Las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad bajo jurisdicción federal deberán incorporarse al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), en una medida impulsada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) para fortalecer las políticas de prevención de la corrupción y adecuar al sector a estándares internacionales de transparencia.
La disposición fue oficializada este jueves mediante la Resolución 199/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece un plazo de un año para cumplir con la inscripción obligatoria. La medida alcanza a las licenciatarias de transporte y distribución de gas natural y a las concesionarias del servicio eléctrico de jurisdicción federal.
Obligaciones y plazos previstos
En los fundamentos de la resolución, el organismo indicó que existen causas judiciales en trámite vinculadas con la materia regulada y remarcó la necesidad de reforzar los mecanismos de integridad en un sector considerado estratégico.
Para el resto de las empresas y agentes alcanzados por las leyes que regulan los mercados del gas y la electricidad, la adhesión al registro será voluntaria y dispondrán de un plazo de dos años para incorporarse.
Excepciones y estándares internacionales
La iniciativa forma parte de la estrategia orientada a alinear la normativa argentina con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco del proceso de inserción del país en el comercio internacional previsto por el Decreto 70/2023.
La normativa contempla una excepción para las empresas que ya cuenten con las certificaciones internacionales ISO 37001, vinculada a sistemas de gestión antisoborno, o ISO 37301, referida a programas de cumplimiento normativo. En esos casos, no será necesario adherirse al RITE, aunque las compañías deberán comunicar formalmente esa condición al ente regulador para acreditar el cumplimiento de los estándares exigidos.
Qué es el RITE
El Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) fue creado en diciembre de 2022 como una plataforma digital de adhesión voluntaria destinada a promover programas de integridad en organizaciones públicas y privadas.
Actualmente reúne a más de 224 entidades, de las cuales más del 80% pertenecen al sector privado, y cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad bajo jurisdicción federal deberán incorporarse al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) en el plazo de un año, según una resolución publicada este jueves. La medida busca fortalecer las políticas de prevención de la corrupción y adecuar al sector a estándares internacionales de transparencia.
Un año para anotarse en un registro de integridad. Dos si la adhesión es voluntaria. La transparencia también tiene plazos administrativos y formularios, como si la ética esperara turno en una ventanilla.
El sector que lleva gas y electricidad a millones de personas ahora deberá demostrar, además, que los cables y los caños no transportan zonas grises. Es como descubrir que el matafuegos del edificio también necesita una revisión: nadie lo mira cuando todo funciona, pero todos preguntan por él cuando aparece el humo.
La resolución llega con un argumento que pesa más que cualquier discurso: existen causas judiciales vinculadas con la actividad regulada. El mensaje no apunta a un caso puntual sino al sistema. Si el tablero muestra luces de advertencia, la respuesta oficial es agregar más controles antes de que alguien vuelva a preguntar por qué saltó la térmica.
También hay una salida rápida para quienes ya hicieron la tarea. Las empresas con certificaciones internacionales contra el soborno o de cumplimiento normativo no deberán adherirse al registro, aunque sí tendrán que avisar formalmente que cumplen esos estándares. Hasta la transparencia pide constancia por escrito.
La iniciativa acompaña el objetivo de acercar la regulación argentina a los estándares internacionales mientras el país busca fortalecer su inserción en el comercio global. En el camino aparecen registros, certificaciones y resoluciones que prometen ordenar un terreno donde durante años sobraron expedientes y faltó confianza.
Porque en este país, a veces, la integridad también necesita sello, número de expediente y plazo de presentación.