La Secretaría de Seguridad de San Juan avanza en un proceso de modernización destinado a integrar cámaras privadas al sistema provincial de vigilancia. La propuesta contempla la participación de barrios cerrados, comercios y parques industriales mediante una conexión con el CISEM y la Policía.
El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó que el acceso a los dispositivos requerirá siempre la autorización del propietario. Ante un hecho puntual, el dueño podrá habilitar de manera remota la visualización de las imágenes solicitadas por las autoridades.
Delgado señaló que «esa autorización la da en base a los fundamentos dados por la seguridad» y agregó que el acceso se producirá «automáticamente desde un OK en el teléfono».
En el caso de los parques industriales, el proyecto prevé que las cámaras exteriores estén «enlazadas directamente con el sistema» y sean controladas mediante el programa Prisma, con el objetivo de proteger tanto a las empresas como a las comunidades cercanas.
Centros móviles, drones y monitoreo territorial
Como complemento de la red de cámaras, el Gobierno provincial analiza incorporar unidades tecnológicas de despliegue rápido. La intención es contar con centros de operaciones móviles capaces de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en distintos puntos del territorio.
Delgado afirmó que «queremos ir a cuatro COE móviles, que son los camiones que tengan toda la tecnología con dos drones cada uno».
El funcionario reconoció que actualmente los recursos son limitados y que la prioridad está concentrada en la adquisición de cámaras fijas. Sin embargo, consideró que los centros móviles representan un paso necesario para el futuro del sistema de seguridad.
La estrategia se apoya en Prisma, definido por Delgado como «un programa integral de seguridad y monitoreo activo». La herramienta apunta a transformar las casillas policiales en puestos desde los cuales un efectivo pueda supervisar entre 15 y 20 cámaras de su zona en tiempo real.
Según el secretario, este esquema permitiría que la respuesta sea «mucho más inmediata que la de hoy del CISEM».
Delgado también explicó que la inversión tecnológica es elevada por las exigencias necesarias para que las grabaciones puedan incorporarse a una causa judicial.
En ese sentido, aclaró que «la tecnología es cara porque no es solamente monitorear y que suceda un hecho y grabarlo», sino que debe incluir un software que garantice que las imágenes no hayan sido alteradas y puedan utilizarse como prueba.
Presos federales y tobilleras electrónicas
El funcionario también se refirió al conflicto por el alojamiento de presos federales y a la deuda que mantiene el Gobierno nacional con San Juan por el sostenimiento de esos internos.
Delgado recordó que al comenzar la gestión «lo que Nación pagaba eran 376 pesos por día por interno federal», un monto que consideró meramente simbólico frente a los costos reales de alojamiento, alimentación y custodia.
El plan oficial busca que el Servicio Penitenciario Provincial asuma la custodia de todos los detenidos y que los efectivos policiales dejen de cumplir esa función para concentrarse en tareas preventivas.
Entre las alternativas propuestas aparecen las tobilleras electrónicas para personas con condenas cortas y la creación de unidades estratégicas en departamentos como Iglesia o Jáchal destinadas a internos considerados de baja peligrosidad.
Vacantes y agilización administrativa
En relación con los procedimientos internos, Delgado descartó modificaciones en la ley de contabilidad, aunque remarcó la necesidad de «optimizar los tiempos de procesamiento de los expedientes» para acelerar las compras urgentes del área.
Respecto de las vacantes previstas para el próximo año, el secretario condicionó los nuevos ingresos a la disponibilidad presupuestaria de la Provincia.
De todos modos, estimó que «la máxima va a ser las vacantes producidas en el año pasado», lo que representaría aproximadamente 130 incorporaciones entre agentes y oficiales para la Policía y otras 40 para el Servicio Penitenciario.
La propuesta combina vigilancia privada autorizada, monitoreo policial, drones, dispositivos electrónicos y una reorganización penitenciaria, con el objetivo de ampliar la capacidad preventiva y mejorar los tiempos de respuesta en toda la provincia.
