El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el buque petrolero de bandera británica que amarró en el puerto de Ushuaia no representa un riesgo para la soberanía argentina.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo además que, antes del amarre, la embarcación debió contar con autorización del Gobierno de Tierra del Fuego, debido a que la monoboya utilizada se encuentra bajo jurisdicción provincial.
La situación generó cuestionamientos por tratarse de un petrolero de bandera británica que ingresó a Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, provincia cuya jurisdicción incluye a las Islas Malvinas.
Qué explicó el Gobierno sobre el buque
En un descargo oficial leído durante la conferencia, Ravier aclaró: «El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse».
Luego agregó: «Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en 1º lugar».
Según la explicación oficial, el petrolero VS Promise se encontraba dedicado al transporte de crudo y había realizado operaciones previamente dentro del territorio argentino antes de llegar al puerto de Ushuaia.
La discusión sobre la Ley Gaucho Rivero
Ravier sostuvo que «el accionar del buque no viola ninguna ley».
En ese sentido, agregó: «La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas».
El vocero también explicó que la Ley Gaucho Rivero «no aplica» en este caso.
Según indicó, la normativa alcanza a embarcaciones vinculadas con tareas de exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas, condición que, de acuerdo con la posición del Gobierno nacional, no se cumpliría en el caso del VS Promise.
Ravier cerró la explicación al señalar: «Su artículo 2 alcanza aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto«.
De esta manera, el Gobierno nacional sostuvo que el ingreso y aprovisionamiento de la embarcación se realizó con las autorizaciones correspondientes y descartó que el episodio implique una afectación de la soberanía argentina.
El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que el buque petrolero VS Promise, de bandera británica, que amarró en Ushuaia no representa un riesgo para la soberanía argentina. Explicó que la embarcación había operado previamente en Tierra del Fuego, que el ingreso contó con autorización provincial y que, según el Gobierno, la Ley Gaucho Rivero no resulta aplicable al caso.
El amarre de un buque petrolero británico en Ushuaia activó una de esas combinaciones capaces de encender todas las alarmas políticas argentinas al mismo tiempo: bandera británica, Tierra del Fuego, Malvinas y un puerto. Con semejante combinación, faltaba apenas una banda sonora dramática para completar la escena. Sin embargo, desde el Gobierno nacional salieron a bajar el volumen y aseguraron que el episodio no supone una pérdida de soberanía ni una violación de la normativa vigente.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el VS Promise había cargado petróleo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y luego pasó por Ushuaia para aprovisionarse. Según el funcionario, el buque no apareció desde alguna dimensión diplomática desconocida, sino que venía de operar dentro de la propia provincia. Además, remarcó que la monoboya utilizada pertenece a jurisdicción provincial y que el Gobierno fueguino autorizó el ingreso.
La discusión se concentró entonces en la Ley Gaucho Rivero, que establece restricciones para embarcaciones vinculadas con actividades en la cuenca de Malvinas. La interpretación oficial fue que esa norma no se aplica en este caso porque el barco no estaba desarrollando tareas de exploración o explotación de recursos naturales en esa zona. En otras palabras, el Gobierno sostiene que la bandera británica, por sí sola, no convierte automáticamente cada maniobra portuaria en una crisis diplomática con música de órgano.
La explicación oficial buscó separar el impacto simbólico del episodio de su encuadre jurídico. Tierra del Fuego permitió el ingreso y las autoridades nacionales autorizaron el aprovisionamiento. El resultado fue una escena muy argentina: un buque amarrado, dos niveles del Estado explicando competencias y una discusión de soberanía que logró convertir una operación logística en material suficiente para varias horas de debate político.