El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura de Mendoza un proyecto para sancionar una nueva Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de reemplazar la Ley 7.526, vigente desde 2006, y actualizar el marco regulatorio provincial frente a los cambios productivos, tecnológicos y legales que atravesó el sector durante las últimas dos décadas.
La iniciativa también busca adaptar la legislación mendocina a las modificaciones introducidas a nivel nacional y establecer reglas específicas para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, con especial atención sobre la denominada lengua mendocina de Vaca Muerta.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la normativa actualmente vigente quedó desactualizada frente a las transformaciones que experimentó el mercado energético y al nuevo marco regulatorio nacional.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, expresó: “Se modificó la ley nacional, eso también hace que tengamos que actualizar y aggiornar la normativa provincial a las modificaciones de la ley nacional. Y se modificó también un esquema y un modelo económico argentino, y la demanda internacional de energía y de minerales críticos se incrementó. Entonces, necesitamos una legislación que dé seguridad jurídica, tanto para los inversores como, sobre todo, también para los mendocinos”.
Una ley pensada para dos realidades petroleras
El proyecto ratifica que los yacimientos de hidrocarburos ubicados en territorio mendocino pertenecen al patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia.
La iniciativa reconoce además una matriz hidrocarburífera dual. Por un lado aparece la Cuenca Cuyana, caracterizada por yacimientos convencionales maduros ubicados principalmente en el norte y centro provincial. Por otro, la Cuenca Neuquina, donde se encuentra la porción mendocina de Vaca Muerta, principalmente en Malargüe.
El objetivo es establecer herramientas diferenciadas para áreas maduras y desarrollos no convencionales, que requieren mayores niveles de inversión y características operativas distintas.
El director de Asuntos Legales del Ministerio de Energía y Ambiente, Bruno De Pasquale, señaló que los principales objetivos son “brindar seguridad jurídica a las empresas, actualizar la normativa en base a lo que ha dispuesto la nación, incentivar las inversiones, y a la vez que la incentivación genere inversiones y trabajo a la provincia”.
Cómo funcionará el nuevo esquema de regalías
Uno de los principales cambios pasa por el régimen de regalías. El proyecto establece que los permisos y concesiones deberán adjudicarse mediante licitación pública y que los oferentes competirán también sobre el porcentaje de regalías comprometido.
La propuesta contempla una regalía base del 15%, sobre la cual las compañías podrán realizar sus ofertas mediante un esquema identificado como “15% + X”. Al mismo tiempo, se prevén mecanismos de flexibilidad de acuerdo con las condiciones económicas, productivas y geológicas de cada proyecto.
La legislación provincial vigente establece actualmente una regalía del 12% para concesiones de explotación, con facultades para reducirla hasta el 5% en función de la productividad, las condiciones y la ubicación de los pozos.
La nueva propuesta también contempla un régimen de incentivos para determinadas actividades consideradas necesarias para recuperar producción.
Entre ellas aparecen la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria y los procesos de recuperación terciaria en campos maduros.
Para esos casos, la iniciativa habilita reducciones específicas de regalías con el objetivo de mejorar la viabilidad económica de proyectos que requieren nuevas inversiones.
Qué papel tendrá EMESA
El proyecto también habilita al Poder Ejecutivo provincial a realizar contrataciones directas y excepcionales con EMESA, la Empresa Mendocina de Energía, o con operadoras que ya desarrollen actividades en Mendoza cuando existan áreas sin un titular vigente.
El mecanismo tendrá carácter transitorio y deberá concluir con la convocatoria a una licitación para seleccionar al operador definitivo en un plazo máximo de 18 meses.
Este tipo de esquema ya cuenta con antecedentes provinciales en áreas hidrocarburíferas donde EMESA asumió temporalmente operaciones mientras se preparaba un nuevo proceso licitatorio.
Multas medidas en litros de nafta súper
Otro de los puntos centrales de la reforma es la creación de un nuevo régimen sancionatorio, que divide los incumplimientos en infracciones leves, graves, muy graves y gravísimas.
Las sanciones podrán incluir apercibimientos, suspensiones y multas. Para mantener actualizados los importes, las penalidades económicas estarán expresadas según el equivalente al precio de determinados volúmenes de nafta súper.
Infracciones leves: entre 20.000 y 80.000 litros de nafta súper.
Infracciones graves: entre 80.001 y 150.000 litros de nafta súper.
Infracciones muy graves: entre 105.001 y 500.000 litros de nafta súper.
Infracciones gravísimas: entre 500.001 y 2.090.000 litros de nafta súper.
El uso del precio del combustible como referencia permite actualizar automáticamente el valor económico de las sanciones frente a las variaciones de precios. La normativa hidrocarburífera mendocina ya utiliza mecanismos relacionados con la nafta súper para calcular determinadas multas.
Más obligaciones ambientales para las empresas
La propuesta incorpora además principios de sostenibilidad, prevención ambiental y responsabilidad económica para las operadoras durante toda la vida útil de los proyectos.
Uno de los puntos centrales establece que la renuncia, caducidad o extinción de un permiso o concesión no liberará a la empresa de las obligaciones relacionadas con el cierre, abandono y remediación ambiental.
De esta manera, la responsabilidad ambiental continuará vigente aun después de finalizada la explotación del área.
El Gobierno provincial ya había incorporado en sus nuevos modelos licitatorios exigencias ambientales vinculadas con planes de descarbonización, uso eficiente de recursos y restricciones al venteo de gas sin autorización.
La apuesta por Vaca Muerta
La actualización normativa tiene como uno de sus principales objetivos generar condiciones para ampliar las inversiones en la zona mendocina de Vaca Muerta, donde los proyectos no convencionales requieren mayores desembolsos de capital y plazos diferentes a los de los yacimientos tradicionales.
El proyecto enviado por el Ejecutivo deberá ahora ser tratado por la Legislatura provincial. Allí se debatirán el esquema de regalías, los incentivos, el régimen sancionatorio, las herramientas disponibles para administrar áreas sin operador y las obligaciones ambientales previstas para las compañías hidrocarburíferas.
