleados para controlar las malezas.
En este contexto, la yerba mate orgánica certificada constituye una alternativa para quienes buscan productos elaborados bajo sistemas que excluyen el uso de herbicidas sintéticos como el glifosato.
Este sistema de producción se encuentra sujeto a normas específicas de certificación y fiscalización, con controles destinados a verificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Por otra parte, los mercados internacionales también influyen sobre las prácticas agrícolas, ya que los países compradores pueden establecer exigencias particulares sobre productos fitosanitarios y límites de residuos.
La legislación reformada incorpora expresamente la necesidad de contemplar las autorizaciones de los organismos nacionales competentes y de los países de destino de las exportaciones.
De esta manera, la decisión legislativa de Misiones modifica las condiciones regulatorias para los productores, pero mantiene la obligación de cumplir con las normas sanitarias y comerciales aplicables.
La derogación de la prohibición provincial del glifosato marca un cambio significativo respecto de la política aprobada en 2023, cuando Misiones había establecido un esquema orientado a sustituir progresivamente determinados agroquímicos mediante el desarrollo de bioinsumos.
La reforma vuelve a colocar en el centro de la discusión el equilibrio entre los costos de producción, la competitividad del sector agrícola, las exigencias sanitarias y las alternativas de manejo ambiental en una provincia donde la yerba mate representa una actividad económica fundamental.
La Legislatura de Misiones aprobó por unanimidad el 3 de septiembre de 2026 una reforma que eliminó la prohibición provincial del glifosato. La Ley VIII – N.° 124, promulgada por el gobernador Hugo Passalacqua y publicada el 10 de septiembre, devuelve su regulación al marco nacional. La decisión reabrió el debate sobre los costos productivos, el uso de agroquímicos y los controles sanitarios en la producción de yerba mate.
La política misionera acaba de protagonizar uno de esos acontecimientos que demuestran que la coherencia legislativa puede tener una fecha de vencimiento más corta que un yogur olvidado fuera de la heladera. En 2023, la provincia decidió prohibir el glifosato con una ley que prometía impulsar los bioinsumos. Tres años después, los 40 diputados coincidieron en que había llegado el momento de eliminar aquella prohibición. La unanimidad fue tan completa que hasta las diferencias partidarias parecieron solicitar licencia por asuntos particulares.
La transformación tiene una elegancia institucional difícil de superar. Primero se establece una prohibición, después se abre un período para encontrar alternativas y finalmente se descubre que reemplazar un herbicida requiere algo más que entusiasmo parlamentario y buenas intenciones. Los productores señalaron dificultades vinculadas con la eficacia, las autorizaciones y los costos de los sustitutos. La Legislatura respondió con una solución expeditiva: modificar la ley. La naturaleza, mientras tanto, continúa sin presentar proyectos alternativos en mesa de entradas.
La particularidad es que Carlos Rovira, señalado entre los impulsores de la prohibición original, también integró la unanimidad que aprobó su eliminación. Una flexibilidad política que permitiría escribir dos discursos perfectamente opuestos sin necesidad de cambiar de protagonista. A favor de la prohibición en 2023, a favor de derogarla en 2026. El archivo legislativo debe estar considerando seriamente la posibilidad de solicitar asistencia psicológica.
El debate adquiere otra dimensión cuando aparece la yerba mate, ese producto que acompaña a millones de argentinos mientras discuten precisamente sobre las decisiones de sus gobernantes. Misiones concentra buena parte de la producción nacional, por lo que la discusión sobre el glifosato no es un detalle técnico perdido entre expedientes. Involucra costos, competitividad, controles sanitarios y prácticas agrícolas. Es decir, una combinación suficientemente compleja como para que la política prefiera resolverla con una votación unánime antes de que alguien proponga una comisión adicional.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate debió aclarar que permitir el uso del herbicida no significa autorizar su aplicación indiscriminada sobre las plantas ni que todos los paquetes comercializados contengan residuos peligrosos. Una precisión importante en un país donde cualquier discusión sobre alimentos puede transformarse en una batalla campal entre etiquetas, audios reenviados y especialistas improvisados que obtuvieron su doctorado leyendo tres publicaciones en redes sociales.
Así, Misiones pasó de prohibir territorialmente el glifosato a volver a las reglas nacionales. Los productores recuperaron una herramienta regulada, los sectores ambientales mantienen sus cuestionamientos y los consumidores siguen pendientes de los controles. Lo verdaderamente extraordinario es que oficialismo y oposición consiguieron ponerse de acuerdo. No para resolver todos los problemas de la yerba mate, desde luego, pero sí para demostrar que una ley puede regresar al punto de partida después de tres años de recorrido institucional.



