El presidente Javier Milei anunció que impulsará una reforma tributaria antes de 2027, con el objetivo de reducir la presión impositiva sin resignar el equilibrio fiscal. Entre las medidas en estudio figuran la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una modificación del régimen para personas humanas, cambios en el IVA y la eliminación gradual del impuesto a los débitos y créditos bancarios.
La iniciativa es analizada desde el inicio de la gestión en los despachos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según fuentes vinculadas al diseño del proyecto, hasta ahora las prioridades fiscales y la situación política habían demorado su tratamiento.
«El objetivo de la reforma tributaria es que los impuestos influyan lo menos posible en las decisiones económicas, nivelando la carga para quienes estén en igual situación y evitando tratamientos distorsivos», señalaron fuentes cercanas a la elaboración de la propuesta.
Ganancias: baja para empresas y cambios para personas
En el caso de las sociedades, el Gobierno apunta a reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25%, equiparándola con la prevista en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para las personas humanas, el enfoque será diferente. Según las fuentes consultadas, la intención es avanzar hacia un esquema más simple y previsible, dejando atrás la multiplicidad de deducciones específicas.
«Se trabaja en una generalización de la base para personas humanas, pero compensada con un incremento de pocas deducciones y una revisión de las alícuotas», indicaron.
Entre los principales ejes de la reforma figuran:
• Generalización de la base imponible, buscando que alcance a un universo más amplio de contribuyentes.
• Menor cantidad de deducciones, con un esquema simplificado que reduzca la complejidad administrativa.
IVA e impuesto al cheque
Las fuentes recordaron que ya se avanzó con la eliminación de algunos tributos de baja recaudación, como el ITI sobre transferencia de inmuebles, además de modificaciones en impuestos internos y la derogación de Ganancias sobre determinados alquileres y ventas de inmuebles.
Uno de los objetivos centrales de la futura reforma será eliminar progresivamente el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El mecanismo que se evalúa consiste en permitir que pueda computarse de manera creciente como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias hasta alcanzar el 100% y, posteriormente, su eliminación.
En materia de IVA, la propuesta contempla avanzar primero hacia una alícuota uniforme, reemplazando el esquema actual de 10,5%, 21% y 27%, junto con la eliminación de distintas exenciones. Posteriormente, se analiza la posibilidad de reducir la tasa general al 19% o incluso al 18%, siempre que la situación fiscal lo permita.
Además, continúa bajo análisis un esquema de IVA dual, con una parte destinada a la Nación y otra a las provincias, aunque esa alternativa todavía no tendría una definición política.
Monotributo, provincias y gasto tributario
El Gobierno ratifica que no prevé modificar el Monotributo, pese a las observaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. El organismo sostiene que el régimen genera diferencias importantes respecto del sistema general, reduce la recaudación y desalienta el crecimiento de empresas que buscan evitar un salto brusco de carga tributaria.
Desde la Casa Rosada rechazaron esa postura y sostuvieron que incrementar la presión sobre los monotributistas «no está en la ideología del Presidente». También defendieron los actuales topes de facturación establecidos tras la Ley Bases y el paquete fiscal.
En paralelo, el Ejecutivo buscará negociar un nuevo pacto fiscal con las provincias para que Ingresos Brutos y las tasas municipales reduzcan gradualmente su peso sobre la actividad económica.
La modificación de la Ley de Coparticipación Federal, en cambio, aparece como un objetivo de más largo plazo debido a que requiere el acuerdo de todas las provincias.
Respecto del denominado gasto tributario, el Gobierno sostiene que las exenciones impositivas deben contar con plazos determinados y responder a objetivos específicos de política pública.
«Cualquier modificación tributaria es una política pública que tiene un costo, ya sea como gasto directo o como «gasto tributario» por recaudación perdida. El criterio rector es que estas políticas deben cumplirse siempre que no entorpezcan el equilibrio financiero del país», señalaron.
La intención oficial es que los cambios vinculados al Impuesto a las Ganancias, el IVA y el impuesto al cheque comiencen a debatirse durante 2026, ya sea mediante una única ley integral o a través de proyectos escalonados.
