Quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron detenidos este martes en el marco de una causa que investiga torturas, tormentos físicos y abusos sexuales contra mujeres alojadas en el Penal N.º 51 de Magdalena.
La investigación se encuentra abierta desde junio y busca determinar las responsabilidades penales por una serie de hechos denunciados dentro de esa unidad carcelaria.
Las detenciones se concretaron durante la madrugada por orden del Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo de Juan Pablo Masi, y se realizaron en distintas dependencias penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.
La medida fue adoptada luego de tareas coordinadas entre la fiscalía interviniente, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.
Según explicaron las autoridades, el objetivo de las detenciones es preservar las pruebas de la investigación y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas.
Qué hechos investiga la Justicia
Los episodios que dieron origen a la causa habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente dentro del Penal N.º 51 de Magdalena.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N.º 11 de La Plata, personal penitenciario habría ingresado a uno de los pabellones después de una pelea menor entre dos internas.
Según esa presentación, durante el procedimiento se habría utilizado gas pimienta en espacios cerrados y se habrían bloqueado las salidas del sector.
La denuncia sostiene además que las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a efectivos masculinos y que, ante la resistencia de algunas internas, se habrían aplicado prácticas de tortura física.
Golpes, asfixia y abusos sexuales
Entre los hechos investigados se encuentran golpizas reiteradas y maniobras de asfixia mediante la inmersión de la cabeza de las internas en piletones con agua.
También se investiga si al menos dos mujeres fueron víctimas de abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal.
Todos estos hechos forman parte de la investigación judicial y deberán ser acreditados mediante pruebas, testimonios y demás medidas procesales.
La gravedad de las acusaciones llevó a la Justicia a ordenar la detención de 15 agentes penitenciarios mientras continúa la recolección de elementos para determinar las responsabilidades individuales.
El comunicado oficial
Tras las detenciones, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial se pronunciaron sobre el avance de la investigación.
“El Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirman su compromiso con el total esclarecimiento de los hechos ocurridos, en función del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales y del prestigio institucional que es nuestro deber resguardar”, manifestaron.
La causa continúa bajo investigación judicial y busca establecer qué ocurrió dentro del penal, quiénes participaron y qué responsabilidad corresponde a cada uno de los agentes involucrados.
Quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron detenidos este martes en el marco de una causa que investiga torturas, tormentos físicos y abusos sexuales contra mujeres alojadas en el Penal N.º 51 de Magdalena. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre el 3 y 4 de junio. La Justicia busca preservar pruebas y determinar responsabilidades.
Quince agentes penitenciarios detenidos. La cifra sola alcanza para destruir cualquier intento de envolver el caso en lenguaje administrativo: la Justicia investiga torturas, golpizas y abusos sexuales contra mujeres privadas de su libertad en una cárcel bonaerense. No hay metáfora posible que suavice eso, y tampoco debería haberla.
La causa apunta a hechos que habrían ocurrido en el Penal N.º 51 de Magdalena, después de una pelea menor entre dos internas. Según la denuncia, la respuesta institucional habría incluido gas pimienta en espacios cerrados, salidas bloqueadas, desnudez forzada y prácticas de tormento. Una discusión dentro de un pabellón habría terminado convertida en un operativo que, si las acusaciones se prueban, cruzó todas las fronteras que separan el control penitenciario del delito.
Entre los episodios investigados aparecen golpes reiterados, inmersiones de cabeza en agua para impedir la respiración y abusos sexuales con acceso carnal. La sátira acá no tiene lugar sobre las víctimas: el absurdo está en que una institución encargada de custodiar personas termine siendo investigada por supuestas prácticas que el Estado tiene obligación de impedir.
Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N.º 4 y ejecutadas en distintas dependencias bonaerenses. La finalidad, según explicaron las autoridades, es preservar pruebas y poner a disposición judicial a quienes aparecen involucrados.
Después llegó el comunicado institucional con las palabras habituales: compromiso, esclarecimiento, normas constitucionales, prestigio. El diccionario estatal siempre aparece impecable después del desastre; el problema es que ninguna palabra administrativa alcanza para borrar lo que una investigación judicial está tratando de reconstruir.
Quince detenidos, una cárcel bajo sospecha y una pregunta que ya no admite maquillaje burocrático: quién custodia a quienes están bajo custodia.