Luego de trabajar durante más de 11 años en una compañía dedicada al desarrollo de software, un empleado fue despedido por insultar a su jefe durante una videollamada laboral. El episodio derivó en una disputa judicial que finalmente favoreció al trabajador, quien recibió una indemnización de $12 millones.
El conflicto comenzó en junio de 2020, durante la pandemia de coronavirus, cuando gran parte de las actividades laborales se desarrollaban de manera remota. En ese contexto, el empleado participaba de una reunión virtual de equipo cuando mantuvo una discusión con su superior por una tarea vinculada con su trabajo.
La discusión que terminó en un despido
De acuerdo con el expediente, el problema comenzó después de que el jefe le solicitara al trabajador que completara una tarea antes del viernes. Durante el intercambio, el empleado se enojó y respondió con distintas expresiones ofensivas dirigidas hacia su superior.
Tras lo ocurrido en la videollamada, la compañía consideró que la conducta justificaba finalizar la relación laboral y decidió despedir al trabajador con causa mediante una carta documento.
El empleado cuestionó la decisión y llevó el conflicto ante la Justicia. En una primera instancia, su planteo fue desestimado, pero posteriormente apeló la resolución.
De esta manera, el expediente llegó hasta la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, que volvió a analizar las circunstancias en las que se había producido el despido.
Por qué la Justicia consideró injustificado el despido
Durante la revisión del caso, los jueces determinaron que los insultos efectivamente habían existido. Las expresiones utilizadas por el trabajador durante aquella reunión virtual quedaron acreditadas mediante una pericia informática.
Sin embargo, el tribunal entendió que la existencia de los insultos no era suficiente, por sí sola, para considerar justificado el despido dispuesto por la empresa.
Para evaluar la gravedad de lo ocurrido, los magistrados tuvieron especialmente en cuenta los antecedentes laborales del empleado. Al momento del conflicto, llevaba 11 años y 8 meses trabajando en la compañía y no registraba sanciones disciplinarias ni antecedentes negativos.
Con esos elementos, la Cámara consideró que la conducta acreditada no alcanzaba el nivel de gravedad necesario para justificar la decisión adoptada por la compañía. El conflicto judicial terminó así favoreciendo al trabajador, que recibió una indemnización de $12 millones tras cuestionar su despido.
