La Corte notificó la sentencia a las partes el jueves 12 de noviembre de 2026. El fallo había sido dictado el 20 de agosto de ese año, según la sentencia en el caso Moliné O’Connor Vs. Argentina.

Qué reparaciones ordenó la Corte IDH

La Corte fijó US$600.000 por daño material y lucro cesante, US$25.000 por daño inmaterial y US$30.000 por costas y gastos. Esos conceptos suman US$655.000.

La regularización de la pensión es una medida aparte. El fallo no incluyó dentro de los US$655.000 una cifra para ese trámite, que deberá ajustarse al régimen de la Ley 24.018.

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La adecuación tendrá efectos desde el 20 de agosto de 2014, fecha del fallecimiento de Moliné O’Connor. También deberá contemplar los derechos de quienes puedan recibir el beneficio.

Qué cuestionó y qué debe hacer el Estado

La Corte consideró que el contenido de decisiones judiciales de Moliné O’Connor fue utilizado para justificar su destitución, lo que afectó la independencia judicial. También señaló deficiencias en la fundamentación del juicio político y una respuesta judicial inadecuada a los recursos que presentó.

La sentencia concluyó que Argentina violó garantías judiciales, protección judicial, derechos políticos, propiedad privada, trabajo y seguridad social. También reconoció una afectación al proyecto de vida de Moliné O’Connor.

La Corte ordenó publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial. Además, dispuso que las autoridades argentinas interpreten y apliquen el artículo 53 de la Constitución Nacional de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares de la Corte IDH.

El Estado tiene un año desde la notificación para cumplir las medidas económicas e informar las medidas adoptadas. La Corte Interamericana supervisará el cumplimiento integral de la sentencia.