La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, encabezó junto con la vicegobernadora Hebe Casado y las principales autoridades penitenciarias el acto por el Día del Servicio Penitenciario, realizado en el Auditorio Ángel Bustelo.
Durante la ceremonia fueron incorporados 111 nuevos integrantes de la institución: 87 agentes penitenciarios pertenecientes al Escalafón Seguridad y 24 oficiales subadjutores, quienes completaron sus respectivas instancias de formación.
También participaron el director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, y la subdirectora de la institución, Alejandra Llarena.
Entre las autoridades presentes estuvieron la fiscal federal María Gloria André; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jalif; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich; el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el director general de Policías, Marcelo Calipo; el director del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Alberto Rivero; y el presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad, Marcelo Rubio.
La ceremonia se realizó en honor a la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes y de las fuerzas de seguridad de Mendoza.
Tecnología y mayor control dentro de las cárceles
Durante su discurso, Mercedes Rus destacó las inversiones realizadas para modernizar el sistema penitenciario y reforzar la seguridad tanto de los establecimientos como del personal.
“Hoy Mendoza es el único sistema penitenciario provincial del país que invierte en sistemas de inhibición de señales. Esa decisión tiene un objetivo claro: proteger a nuestros agentes penitenciarios y evitar que sean víctimas de extorsiones por parte de personas privadas de la libertad”, afirmó Mercedes Rus al destacar el proceso de transformación que atraviesa el Servicio Penitenciario.
La ministra explicó que la incorporación de tecnología forma parte de una estrategia integral destinada a mejorar las condiciones laborales de los agentes y garantizar mayores niveles de seguridad dentro de las unidades penitenciarias.
“En estos dos años pusimos en movimiento el sistema penitenciario de Mendoza. Incorporamos tecnología, centralizamos información, fortalecimos la trazabilidad de cada procedimiento y redujimos los espacios donde antes podían crecer la discrecionalidad y la connivencia”, señaló.
Rus también remarcó las acciones implementadas para fortalecer las requisas, reorganizar sectores, disponer traslados y potenciar la intervención de los grupos especiales.
“Una penitenciaría sin novedades no necesariamente es una penitenciaría segura. Por eso fortalecimos las requisas, reorganizamos sectores, realizamos traslados, potenciamos la actuación de los grupos especiales y modificamos rutinas para recuperar el control y brindar una seguridad real y duradera”, expresó.
La funcionaria sostuvo que uno de los objetivos centrales es eliminar las estructuras informales de poder dentro de las cárceles y reafirmar que la autoridad corresponde exclusivamente al Estado.
“Mendoza necesita un Servicio Penitenciario firme, profesional y humano: firme para garantizar el orden, profesional para actuar con excelencia y humano para no convertirse en aquello que combate”, concluyó Rus.
Educación, trabajo y reinserción social
La vicegobernadora Hebe Casado destacó el trabajo coordinado entre las instituciones que integran el sistema provincial de seguridad y puso en valor la función del Servicio Penitenciario dentro de ese esquema.
Casado sostuvo que la seguridad requiere una tarea conjunta entre los distintos organismos estatales y la sociedad, con criterios comunes y responsabilidades compartidas.
También remarcó las políticas destinadas a que las personas privadas de la libertad accedan a oportunidades mediante la educación, la capacitación y el acompañamiento institucional.
En ese marco, destacó el trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo en la formación del personal penitenciario y en el desarrollo de programas educativos dentro de los establecimientos. Además, reconoció la participación de distintas iglesias en los procesos de reinserción.
Actualmente, el Servicio Penitenciario de Mendoza administra 23 establecimientos entre complejos, centros de alojamiento y alcaidías, con una población superior a las 7.000 personas privadas de la libertad.
La subdirectora Alejandra Llarena destacó “que es una institución que en los últimos años incorporó innovación, modernizó sus procesos y fortaleció sus capacidades operativas para responder a los nuevos desafíos vinculados a la seguridad”.
Entre los avances señalados se encuentran la incorporación de sistemas de seguridad inteligente, la implementación del sistema de ingresos únicos, la ampliación de la infraestructura penitenciaria y el fortalecimiento de los espacios educativos, sanitarios y de capacitación laboral.
También se avanzó con la categorización de los complejos de alojamiento y con políticas de reinserción social basadas en el trabajo y la educación.
Llarena sostuvo que el objetivo es construir “un servicio penitenciario más eficiente, más transparente y cada vez más profesional”.
Incorporaciones y reconocimientos
Los 87 nuevos agentes y los 24 oficiales subadjutores se incorporaron a la institución como parte del proceso de formación y profesionalización permanente del personal penitenciario.
Al dirigirse a los nuevos integrantes, Rus destacó la responsabilidad de sumarse a una fuerza que combina custodia, capacitación, tecnología y políticas de reinserción.
“Bienvenidos al Servicio Penitenciario más grande del Oeste argentino, una institución que invierte en la educación de las personas privadas de la libertad porque entiende que eso también es seguridad, y que al mismo tiempo incorpora tecnología para proteger a quienes cumplen la tarea de custodiar”, expresó.
Durante el acto también se distinguió al personal que cumplió años de servicio, en reconocimiento a su compromiso, vocación y trayectoria dentro de la institución.
“Ustedes trabajan en uno de los lugares más complejos del Estado, haciendo posible que la sociedad viva con tranquilidad mientras garantizan el orden y la seguridad dentro de las cárceles”, expresó.
Además, recibieron reconocimientos organismos públicos, municipios y empresas privadas que colaboran con las políticas de reinserción social y fortalecimiento institucional.
Las empresas Rerda y Suavipack fueron distinguidas por los convenios que permiten ampliar las oportunidades de capacitación y empleo mediante talleres productivos desarrollados en contextos de encierro.
También fueron reconocidos los municipios de Capital y Guaymallén por su participación en acciones comunitarias e iniciativas de inclusión social; la Dirección General de Escuelas, por su trabajo educativo en contextos de encierro; y la Universidad Nacional de Cuyo, por su aporte a la formación académica de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario.
