El denominado Súper RIGI se convirtió en una de las iniciativas económicas más relevantes impulsadas por el gobierno de Javier Milei durante 2026. El proyecto fue enviado al Congreso el 23 de mayo y, al 24 de junio, ya cuenta con dictamen de mayoría en comisiones y es tratado en una sesión especial de la Cámara de Diputados. La propuesta apunta a atraer inversiones multimillonarias en sectores tecnológicos e industriales emergentes mediante un régimen de incentivos fiscales, cambiarios y regulatorios de largo plazo.
Qué propone el nuevo régimen
La iniciativa no reemplaza al RIGI aprobado junto con la Ley Bases en 2024, sino que funciona como un esquema complementario orientado exclusivamente a actividades consideradas nuevas o experimentales dentro de la economía argentina.
Para acceder al beneficio, los proyectos deberán realizar una inversión mínima de USD 1.000 millones, ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años y constituirse bajo la figura de un Vehículo de Proyecto Único (VPU).
Entre los incentivos previstos se destacan una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, exención de aranceles para importaciones y exportaciones vinculadas al proyecto, acceso progresivo a divisas provenientes de exportaciones y una estabilidad regulatoria de 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y previsional.
Además, las empresas podrán recurrir al arbitraje internacional mediante el CIADI y las provincias adheridas deberán respetar un tope máximo del 0,5% en Ingresos Brutos, sin posibilidad de crear nuevos gravámenes específicos sobre los proyectos alcanzados.
Los sectores apuntados incluyen baterías de litio completas, vehículos eléctricos, centros de datos e infraestructura para inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, refinación y laminado de cobre, cadena de valor del uranio y energías renovables de última generación.
El avance legislativo y la cláusula de contenido local
El 17 de junio el proyecto obtuvo dictamen de mayoría con 61 firmas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología.
Durante el tratamiento se incorporó una de las modificaciones más relevantes: una cláusula de Compre Nacional que obliga a destinar al menos el 20% de las inversiones a proveedores locales. El cambio buscó ampliar consensos y responder a cuestionamientos vinculados con la participación de la industria argentina en los proyectos beneficiados.
Con el respaldo de sectores dialoguistas que ya habían acompañado el RIGI original, el oficialismo logró acelerar el tratamiento legislativo y busca obtener media sanción en los próximos días.
Las promesas y las críticas
Desde el Gobierno sostienen que el régimen permitirá captar entre USD 20.000 y 30.000 millones en actividades de alto valor agregado y posicionar al país dentro de cadenas globales vinculadas con minerales críticos, tecnología e inteligencia artificial.
Entre los argumentos favorables también se menciona la posibilidad de generar nuevos encadenamientos productivos gracias al requisito de contenido local y de atraer inversiones que difícilmente llegarían bajo las condiciones tributarias y regulatorias actuales.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta cuestionamientos de distintos sectores. Uno de los principales se relaciona con el costo fiscal derivado de la reducción de impuestos y exenciones previstas. También se advierte sobre la pérdida de margen de maniobra para futuros gobiernos debido a la estabilidad regulatoria de tres décadas y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales.
Otras observaciones apuntan a que el porcentaje de contenido local sigue siendo limitado para garantizar una integración significativa con proveedores nacionales y que podrían generarse enclaves productivos con escasa transferencia tecnológica.
Asimismo, especialistas y organizaciones han planteado inquietudes por las exigencias ambientales del proyecto, especialmente en sectores de alta demanda de recursos naturales y energéticos.
San Juan, Vicuña y el impacto regional
La provincia de San Juan aparece como uno de los territorios con mayor potencial para beneficiarse del nuevo esquema debido a su perfil minero y al avance de grandes emprendimientos vinculados al cobre.
El caso más destacado es Vicuña, la integración de los proyectos Josemaría y Filo del Sol impulsada por BHP y Lundin Mining. La iniciativa fue aprobada bajo el RIGI original durante junio de 2026 y contempla una inversión inicial de USD 9.700 millones, con proyecciones que podrían alcanzar los USD 18.000 millones durante la primera década de operación.
Las oportunidades para la provincia incluyen generación de empleo, desarrollo de infraestructura, ingreso de divisas y la eventual llegada de nuevos proyectos de procesamiento de litio, refinación de cobre e infraestructura energética o digital.
Al mismo tiempo, persisten interrogantes sobre el uso del agua en una provincia que ya enfrenta tensiones hídricas, la reducción de herramientas de recaudación provincial derivada de los límites impositivos establecidos por el régimen y la capacidad de fortalecer una red de proveedores locales que capture parte del valor generado por las inversiones.
Con el proyecto ya instalado en el recinto, el debate trasciende la dicotomía entre atraer o rechazar inversiones. La discusión de fondo gira alrededor de qué condiciones debe exigir el Estado para equilibrar competitividad, desarrollo local, protección ambiental y autonomía fiscal durante un período que, de aprobarse la ley, se extenderá hasta mediados de la década de 2050.
