El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de su programa de desregulación económica con una reforma que apunta a modificar el sistema de transporte de cargas por agua. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, junto al Ministerio de Economía, propone cambios en el régimen de cabotaje, una mayor participación de embarcaciones extranjeras y una reorganización de la logística nacional. Aunque la iniciativa aún no fue presentada en el Congreso, ya genera preocupación entre los sindicatos marítimos, portuarios y del transporte.
Cambios en el cabotaje y mayor apertura
El eje de la propuesta consiste en modificar las reglas del transporte de cargas entre puertos argentinos, habilitando que buques con bandera y tripulación extranjera puedan realizar operaciones que actualmente están reservadas, en gran medida, a la marina mercante nacional.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida permitirá reducir costos logísticos, incrementar la competencia y potenciar el transporte fluvial y marítimo, un sistema que consideran subutilizado frente al predominio del transporte por camión.
Uno de los aspectos que despierta mayor debate es que las embarcaciones extranjeras podrían operar bajo el régimen jurídico de su país de matrícula, lo que podría tener implicancias en materia laboral, impositiva y registral.
Impacto sobre la logística y los trabajadores
Otro de los objetivos del proyecto es trasladar parte del transporte de cargas desde las rutas hacia la Hidrovía Paraná-Paraguay y el sistema marítimo, especialmente para mercaderías de gran volumen.
Entre los casos analizados figura el abastecimiento de arena destinada a Vaca Muerta, que actualmente se realiza principalmente por camión desde Entre Ríos hasta Neuquén. La propuesta oficial busca que una parte significativa de ese recorrido pueda concretarse por vía fluvial, dejando únicamente el tramo final para el transporte terrestre.
La iniciativa también contempla modificaciones en el régimen de los prácticos, profesionales encargados de asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos argentinos. Debido al carácter altamente especializado y regulado de esa actividad, cualquier modificación podría derivar en nuevas discusiones con los trabajadores del sector y los organismos vinculados a la navegación.
Preocupación gremial y un nuevo frente de conflicto
La reforma tendría impacto directo sobre la marina mercante nacional, los trabajadores portuarios, los prácticos y el transporte automotor de cargas, sectores con fuerte representación sindical que ya siguen de cerca el avance de la iniciativa.
Mientras el Gobierno sostiene que una mayor apertura permitirá desarrollar una logística más competitiva y aprovechar mejor la red fluvial argentina, desde distintos sectores sindicales y parte de la industria marítima advierten que la desregulación podría debilitar la marina mercante nacional, afectar puestos de trabajo y modificar un esquema de protección orientado a preservar el empleo argentino y la navegación interior.
Aunque el texto definitivo todavía no fue presentado, organizaciones gremiales del ámbito marítimo y portuario ya manifestaron su preocupación por el avance de las medidas de apertura. La experiencia reciente con otras iniciativas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo anticipa un escenario que podría incluir reclamos sindicales, movilizaciones y disputas judiciales.
Si el proyecto finalmente prospera, el transporte de cargas en la Argentina podría atravesar una transformación significativa. Para el Gobierno, la reforma representa una herramienta para mejorar la competitividad y reducir costos logísticos; para los gremios, el debate también involucra la defensa del empleo argentino, la marina mercante nacional y las condiciones laborales de miles de trabajadores vinculados a la actividad.
