El Salvador modificó su legislación para permitir la cadena perpetua en casos considerados de extrema gravedad, una reforma impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele que alcanza a personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo. Esta última categoría también es utilizada por las autoridades para perseguir delitos relacionados con las pandillas.
El cambio representa una modificación sustancial del esquema penal salvadoreño. Hasta la reforma, la Constitución prohibía las penas perpetuas y la legislación establecía un límite efectivo de 60 años de prisión.
Para habilitar el nuevo régimen, la Asamblea Legislativa, ampliamente controlada por el oficialismo de Bukele, ratificó primero una reforma al artículo 27 de la Constitución. La modificación fue aprobada el 26 de marzo de 2026 con 58 votos de los 60 legisladores.
Posteriormente, el Ejecutivo promulgó las modificaciones penales necesarias para que la cadena perpetua pudiera aplicarse. Las nuevas disposiciones fueron publicadas durante abril y entraron en vigencia el 26 de ese mes.
La cadena perpetua también podrá alcanzar a menores
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es su aplicación sobre adolescentes. La nueva legislación permite condenar a prisión perpetua a menores desde los 12 años cuando sean declarados culpables de homicidio, violación o terrorismo.
La imposición de una pena perpetua, sin embargo, no elimina completamente la posibilidad de recuperar la libertad. La legislación contempla revisiones periódicas de las condenas destinadas a evaluar el nivel de rehabilitación alcanzado y el peligro que representa la persona condenada.
La primera de esas revisiones no podrá realizarse inmediatamente. Para acceder a esa instancia deberá cumplirse previamente un período mínimo de prisión establecido por la legislación.
El endurecimiento penal bajo el Gobierno de Bukele
La incorporación de la cadena perpetua se produce dentro de la estrategia de seguridad implementada por Bukele contra las pandillas y los delitos violentos. Desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que amplió las facultades estatales para realizar detenciones.
Desde el comienzo de ese régimen fueron detenidas más de 90.000 personas acusadas de integrar o colaborar con organizaciones criminales.
El Gobierno salvadoreño atribuye a esta política una fuerte reducción de los homicidios y sostiene que el endurecimiento de las herramientas penales forma parte de su estrategia para contener la violencia vinculada con las pandillas.
Organizaciones de derechos humanos mantienen cuestionamientos sobre el funcionamiento del régimen de excepción. Entre sus principales denuncias aparecen detenciones arbitrarias, dificultades para acceder a una defensa y procesos colectivos que, según advierten, impiden analizar adecuadamente la responsabilidad individual de cada acusado.
Qué delitos pueden recibir la pena máxima
Con las modificaciones constitucionales y penales ya vigentes, la cadena perpetua es legal en El Salvador para determinados delitos considerados especialmente graves.
La pena máxima no quedó limitada a los delitos sexuales. También puede alcanzar a personas condenadas por homicidios, femicidios y delitos clasificados como terrorismo, además de los casos de violación contemplados por la nueva legislación.
La reforma consolida así una nueva etapa del endurecimiento penal promovido por la administración de Bukele, esta vez mediante una modificación que elimina el anterior límite efectivo de 60 años de prisión y habilita condenas perpetuas incluso para personas menores de edad.
