La Corte Suprema de Justicia confirmó la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad y rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. De este modo, el monto pasó de $84.835.227.378,04 a $684.990.350.139,86, cifra que deberá ser afrontada de manera solidaria por todos los condenados.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos de nulidad y los recursos contra la ejecución patrimonial. El proceso ya contempla la tasación de parte de los 111 bienes alcanzados por la medida.
Cómo se determinó el monto actualizado
El 6 de diciembre de 2022, luego de casi tres años de juicio oral, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa vinculada con 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz.
En esa misma sentencia también fueron condenados Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios provinciales.
El tribunal estableció entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los perjuicios ocasionados al Estado, con la previsión de que la cifra fuera actualizada una vez que la condena quedara firme.
La confirmación judicial
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena el 13 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas y también el del Ministerio Público Fiscal, que pretendía agravar las condenas por asociación ilícita, dejando firme la sentencia y ordenando la detención de los condenados.
Tras esa decisión, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con participación de especialistas de las defensas y de la fiscalía, actualizó el decomiso utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. El resultado fue un monto de $684.990.350.139,86.
Los planteos rechazados
La defensa de Fernández de Kirchner, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto fijado originalmente era provisorio y cuestionó la utilización del IPC como mecanismo de actualización.
Por su parte, la defensa de Lázaro Báez, encabezada por Yanina Nicoletti, planteó que el tribunal competente para ejecutar el decomiso debía ser el Tribunal Oral Federal N°4, que lo condenó en la causa «Ruta del Dinero K», y no el Tribunal Oral Federal N°2.
La Corte Suprema rechazó ambos recursos por considerarlos «inadmisibles», en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dejando firme la actualización del decomiso y la continuidad de su ejecución.
La Corte Suprema rechazó los planteos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez y confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad. El monto que deberán afrontar solidariamente todos los condenados pasó de casi $85.000 millones a **$684.990 millones**, tras su actualización por el índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
$685.000 millones. Esa es la cifra que la Justicia ratificó como decomiso en la causa Vialidad. Un número tan grande que deja de parecer plata y empieza a sonar como el presupuesto de una ciudad mediana o la cantidad de veces que alguien prometió que ahora sí se terminaban las discusiones judiciales.
La actualización se hizo con el IPC del INDEC y la Corte no quiso discutir ni el método ni los planteos de nulidad. Cuando llegó el expediente al máximo tribunal, la respuesta fue un artículo 280. Traducido al castellano: puerta cerrada y siga el trámite. Más seco que un trámite en ventanilla cuando faltó una fotocopia.
Mientras tanto, la ejecución patrimonial avanza sobre parte de los 111 bienes alcanzados por la medida. La discusión dejó de ser únicamente cuánto era el decomiso para convertirse en cuánto vale hoy. La inflación, esa invitada permanente de la economía argentina, también terminó sentándose en la mesa de los expedientes judiciales.
Las defensas cuestionaron la actualización, la competencia del tribunal y el carácter del monto fijado originalmente. Ninguno de esos argumentos prosperó. La Corte ratificó la decisión y mantuvo vigente el criterio aplicado por las instancias anteriores.
En Argentina hasta las condenas necesitan actualización por inflación. El expediente también tuvo que sacar cuentas con la calculadora.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Corte Suprema de Justicia confirmó la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad y rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. De este modo, el monto pasó de $84.835.227.378,04 a $684.990.350.139,86, cifra que deberá ser afrontada de manera solidaria por todos los condenados.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos de nulidad y los recursos contra la ejecución patrimonial. El proceso ya contempla la tasación de parte de los 111 bienes alcanzados por la medida.
Cómo se determinó el monto actualizado
El 6 de diciembre de 2022, luego de casi tres años de juicio oral, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa vinculada con 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz.
En esa misma sentencia también fueron condenados Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios provinciales.
El tribunal estableció entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los perjuicios ocasionados al Estado, con la previsión de que la cifra fuera actualizada una vez que la condena quedara firme.
La confirmación judicial
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena el 13 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas y también el del Ministerio Público Fiscal, que pretendía agravar las condenas por asociación ilícita, dejando firme la sentencia y ordenando la detención de los condenados.
Tras esa decisión, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con participación de especialistas de las defensas y de la fiscalía, actualizó el decomiso utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. El resultado fue un monto de $684.990.350.139,86.
Los planteos rechazados
La defensa de Fernández de Kirchner, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto fijado originalmente era provisorio y cuestionó la utilización del IPC como mecanismo de actualización.
Por su parte, la defensa de Lázaro Báez, encabezada por Yanina Nicoletti, planteó que el tribunal competente para ejecutar el decomiso debía ser el Tribunal Oral Federal N°4, que lo condenó en la causa «Ruta del Dinero K», y no el Tribunal Oral Federal N°2.
La Corte Suprema rechazó ambos recursos por considerarlos «inadmisibles», en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dejando firme la actualización del decomiso y la continuidad de su ejecución.
La Corte Suprema rechazó los planteos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez y confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad. El monto que deberán afrontar solidariamente todos los condenados pasó de casi $85.000 millones a **$684.990 millones**, tras su actualización por el índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC.
$685.000 millones. Esa es la cifra que la Justicia ratificó como decomiso en la causa Vialidad. Un número tan grande que deja de parecer plata y empieza a sonar como el presupuesto de una ciudad mediana o la cantidad de veces que alguien prometió que ahora sí se terminaban las discusiones judiciales.
La actualización se hizo con el IPC del INDEC y la Corte no quiso discutir ni el método ni los planteos de nulidad. Cuando llegó el expediente al máximo tribunal, la respuesta fue un artículo 280. Traducido al castellano: puerta cerrada y siga el trámite. Más seco que un trámite en ventanilla cuando faltó una fotocopia.
Mientras tanto, la ejecución patrimonial avanza sobre parte de los 111 bienes alcanzados por la medida. La discusión dejó de ser únicamente cuánto era el decomiso para convertirse en cuánto vale hoy. La inflación, esa invitada permanente de la economía argentina, también terminó sentándose en la mesa de los expedientes judiciales.
Las defensas cuestionaron la actualización, la competencia del tribunal y el carácter del monto fijado originalmente. Ninguno de esos argumentos prosperó. La Corte ratificó la decisión y mantuvo vigente el criterio aplicado por las instancias anteriores.
En Argentina hasta las condenas necesitan actualización por inflación. El expediente también tuvo que sacar cuentas con la calculadora.