San Juan, Mendoza y La Rioja concentran extensas superficies vinculadas a derechos, propiedades y proyectos mineros, pero la información disponible permanece dividida entre registros provinciales y no permite construir de manera directa un ranking regional de quién controla cada derecho en Cuyo.
El mapa minero de la región se arma provincia por provincia. Aunque existen catastros digitales, expedientes y datos oficiales sobre las superficies destinadas a la actividad, la información no está centralizada y presenta distintos niveles de acceso.
Una cuestión fundamental para interpretar esos registros es distinguir entre el derecho minero y la propiedad de la tierra. Las provincias son propietarias de los recursos del subsuelo y otorgan derechos para explorar o explotar minerales. Por lo tanto, una empresa o un particular puede tener derechos mineros sin ser dueño del terreno superficial.
San Juan: derechos que suman miles de hectáreas
En San Juan, el Catastro Minero permite consultar titulares, superficies y expedientes vinculados con la actividad.
Entre los casos relevados aparece la familia Bastías, que reúne derechos sobre aproximadamente 108.000 hectáreas, de acuerdo con un relevamiento periodístico realizado sobre el catastro.
También figura Golden Mining, que acumuló 6.122,75 hectáreas en Ullum mediante las áreas “Tomas” y “Josefina”.
Por su parte, Hualilán forma parte de un paquete territorial que Challenger presenta en una escala cercana a 600 kilómetros cuadrados.
Estos casos permiten dimensionar la extensión que pueden alcanzar los derechos mineros en la provincia, aunque no constituyen por sí solos un ranking completo de titulares.
Mendoza y La Rioja: cientos de miles de hectáreas
En Mendoza, el Distrito Minero Occidental de Malargüe comprende aproximadamente 1,9 millones de hectáreas.
Dentro de ese territorio, las propiedades mineras abarcan cerca de 703.000 hectáreas, equivalentes al 37,5% del distrito.
Además, durante 2024 fueron aprobadas las declaraciones ambientales correspondientes a 34 proyectos de exploración.
La Rioja, en tanto, informó 581.226 hectáreas en prospección, distribuidas en 18 proyectos, además de otros siete proyectos en etapa de exploración.
El plan provincial para el período 2026-2030 apunta a superar las 630.000 hectáreas.
San Luis y un acceso menos centralizado
El panorama cambia en San Luis, donde la provincia no aparece con un catastro enlazado dentro del listado nacional de catastros provinciales consultables.
Esa diferencia en el acceso a la información contribuye a que una comparación directa entre todas las provincias de la región resulte incompleta.
Mientras San Juan y Mendoza cuentan con mapas digitales públicos, La Rioja difunde cifras generales y San Luis presenta un menor nivel de acceso centralizado.
El resultado es un mapa minero regional fragmentado. Con la información disponible no existe un ranking completo y directamente comparable de quién controla más derechos mineros en Cuyo.
El subsuelo pertenece a las provincias, mientras que los derechos para explorar o explotar los recursos quedan distribuidos entre empresas, particulares y sociedades.
Para determinar con precisión quién controla cada derecho minero en la región, todavía es necesario reconstruir la información expediente por expediente y provincia por provincia.
San Juan, Mendoza y La Rioja concentran cientos de miles de hectáreas vinculadas a derechos, propiedades y proyectos mineros, pero la información permanece fragmentada entre catastros y registros provinciales. La falta de un sistema regional unificado impide establecer de manera directa quién controla más derechos mineros en Cuyo y obliga a reconstruir el mapa expediente por expediente.
Miles de hectáreas, decenas de proyectos y ningún mapa regional que permita ver todo de una sola vez. En Cuyo, saber quién controla cada derecho minero exige algo parecido a completar un álbum de figuritas administrativo: una provincia por vez, un expediente por vez y bastante paciencia.
San Juan, Mendoza y La Rioja muestran números de peso. En San Juan aparecen casos que van desde 6.122,75 hectáreas hasta unas 108.000 vinculadas a un mismo grupo familiar. Mendoza contabiliza cerca de 703.000 hectáreas con propiedades mineras dentro del Distrito Minero Occidental de Malargüe, mientras La Rioja informó 581.226 hectáreas en prospección y proyecta superar las 630.000.
El problema es que esas cifras no hablan exactamente el mismo idioma. Un derecho minero no equivale necesariamente a la propiedad de la superficie y cada provincia organiza, publica y permite consultar su información de manera distinta. Comparar todo como si fuera una tabla de posiciones sería más rápido, pero bastante menos serio.
San Juan y Mendoza cuentan con mapas digitales públicos. La Rioja comunica cifras generales. San Luis aparece con un acceso menos centralizado. Así, el mapa minero regional existe, pero parece armado con cuatro rompecabezas distintos y sin la foto de la caja.
El subsuelo pertenece a las provincias y los derechos de exploración o explotación pueden quedar en manos de empresas, particulares o sociedades. Para saber quién controla realmente cada área todavía hay que seguir títulos, expedientes y superficies caso por caso.
En la minería cuyana sobran hectáreas; lo que falta es un solo mapa para contarlas.