La Inspección General de Justicia (IGJ) implementó una reforma integral para la presentación de estados contables mediante la Resolución General 9/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa elimina buena parte de los requisitos burocráticos que durante años debieron afrontar sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones, trasladando el procedimiento casi por completo al entorno digital.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que se trata de uno de los procesos de simplificación administrativa más relevantes de los últimos años, con el objetivo de reducir tiempos, costos y cargas documentales sin afectar los mecanismos de control del organismo.
Qué cambia con el nuevo régimen
Durante décadas, cada presentación ante la IGJ implicó la utilización de soportes magnéticos, formularios impresos, certificaciones notariales, legalizaciones profesionales, firmas ológrafas y múltiples gestiones presenciales. La nueva resolución elimina gran parte de esas exigencias y establece un esquema digital para la presentación de la documentación.
Entre las principales modificaciones se destacan:
- Eliminación del soporte magnético para presentar balances.
- Supresión de las declaraciones juradas impresas.
- Fin de la obligación de presentar firmas ológrafas legalizadas.
- Eliminación de las copias físicas firmadas por separado.
- Desaparición del soporte óptico para inventarios.
- Supresión de la obligación de reiterar en cada presentación los datos personales completos de las autoridades societarias.
La documentación podrá presentarse mediante sistemas digitales utilizando firmas electrónicas, reduciendo los costos administrativos y simplificando la gestión de los expedientes.
Impacto para empresas y organizaciones
La reforma también modifica el trabajo cotidiano de estudios contables y profesionales dedicados a la actividad societaria. Entre otros cambios, desaparece el software específico que exigía la propia IGJ para cargar información y el sistema pasa a ser interoperable con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Las asociaciones civiles de menor tamaño también resultan alcanzadas por la simplificación. En lugar de confeccionar estados contables completos, podrán presentar un cuadro simplificado de recursos y gastos, beneficiando especialmente a clubes de barrio, centros de jubilados, bibliotecas populares, comedores comunitarios y otras entidades de menor estructura administrativa.
Además, la normativa reorganiza las categorías de asociaciones civiles utilizando como criterio sus ingresos anuales, con un régimen más sencillo para las organizaciones de menor dimensión.
Las fundaciones también verán reducidas sus cargas administrativas. La documentación que anteriormente debía presentarse en distintas etapas se concentrará en un único acto posterior a la aprobación del Consejo de Administración.
Modernización contable y nuevos plazos
La resolución incorpora además modificaciones técnicas relevantes para la elaboración de los estados contables. Entre ellas figuran la derogación de la denominada «Memoria ampliada», la posibilidad de utilizar Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la actualización del Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el Estado de Flujos de Efectivo y la eliminación de referencias a normas técnicas que ya habían sido derogadas.
En cuanto a los plazos, las sociedades comprendidas y no comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades deberán presentar sus estados contables dentro de los 15 días posteriores a la asamblea que los apruebe.
Las asociaciones civiles de menor categoría dejarán de confeccionar legajos preasamblearios y presentarán la documentación una vez realizada la asamblea. Las fundaciones, por su parte, concentrarán sus obligaciones en una única presentación anual.
La normativa también incorpora la utilización de la Clave Fiscal de ARCA con efectos de firma electrónica, profundizando la digitalización de los procedimientos registrales.
En los fundamentos de la resolución, la IGJ sostiene que el propósito de la reforma no consiste en reducir controles, sino en eliminar cargas administrativas que dejaron de cumplir una función útil. El organismo considera que exigir documentación presencial cuando puede verificarse digitalmente implica imponer costos innecesarios a quienes deben cumplir con las obligaciones registrales.
La resolución redefine además el papel del organismo al señalar que los registros públicos deben funcionar como herramientas ágiles destinadas a brindar publicidad y seguridad jurídica, evitando transformarse en obstáculos burocráticos para la actividad económica.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida a través de la red social X, donde destacó la eliminación de requisitos que calificó como innecesarios y enumeró las principales modificaciones introducidas por la Resolución General 9/2026.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, la IGJ busca consolidar un sistema registral plenamente digital, con procedimientos más ágiles y menores costos administrativos para empresas, fundaciones y asociaciones civiles.
