El fiscal federal Federico Iuspa solicitó la elevación a juicio oral de siete personas acusadas de integrar una organización dedicada a extorsionar a hombres contactados mediante aplicaciones de citas. Además, requirió que dos de los presuntos líderes de la banda sean juzgados por instigación al suicidio en el caso del soldado Rodrigo Gómez, quien murió en diciembre de 2025 en la Quinta Presidencial de Olivos.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro ante el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción. De acuerdo con la acusación, la organización habría cometido tres hechos de extorsión entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año.
Las extorsiones investigadas
Según la fiscalía, en el caso de Gómez la víctima transfirió $1.413.000 el 15 de diciembre a dos cuentas de Mercado Pago. En otro episodio, un hombre envió $15.000 el 26 de diciembre, mientras que una tercera víctima depositó $116.000 entre el 22 y el 28 de ese mismo mes.
La investigación sostiene que la organización era liderada por T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, quienes se encontraban alojados en la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. También fueron señalados como integrantes del grupo K.M.S.P., de 28 años, posteriormente trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, junto con I.A.C., de 23 años; K.Y.C., de 25; E.Y.T., de 36; y C.A.M., de 24.
Para el Ministerio Público Fiscal, las cuatro mujeres imputadas cumplían funciones logísticas esenciales para el funcionamiento de la estructura. Entre otras tareas, facilitaban cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero obtenido y aportaban chips telefónicos utilizados por los internos para realizar llamadas desde los establecimientos penitenciarios.
La investigación tras la muerte de Rodrigo Gómez
La causa se inició el 16 de diciembre de 2025, luego de que fuera hallado sin vida Rodrigo Gómez en una garita de la residencia presidencial de Olivos. El joven, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta explicando los motivos de su decisión.
A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, los investigadores reconstruyeron la modalidad atribuida a la organización e identificaron a sus presuntos integrantes.
De acuerdo con la acusación, el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas para contactar potenciales víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp. Posteriormente, las personas recibían un audio de alguien que se presentaba como la madre de la supuesta joven y afirmaba que esta era menor de edad.
Bajo ese argumento, se advertía sobre una eventual denuncia penal. Después intervenía otra persona que, según la investigación, se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utilizando la identidad de un efectivo real. A través de llamadas telefónicas exigía transferencias de dinero para evitar la supuesta denuncia y “ayudar con la situación”.
Los delitos atribuidos
Por disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado, el 9 de febrero se realizaron siete allanamientos: tres en unidades penitenciarias y cuatro en domicilios del conurbano bonaerense. Como resultado de esos procedimientos quedaron detenidas las cuatro mujeres investigadas.
Posteriormente, la defensa de tres imputadas solicitó sus excarcelaciones. El fiscal Iuspa se opuso al planteo al considerar que la gravedad de los hechos, la existencia de múltiples damnificados, el desenlace fatal de una de las víctimas y la posible afectación de intereses federales permitían presumir riesgos procesales. La magistrada rechazó el pedido.
Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por asociación ilícita agravada en carácter de jefes y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, requirió que respondan por el delito de instigación al suicidio de Gómez, figura que prevé penas de entre uno y cuatro años de prisión.
Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., el requerimiento fiscal plantea que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión atribuidos a la organización.
En su presentación, Iuspa sostuvo que “Las conductas desplegadas por la banda de F., evaluadas objetivamente, demuestran claramente el conocimiento sobre la finalidad ilícita de la organización y su pluralidad de integrantes”.
Asimismo, señaló que T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. eran “compañeros de encierro, que, a su vez, se servían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para recibir y reconducir el dinero de las extorsiones que obtenían con su accionar ilegal”.
El fiscal también afirmó: “Estos elementos ponen de manifiesto que los encausados mantenían una relación estable y organizada con fines delictivos, y que actuaban bajo un plan común y previamente diseñado (explicado con lujo de detalles por F.), en el cual alternaban roles pero mantenían inalterable la metodología extorsiva”.
