El fallido intento de habilitar el voto remoto de Anabel Fernández Sagasti abrió una fuerte discusión dentro del bloque de Unión por la Patria en el Senado, donde varios legisladores cuestionaron la estrategia impulsada por la dirigente de La Cámpora y la calificaron como una torpeza política por sus posibles consecuencias reglamentarias.
Fernández Sagasti cursa un embarazo avanzado de riesgo y, por recomendación médica, no podía trasladarse desde Mendoza hacia Buenos Aires. Ante esa situación, solicitó participar de manera virtual en una sesión clave vinculada con la Ley de Tierras y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió al planteo mediante un decreto que habilitaba la participación remota de la senadora, aunque ad referéndum del cuerpo, es decir, sujeto posteriormente a la aprobación del Senado.
El antecedente reglamentario que preocupó al peronismo
La decisión generó una inmediata disputa política. Dentro del propio oficialismo, Patricia Bullrich cuestionó a Villarruel y la acusó de «militar para el kirchnerismo», además de objetar que el mecanismo vulneraba el reglamento vigente.
Pero la discusión también atravesó a Unión por la Patria. Distintos integrantes del interbloque opositor consideraron que aceptar una habilitación excepcional para votar por Zoom sin modificar previamente el Reglamento del Senado podía sentar un precedente institucional riesgoso.
El temor dentro de la bancada era que una herramienta creada para resolver la situación particular de Fernández Sagasti pudiera ser utilizada posteriormente por La Libertad Avanza u otros bloques para completar quórum, suplir ausencias o modificar las condiciones de funcionamiento del recinto.
La situación colocó al bloque frente a una encrucijada: acompañar la excepción significaba legitimar un mecanismo reglamentario que algunos consideraban inconveniente, mientras que rechazarlo implicaba impedir que una senadora del propio espacio pudiera participar y votar por razones vinculadas con su salud.
La sesión dejó al peronismo con un voto menos
Finalmente, el acuerdo político construido en el recinto, con Patricia Bullrich entre las principales impulsoras del rechazo a la habilitación virtual, impidió que Fernández Sagasti pudiera emitir su voto.
La ausencia debilitó numéricamente al bloque opositor en una sesión especialmente ajustada y alimentó los pases de factura internos por la manera en que fue gestionado el reclamo.
Uno de los cuestionamientos centrales dentro del peronismo estuvo relacionado con la decisión de la senadora de avanzar con el pedido ante la Mesa de Entradas de la Presidencia del Senado y exponer públicamente el reclamo antes de que existiera una estrategia consensuada por todo el interbloque.
Para sectores del PJ tradicional, la maniobra dejó a Unión por la Patria atrapada en un problema que podría haberse administrado de otro modo desde el comienzo.
Nuevos roces entre La Cámpora y la conducción de Mayans
El episodio también reavivó las diferencias entre dirigentes vinculados con La Cámpora y la conducción del interbloque que encabeza José Mayans.
Desde sectores del peronismo cuestionaron que una demanda individual haya tomado dimensión pública antes de ser procesada dentro de la estrategia general de la bancada, especialmente en una Cámara donde cada voto puede modificar el resultado de una sesión.
Las críticas reflejan un debate más amplio dentro de Unión por la Patria sobre el modo de conducir el bloque, la relación entre sus distintas terminales políticas y el peso que deben tener las decisiones individuales frente a la planificación parlamentaria colectiva.
El caso, además, terminó exponiendo simultáneamente una interna del oficialismo. La decisión de Villarruel de habilitar inicialmente la participación remota chocó con la postura de sectores vinculados con la Casa Rosada y con Patricia Bullrich, que rechazaron el mecanismo.
Tras el episodio, Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley destinado a reglamentar formalmente las licencias y la participación remota de senadoras embarazadas, con el objetivo de evitar que situaciones similares queden sujetas a decisiones excepcionales o interpretaciones del reglamento.
La iniciativa busca darle un marco institucional permanente a una discusión que, en esta oportunidad, terminó convertida en un conflicto político que atravesó tanto al oficialismo como a la oposición y dejó al descubierto las diferencias tácticas dentro del peronismo en el Senado.
