La Unión Judicial de San Juan reclamó a la Corte de Justicia la creación de un adicional salarial que compense a los trabajadores por el uso de sus celulares y datos móviles personales para cumplir con tareas vinculadas a sus funciones. El planteo fue incorporado a las recientes negociaciones salariales y apunta a reconocer los costos que, según el gremio, afrontan los empleados en el marco del proceso de digitalización del sistema judicial.
El reclamo por los recursos personales utilizados en el trabajo
De acuerdo con lo expresado por el secretario general del sindicato, Sebastián López, la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas digitales generó una situación en la que numerosos trabajadores deben recurrir a dispositivos propios para desarrollar actividades cotidianas dentro de los tribunales.
El dirigente señaló que una de las principales dificultades está relacionada con las restricciones para acceder a internet dentro de los edificios judiciales. Según explicó, los protocolos de seguridad informática limitan el uso de la red y obligan en muchos casos a utilizar conexiones personales para descargar archivos o acceder a determinadas aplicaciones.
Respecto a esta situación, López aseguró que «Es verdad, a los empleados del Poder Judicial no se les permite usar el Wi-Fi en la mayoría de los lugares. Hay que pedir una autorización específica para poder conectarte y no se habilita en todos los lugares. Por ahí eso implica que en muchas ocasiones, para descargar un archivo, uno tenga que conectarse al WhatsApp web de la computadora, lo que incluye el gasto de datos del teléfono personal. El ítem que solicitamos contempla no solo el trabajo fuera de hora, sino también todos estos avances tecnológicos que está llevando a cabo la Corte de Justicia. La inteligencia artificial y los nuevos aplicativos implican el uso de tecnología que es proporcionada por el trabajador y la trabajadora».
La digitalización y la disponibilidad permanente
Desde el gremio sostienen que la transformación tecnológica también modificó las condiciones laborales al extender la necesidad de estar conectado más allá de la jornada tradicional. Según López, la incorporación de sistemas digitales y pruebas vinculadas al trabajo remoto generó nuevas exigencias para el personal.
En ese sentido, afirmó que «Hoy en día la conexión del trabajador del Poder Judicial es en forma permanente y todo el día. Hay pruebas pilotos para implementar el trabajo remoto y aplicativos para pedir antecedentes o cuestiones que, más allá de que no cumplas un horario estricto de tarde, requieren estar conectado. El acceso a internet en el trabajo es una intranet que se maneja bajo estrictas normas de seguridad por los ciberataques, lo cual tiene lógica, pero eso deriva en que el empleado termine poniendo sus propios recursos».
Un nuevo ítem salarial en discusión
Frente a este escenario, la organización sindical presentó formalmente ante la Corte de Justicia el pedido de creación de un nuevo ítem salarial destinado a reconocer el uso de herramientas privadas para el desempeño de funciones públicas. La iniciativa se suma a otros planteos vinculados con la pérdida del poder adquisitivo y con diferencias salariales respecto de otros sectores del Estado provincial.
Desde la Unión Judicial sostienen que, mientras no se garantice una infraestructura de conectividad más accesible para el personal o se provean dispositivos corporativos de manera generalizada, el consumo de datos móviles y el uso de tecnología personal deben ser contemplados como parte de las nuevas condiciones laborales derivadas de la modernización de la Justicia.
La Unión Judicial de San Juan reclamó a la Corte de Justicia la creación de un adicional salarial para compensar a los empleados que utilizan sus celulares y datos móviles personales en tareas laborales. El planteo surge en medio de las negociaciones salariales y apunta a reconocer los costos derivados de la digitalización, las restricciones de conectividad interna y la creciente exigencia de disponibilidad permanente.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
La tecnología llegó a los tribunales con la elegancia de una promesa de campaña y la sutileza de una actualización obligatoria a las tres de la mañana. Los expedientes avanzan hacia el futuro, los aplicativos florecen como hongos después de la lluvia y la inteligencia artificial empieza a asomar por los pasillos judiciales. El único detalle es que, según denuncian los trabajadores, parte de ese viaje a la modernidad parece estar financiado por el plan de datos de quien atiende el teléfono.
La escena tiene algo de realismo mágico administrativo. Un empleado necesita descargar un archivo, consulta una documentación o responde una comunicación vinculada al trabajo. Frente a él aparece una red protegida por protocolos de seguridad más estrictos que un castillo medieval. Entonces entra en acción el héroe silencioso de la jornada: el celular personal, ese dispositivo que nació para compartir fotos familiares y terminó convertido en una pieza más del engranaje institucional.
Mientras la Justicia avanza hacia esquemas digitales, pruebas de trabajo remoto y nuevas plataformas, el límite entre la oficina y el resto del día parece haberse vuelto tan difuso como la batería de un teléfono al 3%. La conectividad permanente, que en los folletos tecnológicos suele presentarse como una maravilla del progreso, adquiere otra dimensión cuando implica que la herramienta de trabajo también sale del bolsillo del trabajador.
En ese contexto, el reclamo sindical busca ponerle un precio a una situación que consideran cada vez más habitual. Porque si la modernización es un tren que nadie quiere perder, la discusión pasa por determinar quién compra el pasaje. Y allí aparece una pregunta incómoda: cuando una institución se vuelve más digital, ¿la inversión también debe recaer sobre quienes la hacen funcionar todos los días? La respuesta todavía está en debate, aunque los gigabytes consumidos ya emitieron su propio dictamen.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Unión Judicial de San Juan reclamó a la Corte de Justicia la creación de un adicional salarial que compense a los trabajadores por el uso de sus celulares y datos móviles personales para cumplir con tareas vinculadas a sus funciones. El planteo fue incorporado a las recientes negociaciones salariales y apunta a reconocer los costos que, según el gremio, afrontan los empleados en el marco del proceso de digitalización del sistema judicial.
El reclamo por los recursos personales utilizados en el trabajo
De acuerdo con lo expresado por el secretario general del sindicato, Sebastián López, la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas digitales generó una situación en la que numerosos trabajadores deben recurrir a dispositivos propios para desarrollar actividades cotidianas dentro de los tribunales.
El dirigente señaló que una de las principales dificultades está relacionada con las restricciones para acceder a internet dentro de los edificios judiciales. Según explicó, los protocolos de seguridad informática limitan el uso de la red y obligan en muchos casos a utilizar conexiones personales para descargar archivos o acceder a determinadas aplicaciones.
Respecto a esta situación, López aseguró que «Es verdad, a los empleados del Poder Judicial no se les permite usar el Wi-Fi en la mayoría de los lugares. Hay que pedir una autorización específica para poder conectarte y no se habilita en todos los lugares. Por ahí eso implica que en muchas ocasiones, para descargar un archivo, uno tenga que conectarse al WhatsApp web de la computadora, lo que incluye el gasto de datos del teléfono personal. El ítem que solicitamos contempla no solo el trabajo fuera de hora, sino también todos estos avances tecnológicos que está llevando a cabo la Corte de Justicia. La inteligencia artificial y los nuevos aplicativos implican el uso de tecnología que es proporcionada por el trabajador y la trabajadora».
La digitalización y la disponibilidad permanente
Desde el gremio sostienen que la transformación tecnológica también modificó las condiciones laborales al extender la necesidad de estar conectado más allá de la jornada tradicional. Según López, la incorporación de sistemas digitales y pruebas vinculadas al trabajo remoto generó nuevas exigencias para el personal.
En ese sentido, afirmó que «Hoy en día la conexión del trabajador del Poder Judicial es en forma permanente y todo el día. Hay pruebas pilotos para implementar el trabajo remoto y aplicativos para pedir antecedentes o cuestiones que, más allá de que no cumplas un horario estricto de tarde, requieren estar conectado. El acceso a internet en el trabajo es una intranet que se maneja bajo estrictas normas de seguridad por los ciberataques, lo cual tiene lógica, pero eso deriva en que el empleado termine poniendo sus propios recursos».
Un nuevo ítem salarial en discusión
Frente a este escenario, la organización sindical presentó formalmente ante la Corte de Justicia el pedido de creación de un nuevo ítem salarial destinado a reconocer el uso de herramientas privadas para el desempeño de funciones públicas. La iniciativa se suma a otros planteos vinculados con la pérdida del poder adquisitivo y con diferencias salariales respecto de otros sectores del Estado provincial.
Desde la Unión Judicial sostienen que, mientras no se garantice una infraestructura de conectividad más accesible para el personal o se provean dispositivos corporativos de manera generalizada, el consumo de datos móviles y el uso de tecnología personal deben ser contemplados como parte de las nuevas condiciones laborales derivadas de la modernización de la Justicia.
La Unión Judicial de San Juan reclamó a la Corte de Justicia la creación de un adicional salarial para compensar a los empleados que utilizan sus celulares y datos móviles personales en tareas laborales. El planteo surge en medio de las negociaciones salariales y apunta a reconocer los costos derivados de la digitalización, las restricciones de conectividad interna y la creciente exigencia de disponibilidad permanente.
La tecnología llegó a los tribunales con la elegancia de una promesa de campaña y la sutileza de una actualización obligatoria a las tres de la mañana. Los expedientes avanzan hacia el futuro, los aplicativos florecen como hongos después de la lluvia y la inteligencia artificial empieza a asomar por los pasillos judiciales. El único detalle es que, según denuncian los trabajadores, parte de ese viaje a la modernidad parece estar financiado por el plan de datos de quien atiende el teléfono.
La escena tiene algo de realismo mágico administrativo. Un empleado necesita descargar un archivo, consulta una documentación o responde una comunicación vinculada al trabajo. Frente a él aparece una red protegida por protocolos de seguridad más estrictos que un castillo medieval. Entonces entra en acción el héroe silencioso de la jornada: el celular personal, ese dispositivo que nació para compartir fotos familiares y terminó convertido en una pieza más del engranaje institucional.
Mientras la Justicia avanza hacia esquemas digitales, pruebas de trabajo remoto y nuevas plataformas, el límite entre la oficina y el resto del día parece haberse vuelto tan difuso como la batería de un teléfono al 3%. La conectividad permanente, que en los folletos tecnológicos suele presentarse como una maravilla del progreso, adquiere otra dimensión cuando implica que la herramienta de trabajo también sale del bolsillo del trabajador.
En ese contexto, el reclamo sindical busca ponerle un precio a una situación que consideran cada vez más habitual. Porque si la modernización es un tren que nadie quiere perder, la discusión pasa por determinar quién compra el pasaje. Y allí aparece una pregunta incómoda: cuando una institución se vuelve más digital, ¿la inversión también debe recaer sobre quienes la hacen funcionar todos los días? La respuesta todavía está en debate, aunque los gigabytes consumidos ya emitieron su propio dictamen.