El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el buque petrolero de bandera británica que amarró en el puerto de Ushuaia no representa un riesgo para la soberanía argentina.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo además que, antes del amarre, la embarcación debió contar con autorización del Gobierno de Tierra del Fuego, debido a que la monoboya utilizada se encuentra bajo jurisdicción provincial.

La situación generó cuestionamientos por tratarse de un petrolero de bandera británica que ingresó a Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, provincia cuya jurisdicción incluye a las Islas Malvinas.

Qué explicó el Gobierno sobre el buque

En un descargo oficial leído durante la conferencia, Ravier aclaró: «El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse».

Luego agregó: «Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en 1º lugar».

Según la explicación oficial, el petrolero VS Promise se encontraba dedicado al transporte de crudo y había realizado operaciones previamente dentro del territorio argentino antes de llegar al puerto de Ushuaia.

La discusión sobre la Ley Gaucho Rivero

Ravier sostuvo que «el accionar del buque no viola ninguna ley».

En ese sentido, agregó: «La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas».

El vocero también explicó que la Ley Gaucho Rivero «no aplica» en este caso.

Según indicó, la normativa alcanza a embarcaciones vinculadas con tareas de exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas, condición que, de acuerdo con la posición del Gobierno nacional, no se cumpliría en el caso del VS Promise.

Ravier cerró la explicación al señalar: «Su artículo 2 alcanza aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto«.

De esta manera, el Gobierno nacional sostuvo que el ingreso y aprovisionamiento de la embarcación se realizó con las autorizaciones correspondientes y descartó que el episodio implique una afectación de la soberanía argentina.