La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga presuntos sobornos, direccionamiento de compras y sobreprecios en la adquisición de medicamentos de alto costo. Las maniobras bajo investigación comprenden operaciones realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

El abogado y exfuncionario quedó procesado como presunto jefe de asociación ilícita y por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El procesamiento constituye una resolución provisional dentro de la causa y no implica una condena.

Con los votos de los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah, el Tribunal de Apelaciones también ratificó los procesamientos de otros 18 acusados. Los jueces consideraron acreditada, para esta etapa de la investigación, la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”.

La resolución también tuvo por acreditado un “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” en la adquisición de medicamentos de alto costo destinados a sectores vulnerables, junto con el presunto “pago de sobornos a funcionarios”. La hipótesis forma parte de la acusación impulsada por el fiscal federal Franco Picardi.

Los audios y los planteos para anular la causa

Spagnuolo había sido designado al frente de ANDIS en diciembre de 2023 mediante el Decreto 96/2023. En agosto de 2025, el Poder Ejecutivo dispuso su salida del organismo mediante el Decreto 599/2025, después de la difusión de audios atribuidos al entonces funcionario en los que se hacía referencia a un supuesto circuito de coimas entre proveedores y la Agencia. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Las grabaciones se convirtieron posteriormente en uno de los focos de disputa entre las defensas y los investigadores. Los abogados de Spagnuolo cuestionaron el origen y la incorporación del material al expediente y solicitaron frenar las medidas periciales destinadas a establecer su autenticidad y procedencia. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

En la resolución ahora conocida, los camaristas rechazaron nuevos planteos de nulidad basados en la presunta ilegalidad de esos audios. Uno de los argumentos considerados fue que ya existe una pericia destinada a determinar las características, el origen y la autenticidad del material incorporado a la investigación.

Los procesamientos habían sido dictados inicialmente por el juez federal Sebastián Casanello. La causa tramita en el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, quien quedó a cargo de la continuidad de la investigación.

El dinero encontrado y la investigación sobre las compras

Entre los 19 acusados figura Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía. Durante un allanamiento en su departamento fueron secuestrados USD 695.457, $19.996.200 y 1.960 euros. Calvete sostuvo que gran parte de los dólares pertenecía a su padre, Miguel Ángel Calvete, quien también se encuentra procesado en el expediente. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

La investigación analiza presuntos direccionamientos, sobreprecios y retornos vinculados con las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia efectuadas por ANDIS a droguerías que quedaron bajo sospecha.

El expediente comenzó a tomar impulso luego de la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se mencionaba un supuesto sistema de “retornos” dentro del organismo. Desde entonces, la causa incorporó documentación, teléfonos celulares, declaraciones, allanamientos y otras medidas de prueba.

Quiénes son los 19 procesados y qué delitos se les imputan

1. Diego Spagnuolo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).

2. Daniel Garbellini: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).

3. Miguel Ángel Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita como organizador o jefe (art. 210, segundo párrafo).

4. Pablo Atchabahian: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

5. Diego Martín D’ Giano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

6. Roger Edgar Grant: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

7. Eduardo Nelio González: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

8. Lorena Vanesa Di Giorno: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

9. Andrés Horacio Arnaudo: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

10. Silvana Vanina Escudero: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

11. Alejandro Gastón Fuentes Acosta: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

12. Patricio Gustavo Rama: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

13. Federico Maximiliano Santich: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

14. Guadalupe Ariana Muñoz: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

15. Julio Cesar Viera: cohecho (art. 258) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

16. Ornella Calvete: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

17. Patricia Liliana Canavesio: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), cohecho (art. 258), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

18. Ruth Noemí Lozano: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

19. Luciana Ferrari: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y asociación ilícita (art. 210, primer párrafo).

Con la confirmación de los procesamientos, el expediente continúa su trámite en la Justicia federal mientras avanzan las medidas de prueba pendientes, entre ellas las relacionadas con los audios que dieron origen al caso. Los acusados conservan sus derechos de defensa y ninguno de los procesamientos equivale por sí mismo a una declaración de culpabilidad.