Keiko Fujimori hizo historia el 28 de julio de 2026 al convertirse en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Presidencia de Perú. Sin embargo, la composición de su primer gabinete abrió una discusión inmediata sobre representación política: de los 19 ministerios, 17 quedaron encabezados por hombres y solamente dos por mujeres.
La contradicción también apareció en las prioridades expuestas durante su primer mensaje ante el Congreso. La mandataria dedicó buena parte de su discurso a seguridad, criminalidad, infraestructura, economía y programas sociales, pero no presentó una política integral destinada a combatir la violencia sexual y de género que afecta a mujeres y niñas.
Dos mujeres entre 19 ministros
El primer gabinete de Fujimori quedó integrado por 19 ministros: 17 hombres y dos mujeres. Maritza Canales fue designada al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mientras María Seminario asumió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La Presidencia del Consejo de Ministros quedó en manos de Luis Galarreta, dirigente histórico de Fuerza Popular y compañero de fórmula de Fujimori. La composición fue confirmada durante la ceremonia oficial realizada en el Palacio de Gobierno.
Los números muestran la magnitud de la diferencia: las mujeres representan apenas el 10,5% del gabinete, frente al 89,5% correspondiente a los hombres.
Además, ninguna mujer quedó al frente de algunas de las áreas con mayor peso dentro de la estructura estatal. Economía, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia, Salud y Educación quedaron dirigidas por hombres.
Las únicas dos ministras fueron ubicadas en Desarrollo e Inclusión Social y Mujer y Poblaciones Vulnerables, áreas relacionadas especialmente con políticas sociales y de cuidado. La distribución agregó otro elemento al debate: la discusión no pasa únicamente por cuántas mujeres integran el gabinete, sino también por qué espacios de poder ocupan.
Un discurso sin una agenda integral contra la violencia de género
La composición ministerial no fue el único aspecto cuestionado. En su primer mensaje ante el Congreso, Fujimori concentró sus prioridades en seguridad, lucha contra el delito, infraestructura, economía, respuesta ante el fenómeno de El Niño y ampliación de determinados programas sociales.
El mensaje no presentó medidas concretas contra los femicidios, las violaciones sexuales, la trata o la violencia familiar. Tampoco incluyó a mujeres y niñas como grupos específicamente afectados por problemáticas que requirieran una política diferenciada.
La referencia más cercana a una agenda de género apareció dentro de las políticas dirigidas a la adolescencia. Fujimori prometió implementar un programa multisectorial destinado a reducir los embarazos adolescentes, con especial atención en las regiones rurales.
La propuesta recibió cuestionamientos de organizaciones especializadas. Susana Chávez, directora de la organización peruana Promsex, criticó que la mandataria abordara el embarazo adolescente sin mencionar expresamente la educación sexual o la prevención de la violencia sexual.
“No son olvidos: son decisiones políticas”, señaló Chávez.
La ausencia de una estrategia integral resulta especialmente significativa por el carácter histórico de la llegada de Fujimori al poder: una mujer ocupa por primera vez mediante elección popular la máxima responsabilidad política del país, mientras la participación femenina dentro de su propia estructura ministerial permanece reducida.
Una victoria definida por menos de 50.000 votos
Fujimori alcanzó finalmente la Presidencia después de tres derrotas presidenciales consecutivas. En la segunda vuelta electoral de 2026 derrotó a Roberto Sánchez por una diferencia de apenas 49.641 votos.
La candidata de Fuerza Popular consiguió el 50,135% de los votos válidos, mientras Sánchez alcanzó el 49,865%. El resultado convirtió a la elección en una de las más ajustadas de la historia reciente peruana y dejó expuesta una fuerte división electoral.
Durante su asunción, la nueva presidenta prometió recuperar el orden, enfrentar la delincuencia y promover la reconciliación nacional. También anunció una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y la construcción de establecimientos penitenciarios.
Seguridad, autoridad y control aparecieron así entre los principales ejes del comienzo de su administración.
Su llegada al Palacio de Gobierno también representa el regreso del fujimorismo a la conducción directa del Estado, 26 años después de la caída del régimen encabezado por su padre, Alberto Fujimori.
Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000. En 1992 disolvió el Congreso e intervino instituciones durante el denominado autogolpe. Posteriormente fue condenado por violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción, incluyendo su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
El expresidente salió de prisión en diciembre de 2023 después de que el Tribunal Constitucional restituyera un indulto humanitario y murió en septiembre de 2024.
Keiko Fujimori construyó su trayectoria como heredera política y principal referente del movimiento fundado por su padre, sin establecer una ruptura política con ese legado.
Su propia carrera también estuvo atravesada por el denominado caso Cócteles. Fujimori permaneció más de un año bajo prisión preventiva mientras era investigada por presunto lavado de activos y organización criminal.
La Fiscalía sostuvo que Fuerza Popular habría ocultado aportes destinados a las campañas de 2011 y 2016 mediante cócteles, falsos aportantes y otras actividades partidarias. Entre los fondos investigados aparecieron aportes presuntamente relacionados con Odebrecht.
En octubre de 2025, el Tribunal Constitucional anuló resoluciones judiciales vinculadas con las acusaciones de lavado de activos y organización criminal. Posteriormente, en enero de 2026, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso Cócteles.
La precisión resulta central: Fujimori estuvo detenida e investigada, pero no fue condenada en ese expediente y el proceso terminó archivado antes de su victoria presidencial.
El comienzo de la nueva administración instala así una discusión que excede la identidad de quien ocupa la Presidencia. Que una mujer alcance el máximo cargo político no garantiza por sí mismo una mayor representación femenina ni una agenda gubernamental orientada específicamente hacia la igualdad.
Las primeras decisiones muestran esa distancia entre representación simbólica y distribución efectiva del poder. Perú tiene por primera vez una presidenta elegida en las urnas, pero las mujeres controlan solamente dos de los 19 ministerios y permanecen fuera de varias de las áreas centrales del Gobierno.
La incógnita será si esa composición se mantendrá durante la gestión o si el Ejecutivo incorporará una mayor participación femenina y políticas específicas frente a la violencia sexual, la desigualdad y la discriminación. Por ahora, una mujer llegó al máximo cargo político de Perú mientras una amplia mayoría de los puestos ministeriales que la rodean permanece ocupada por hombres.
