La diputada nacional Lilia Lemoine presentó una denuncia judicial tras el episodio ocurrido durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde aseguró haber sido insultada, escupida y amedrentada por una mujer mientras participaba de las actividades oficiales.
La denuncia y el pedido de medidas de protección
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rioja y Buenos Aires, en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera. Según el registro audiovisual que se difundió en redes sociales, una mujer se acercó a la legisladora y le gritó: «Tomátela de acá».
De acuerdo con la presentación realizada por Lemoine, la situación incluyó además una agresión física que, según sostuvo, no quedó registrada con claridad en los videos que circularon públicamente.
La diputada informó posteriormente, mediante un video publicado en sus redes sociales, que la Justicia dispuso una medida de protección a su favor. Además, busca que se impongan otras restricciones, entre ellas una prohibición de acercamiento respecto de la mujer denunciada.
En ese mismo mensaje, Lemoine calificó a la denunciada como una «militante feminista peronista que la escupió y la amedrentó», descripción con la que también fundamentó su presentación judicial.
Un episodio en medio de un fuerte operativo
El incidente ocurrió durante una jornada que contó con un importante despliegue de seguridad en torno a las actividades oficiales desarrolladas en Rosario por el Gobierno nacional.
A pesar de la presencia de fuerzas federales y del operativo montado en los alrededores del Monumento Nacional a la Bandera, la legisladora fue abordada por la mujer que luego quedó denunciada ante la Justicia.
El debate que volvió a instalarse
El caso reavivó la discusión sobre los límites entre el hostigamiento a funcionarios públicos y el derecho de los ciudadanos a expresar su rechazo en el espacio público.
Mientras la legisladora sostiene que fue víctima de una agresión que justificó la intervención judicial, el episodio también generó un debate acerca del alcance de las medidas de protección frente a manifestaciones de descontento durante actividades oficiales.
La diputada nacional Lilia Lemoine denunció judicialmente a una mujer que la increpó durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario. La legisladora sostiene que fue insultada, escupida y amedrentada, por lo que solicitó medidas de protección, entre ellas una restricción de acercamiento. El episodio reabrió el debate sobre los límites entre el hostigamiento y la protesta en el espacio público.
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Zappo te lo cuenta
La política argentina ya dejó atrás esa vieja costumbre de discutir proyectos de ley. Ahora la unidad de medida institucional es el escupitómetro. Cada acto oficial tiene más cámaras que un reality show y menos sorpresas que un tráiler de Netflix: aparece un funcionario, aparece alguien gritándole, aparecen veinte celulares filmando y, antes de que termine el himno, ya hay una guerra civil declarada en X.
Rosario fue el escenario de un nuevo capítulo de la superproducción nacional «Todos contra todos». Con vallados, fuerzas federales, protocolos, custodios y un operativo de seguridad digno de proteger el Área 51, el enemigo terminó siendo una bicicleta y una ciudadana con bronca. La inflación podrá subir o bajar; lo que jamás pierde cotización es el escrache convertido en contenido viral.
La escena tiene una eficiencia admirable. Nadie escucha el discurso, nadie recuerda el acto patrio y nadie habla de la bandera. El algoritmo detecta un insulto, una discusión, un escupitajo denunciado y automáticamente el patriotismo pasa a segundo plano. El Monumento queda reducido a escenografía mientras las redes sociales producen más jueces que los tribunales y más peritos que la Policía Científica.
Después llega la segunda temporada: la denuncia judicial. Porque en la Argentina ya no alcanza con discutir en la calle; hay que seguir la pelea en Comodoro Py, en televisión, en TikTok, en Instagram y en cada programa político donde veinte personas hablan al mismo tiempo para explicar un video de quince segundos. El expediente se convierte en contenido premium y cada resolución judicial dura exactamente hasta que aparece el próximo escándalo nacional, aproximadamente unas cuatro horas más tarde.
Mientras tanto, el ciudadano promedio contempla el espectáculo preguntándose si todavía queda algún rincón del país donde un acto patrio termine hablando de Belgrano y no de tendencias, denuncias, perimetrales, hashtags y conferencias improvisadas frente a un celular. Por ahora, la respuesta parece estar en trámite.
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