El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó formalmente al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que justifique el origen de una parte de su patrimonio, en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
El requerimiento fue firmado el 10 de agosto de 2026 y presentado ante el juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal N.º 4. El documento consta de 207 fojas y reúne 20 puntos con inconsistencias detectadas a lo largo de la investigación.
Adorni dispone de 15 días para justificar la procedencia del incremento patrimonial registrado entre el 14 de diciembre de 2023, cuando comenzó a desempeñarse como funcionario del gobierno de Javier Milei, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que renunció a la Jefatura de Gabinete.
La intimación comprende bienes, gastos y operaciones efectuados personalmente o a través de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Con la información disponible, esto no implica que Angeletti haya recibido una intimación independiente en los mismos términos.
El requerimiento constituye una instancia prevista dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito. No equivale a una citación a declaración indagatoria ni significa que Adorni haya sido procesado. En caso de que sus explicaciones sean consideradas insuficientes, la Fiscalía podría solicitar que sea citado a indagatoria.
La diferencia entre ingresos y gastos
Según el análisis patrimonial incorporado al expediente, los ingresos comprobados de Adorni y Angeletti durante el período investigado ascendieron a $229.752.283,20, mientras que los gastos reconstruidos alcanzaron los $272.820.832,20.
La diferencia entre ambas cifras es de $43.068.549.
La investigación también identificó adquisiciones y desembolsos por US$402.578,12 cuya procedencia y trazabilidad no encontraron, hasta el momento, una explicación documental suficiente.
Ese monto no corresponde exclusivamente a compras o refacciones de inmuebles. Comprende distintos gastos analizados por la Fiscalía, entre ellos operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, viajes y otros desembolsos.
Entre los puntos que deberá responder Adorni figura la procedencia de los dólares en efectivo informados en sus declaraciones juradas, además de las fechas, montos y trazabilidad bancaria o bursátil de esas divisas.
También deberá aportar información sobre el capital con el que comenzó a operar con criptoactivos y los rendimientos atribuidos a esas inversiones, así como explicar las diferencias entre sus declaraciones juradas originales y las rectificativas.
La Fiscalía reclama además documentación relacionada con la compra y las refacciones de la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Caballito y los pagos efectuados en efectivo por obras y mobiliario.
El requerimiento incluye, además, viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas escolares y consumos con tarjetas, junto con la intervención reiterada de terceras personas en compras o pagos de los que Adorni habría sido beneficiario.
Otro de los puntos apunta a comprobantes y facturas que los investigadores no pudieron relacionar con movimientos bancarios, tarjetas o plataformas de pago.
Respecto de los activos virtuales, la investigación busca establecer el origen del capital utilizado luego de que esos bienes fueran incorporados mediante declaraciones juradas rectificativas. Las versiones sobre eventuales compras de divisas fuera del mercado formal corresponden a otro aspecto y no deben confundirse con las operaciones con criptoactivos.
Caballito e Indio Cuá, bajo análisis
Uno de los principales bienes examinados es un departamento de aproximadamente 200 metros cuadrados con cochera ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito. La propiedad fue escriturada el 18 de noviembre de 2025 por US$230.000, con titularidad compartida entre Adorni y Angeletti.
La operación incluyó una hipoteca privada por US$200.000 a favor de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, identificadas públicamente como acreedoras.
Una de ellas negó, ante una consulta periodística, conocer a Adorni y haberle prestado dinero. Esa manifestación, sin embargo, no constituye una declaración judicial ni permite sostener que ambas acreedoras hayan desconocido formalmente toda la operación.
La investigación también comprende la propiedad correspondiente al lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El inmueble fue adquirido en noviembre de 2024 a nombre de Angeletti por un valor declarado de US$120.000.
El contratista Matías Tabar declaró como testigo que Adorni le habría pagado US$245.000 en efectivo por las refacciones y que no se emitió una factura por la totalidad del trabajo.
El entorno del entonces funcionario negó que las obras hubieran alcanzado ese costo y anticipó que solicitaría una pericia. Por ese motivo, la cifra de US$245.000 corresponde al testimonio del contratista y no constituye un monto definitivamente probado dentro del expediente.
Las medidas abarcan además un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco, que Adorni y su esposa ya poseían, y otro inmueble en La Plata que el exfuncionario declaró haber recibido mediante una donación familiar.
Cómo se inició la investigación y qué puede ocurrir
La causa se activó en marzo de 2026, después de denuncias y publicaciones periodísticas vinculadas con la evolución patrimonial de Adorni, sus operaciones inmobiliarias y determinados viajes.
El 27 de marzo, Pollicita impulsó formalmente la acción penal y solicitó distintas medidas de prueba. Posteriormente fueron incorporadas al expediente declaraciones juradas, información bancaria, fiscal y registral, datos de viajes, consumos y activos virtuales.
Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete el 27 de junio de 2026, en medio del desgaste político generado por la investigación. En su carta de renuncia sostuvo que tenía la conciencia tranquila y que demostraría su posición ante la Justicia.
Hasta el 10 de agosto, Adorni se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero no fue condenado ni procesado por ese delito. La Fiscalía le requirió ahora que justifique su evolución patrimonial dentro del plazo informado de 15 días, una vez formalizada la notificación correspondiente.
Si las explicaciones y la documentación aportadas resultan insuficientes, Pollicita podría solicitar que sea citado a declaración indagatoria. La decisión sobre una eventual convocatoria corresponde al juez Ariel Lijo.
En cuanto a su domicilio, en marzo de 2026 Adorni reconoció públicamente que vivía en Caballito. No existe información pública suficientemente sólida y reciente para determinar si continúa residiendo allí después de su renuncia.
