La red de transporte eléctrico de 500 kV de San Juan quedó en el centro del debate este miércoles 8 de julio durante una nueva reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento del E.P.R.E. El encuentro fue convocado a partir de inquietudes planteadas por municipios, sectores comerciales, industriales, usuarios residenciales y distintas organizaciones de la provincia, con eje en la presentación realizada ante el ENReGE por el pedido de acceso y ampliación de esa infraestructura vinculado a la primera etapa del proyecto minero Vicuña.
Amplio respaldo institucional
La reunión contó con la participación de los intendentes de Jáchal, Calingasta, Ullum e Iglesia, además de diputados provinciales que representan a Sarmiento y Jáchal. También asistieron el referente de la Cámara Minera de Calingasta, Adolfo Ibaceta, junto con representantes de la Defensoría del Pueblo, la CGT San Juan, el Sindicato Luz y Fuerza, la Asociación Amas de Casa, el Centro de Ingenieros de San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes y la Cámara de Energías Renovables, entre otras entidades.
Durante la exposición, las autoridades del E.P.R.E. presentaron los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos de la propuesta elevada al organismo nacional. El análisis estuvo orientado a compatibilizar el crecimiento de la actividad minera con la preservación de los derechos adquiridos por los usuarios del sistema eléctrico provincial.
Respaldo técnico y criterio de mitigación
El organismo informó que un estudio técnico-normativo independiente, elaborado por el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET, validó el criterio de mitigación propuesto. Según el informe, ese esquema se encuentra alineado con prácticas regulatorias aplicadas en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Perú.
Los participantes expresaron su apoyo al desarrollo de la actividad minera y al inicio de las obras previstas. Al mismo tiempo, respaldaron de manera unánime la oposición formal presentada por el E.P.R.E., señalando que la medida restrictiva podrá levantarse únicamente si la empresa minera suscribe los correspondientes Acuerdos de Mitigación.
La infraestructura y los usuarios
Como conclusión del encuentro, el Consejo Asesor de Acompañamiento consideró que la propuesta impulsada por San Juan presenta solidez técnica, equidad económica y sustento normativo acorde con estándares internacionales.
Asimismo, los participantes coincidieron en que el principio de libre acceso previsto por la normativa vigente no constituye un derecho absoluto que permita a una empresa privada utilizar sin costo la capacidad remanente de una red pública.
El Consejo recordó que esta infraestructura eléctrica fue financiada históricamente mediante recursos de la provincia y aportes realizados por los propios usuarios a través de sus facturas de energía. Finalmente, resolvió mantener un seguimiento permanente del expediente mientras se aguarda la resolución definitiva que deberá emitir el ENReGE.
