El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina S.A. para el desarrollo unificado de los proyectos Josemaría y Filo del Sol comenzó este jueves su recorrido institucional en la Cámara de Diputados. En paralelo, el diputado del Frente Renovador Franco Aranda presentó un proyecto destinado a corregir una inconsistencia técnica de la legislación provincial sobre regalías mineras.
La iniciativa ingresó durante la octava sesión ordinaria de la Cámara y busca modificar un artículo de la Ley de Regalías N° 716-M que, según advirtió el legislador, contiene una referencia normativa incorrecta para determinar el valor Boca Mina sobre el que se calcula la regalía.
El tratamiento del acuerdo con Vicuña continuará este viernes 14 de agosto, cuando concurrirán al recinto los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez; de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quienes expondrán sobre los términos del convenio.
El aporte de US$ 250 millones previsto en el acuerdo
El entendimiento enviado por el Poder Ejecutivo contempla un desembolso único, inicial y diferenciado de US$ 250 millones por parte de la empresa minera, bajo el concepto de “Aporte DIA Fijo”.
Según el acuerdo, los fondos estarán disponibles a partir del 20 de diciembre de 2026 y serán canalizados mediante un fideicomiso público administrado por la provincia.
El dinero tendrá como destino exclusivo el financiamiento de obras de infraestructura vial, hídrica, energética, urbana, social y productiva que tengan vinculación directa o indirecta con el Proyecto Vicuña.
El aporte no será compensable con regalías futuras y permitirá, según los términos del acuerdo, cancelar de manera anticipada las obligaciones vinculadas con obras tradicionales exigidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental.
La referencia legal que Aranda busca corregir
En este contexto, Aranda planteó la necesidad de corregir una inconsistencia que, según explicó, arrastra la Ley de Regalías N° 716-M.
El artículo 8° de esa norma establece una regalía del 3% sobre el valor Boca Mina del mineral extraído. Sin embargo, el mismo artículo dispone que ese valor debe calcularse de acuerdo con la Ley Provincial N° 619-L.
El problema señalado por el legislador es que la Ley N° 619-L corresponde al régimen provincial de fomento para Bosques Cultivados y no a la actividad minera.
De acuerdo con Aranda, la referencia habría surgido de un error material durante la consolidación del Digesto Jurídico Provincial. De mantenerse la redacción actual, la norma establece formalmente una referencia que no corresponde al cálculo de las regalías sobre minerales de primera categoría, entre ellos cobre, oro y plata.
Qué propone el proyecto
El proyecto presentado por Aranda lleva el título de “Ley de saneamiento y seguridad jurídica de regalías mineras” y plantea modificar el artículo 8° para corregir la referencia normativa.
La propuesta mantiene sin cambios la alícuota del 3% y apunta exclusivamente a establecer el marco legal correcto para determinar el valor Boca Mina.
El texto propone utilizar como referencia la Ley Provincial N° 459-M, correspondiente a la adhesión de San Juan a la Ley Nacional de Inversiones Mineras N° 24.196.
Aranda advirtió que la inconsistencia puede generar riesgos jurídicos para la provincia, especialmente frente a proyectos de inversión de gran escala que se desarrollen bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según el planteo del diputado, una empresa operadora podría eventualmente cuestionar judicialmente el mecanismo de cálculo de las regalías amparándose en la literalidad de la legislación vigente, lo que podría poner en discusión la base utilizada para determinar esos recursos provinciales.
La iniciativa fue girada a comisión para su análisis y tratamiento.
No es la primera vez que Aranda intenta modificar la normativa vinculada con las regalías mineras. El legislador ya había presentado anteriormente una modificación de la Ley 730-M, aunque aquella iniciativa no llegó a ser tratada por la Cámara.
En la previa del tratamiento legislativo del acuerdo entre San Juan y Vicuña Argentina S.A., el diputado Franco Aranda presentó un proyecto para corregir un error técnico de la Ley de Regalías N° 716-M. La norma vigente remite a una legislación sobre bosques cultivados para calcular el valor Boca Mina, mientras la iniciativa busca mantener el 3% y establecer la referencia legal correspondiente.
San Juan cobra regalías mineras y, según advirtió un diputado, la ley que indica cómo calcularlas manda a mirar una norma sobre árboles. El detalle apareció justo cuando la provincia se prepara para debatir un acuerdo minero de gran escala con Vicuña Argentina S.A., porque hasta las grandes inversiones pueden tropezar con una cita legal mal puesta.
El problema está en el artículo 8° de la Ley de Regalías N° 716-M. Allí se establece una regalía del 3% sobre el valor Boca Mina, pero se indica que ese cálculo debe hacerse según la Ley Provincial N° 619-L, que corresponde al régimen de fomento para Bosques Cultivados.
Traducido al idioma de la burocracia: para calcular cuánto corresponde pagar por minerales como oro, cobre o plata, la norma termina señalando una ley vinculada con el cultivo de árboles. No es exactamente una cuestión de manzanas y naranjas, pero el Código parece haber conseguido una combinación bastante particular de minería y forestación.
Franco Aranda presentó entonces un proyecto para “sanear” la legislación y corregir la referencia. La iniciativa no modifica la alícuota del 3%, sino que busca reemplazar la norma equivocada por la Ley Provincial N° 459-M, vinculada con la adhesión al régimen nacional de inversiones mineras.
El planteo llega en una semana en la que la Legislatura también comenzó a tratar el acuerdo con Vicuña Argentina, que contempla un aporte único de US$ 250 millones destinado a un fideicomiso público para financiar obras vinculadas directa o indirectamente con el proyecto.
Aranda sostiene que San Juan necesita corregir la inconsistencia antes de avanzar con inversiones de gran escala y bajo el RIGI. El proyecto pasó a comisión, mientras la provincia se prepara para discutir millones de dólares con una ley que, por ahora, todavía parece buscar minerales entre los árboles.