El Gobierno pondrá en marcha desde el 1 de septiembre un nuevo sistema de homologación para celulares, routers, dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) y otros equipos de telecomunicaciones. La medida fue establecida por Enacom mediante la Resolución 57/2026 y busca modificar el proceso de certificación con la incorporación de agencias privadas reconocidas por el organismo.
A menos de dos meses de su entrada en vigencia, todavía persisten interrogantes sobre la implementación práctica del esquema, entre ellos qué empresas estarán habilitadas para certificar equipos, cuáles serán los costos del servicio, cómo se realizarán los controles posteriores y quién asumirá la responsabilidad técnica en caso de incumplimientos.
Cómo funcionará el nuevo sistema
La homologación verifica que un equipo cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias antes de ser fabricado, importado o comercializado en la Argentina. También tiene como finalidad evitar interferencias con otros servicios que utilizan el espectro radioeléctrico.
Hasta ahora, fabricantes e importadores debían presentar ante Enacom los ensayos realizados por laboratorios reconocidos y completar la inscripción en el Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones (Ramatel).
Con el nuevo régimen, las agencias privadas analizarán la documentación técnica y emitirán los certificados de conformidad necesarios para avanzar con la inscripción. Además, deberán realizar tareas de vigilancia para comprobar que los productos comercializados mantengan las condiciones con las que fueron aprobados.
Las certificadoras deberán contar con personería jurídica en el país y estar acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación bajo la norma internacional ISO/IEC 17065. Como transición, Enacom podrá otorgar un reconocimiento provisorio por un año a empresas que ya certifiquen productos bajo otros sistemas.
Otra modificación relevante establece que las nuevas inscripciones dejarán de renovarse cada tres años y pasarán a un esquema de vigilancia continua. Además, se habilita el registro de «familias de productos», permitiendo agrupar modelos con características técnicas similares dentro de un mismo trámite.
Los argumentos oficiales y las objeciones
Según Enacom, la actualización responde al crecimiento de la economía digital y a la expansión de los dispositivos inalámbricos, que volvieron insuficiente el régimen anterior.
En los fundamentos de la Resolución 57/2026, el organismo sostuvo que «la actualización del procedimiento de homologación contribuirá a fortalecer la competitividad del sector, abaratar costos, fomentar la inversión y promover la innovación tecnológica».
La intención oficial es ampliar la capacidad para procesar solicitudes, reducir la carga administrativa y permitir que Enacom concentre sus recursos en la definición de normas técnicas, la administración del espectro radioeléctrico y la fiscalización.
Sin embargo, la efectividad del esquema dependerá de la cantidad de agencias habilitadas y de las tarifas que cobren. Si el número de certificadoras resulta reducido, podrían generarse nuevos cuellos de botella o incrementarse los costos para fabricantes e importadores.
El Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec) cuestionó la reforma desde su publicación y presentó reclamos ante la intervención de Enacom.
El principal cuestionamiento apunta a la eliminación de la participación obligatoria del representante técnico matriculado, quien hasta ahora intervenía en la preparación, validación y presentación de la documentación.
Según la entidad, el nuevo régimen podría «incrementar los costos para los usuarios y empresas» y «concentrar la actividad en un número reducido de agencias certificadoras».
Además, sostuvo que «el representante técnico es una figura que durante más de 40 años ha garantizado la responsabilidad profesional, la trazabilidad técnica y la calidad de los procesos», y rechazó que las demoras del régimen anterior fueran responsabilidad de los profesionales o de los laboratorios de ensayo.
Copitec informó el 18 de mayo la presentación de una medida cautelar autónoma para solicitar la suspensión de la Resolución 57/2026, tras lo que describió como «reiterados pedidos formales sin respuesta». No obstante, hasta el momento no existe una resolución judicial que suspenda la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Cambios para el comercio electrónico
La reforma también incorpora obligaciones para las tiendas digitales y las plataformas de comercio electrónico. Las publicaciones de los equipos alcanzados por la norma deberán exhibir el número de inscripción en Ramatel asignado por Enacom.
La exigencia alcanzará tanto a los proveedores que comercialicen productos en sus propios sitios web como a los portales que intermedian entre compradores y vendedores.
Para los consumidores, ese número permitirá verificar que el modelo se encuentra habilitado para su comercialización en el país. En paralelo, las plataformas deberán adaptar sus sistemas de carga y control para cumplir con el nuevo requisito.
La normativa prevé que Enacom coordine parte de las tareas de fiscalización con la Secretaría de Industria y Comercio y contempla la aplicación de sanciones regulatorias y comerciales para quienes ofrezcan productos sin la inscripción correspondiente.
Uno de los aspectos que aún genera interrogantes es cómo se verificará la autenticidad de los números publicados y cuál será la responsabilidad de las plataformas cuando un vendedor informe un registro incorrecto o correspondiente a otro modelo.
Hasta el 1 de septiembre continuará vigente el sistema actual de homologación. Las inscripciones ya otorgadas conservarán su validez durante tres años, mientras que los laboratorios reconocidos dispondrán de un plazo de dos años para adecuarse a las nuevas exigencias.
Las homologaciones emitidas bajo el nuevo esquema no tendrán vencimiento, siempre que no se modifiquen las características técnicas originales de los equipos. En ese contexto, el desafío inmediato será completar el reconocimiento de las agencias privadas y desarrollar las herramientas informáticas necesarias para sostener el nuevo procedimiento.
