La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar el decomiso de bienes heredados por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, dispuesto en el marco de la causa Vialidad.
La presentación judicial busca que el máximo tribunal revise las decisiones adoptadas por las instancias inferiores respecto de una serie de inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz que fueron transferidos por Néstor Kirchner y posteriormente por la propia exmandataria a sus hijos.
La defensa cuestiona el alcance del decomiso
En el escrito presentado ante la Corte, la defensa sostuvo que la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2 amplió de manera indebida el alcance de la sanción patrimonial.
Según argumentó, la medida permite que el decomiso recaiga sobre activos de origen lícito sin que exista una acreditación concreta de que dichos bienes constituyan producto o provecho de los delitos investigados.
“Se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”, señalaron los abogados.
La defensa rechazó específicamente el decomiso de 10 departamentos, dos viviendas y diversos terrenos ubicados en Río Gallegos y Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, sostuvo que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.
Los argumentos sobre el origen de las propiedades
Los representantes legales de la expresidenta remarcaron que los inmuebles fueron adquiridos por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner mediante operaciones legales y con recursos de origen lícito.
En ese sentido, afirmaron que las propiedades “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.
Además, insistieron en que tanto Máximo como Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa Vialidad, por lo que consideran improcedente incluir bienes actualmente bajo su titularidad dentro del proceso de decomiso.
Las decisiones de la Justicia
El Tribunal Oral Federal 2 había aceptado el planteo de la fiscalía e incorporó esos inmuebles al conjunto de activos sujetos a recupero por considerar que fueron adquiridos durante el período temporal analizado en la investigación.
Posteriormente, a fines de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión y ratificó que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando fueron transferidos a terceros o recibidos mediante herencia.
Los jueces señalaron que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.
Esa resolución dejó firme un decomiso superior a 684.000 millones de pesos y habilitó el avance de medidas destinadas a concretar el resarcimiento económico al Estado.
La decisión queda en manos de la Corte
En su nueva presentación, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner también argumentó que la medida afecta el derecho de propiedad y vulnera principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Asimismo, destacó que el Ministerio Público Fiscal mantiene facultades para identificar otros bienes que eventualmente puedan ser incorporados al recupero patrimonial establecido en la causa.
Con el recurso de queja ya ingresado, será ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de definir si revisa el caso y analiza nuevamente el alcance del decomiso dispuesto por los tribunales inferiores.
