El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la oposición durante una conferencia ofrecida en Perú y aseguró que su Gobierno enfrentó siete intentos de juicio político durante el último año.
El mandatario vinculó esas presentaciones con una supuesta maniobra para desestabilizarlo y afirmó que el Congreso también impulsó decenas de iniciativas destinadas, según su interpretación, a perjudicar el equilibrio fiscal.
“Nosotros, el año pasado, tuvimos un embate político muy fuerte, donde el Congreso envió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico. Intentó un golpe de Estado con siete intentos de juicio político y, además, sembraban el terror en las calles”, manifestó Milei.
Las declaraciones fueron realizadas en la Universidad de San Martín de Porres, donde el Presidente recibió el título de Doctor Honoris Causa después de participar de la asunción de Keiko Fujimori en Perú.
¿Hubo siete juicios políticos?
La declaración generó repercusiones porque Milei habló de “siete intentos de juicio político” como parte de un golpe de Estado.
En realidad, se presentaron distintos pedidos y proyectos para iniciar el procedimiento constitucional. Sin embargo, ninguno avanzó, consiguió dictamen de comisión o llegó a ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.
Es decir, existieron solicitudes para promover su remoción, pero el Congreso nunca abrió formalmente un juicio político contra el Presidente.
La diferencia es importante: presentar un proyecto no significa que el procedimiento haya comenzado. Para avanzar, la Comisión de Juicio Político debe estudiar la acusación, producir un dictamen y enviarla al recinto.
Las acusaciones presentadas contra Milei
El primer pedido formal se conoció en abril de 2024, durante los primeros meses del Gobierno libertario.
Agrupaciones vinculadas con el kirchnerismo acusaron al mandatario de supuesto mal desempeño de sus funciones y de la posible comisión de delitos. Entre los argumentos incluyeron presunta instigación a cometer delitos, apología del crimen y abandono de personas.
Posteriormente, diputados de Unión por la Patria presentaron otras solicitudes. También se impulsaron pedidos vinculados con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y con distintas declaraciones y decisiones del mandatario.
Legisladores del Frente de Izquierda, entre ellos Romina Del Plá y Néstor Pitrola, promovieron otra iniciativa para intentar la remoción presidencial.
Pese a las presentaciones, ninguna reunió hasta ahora el respaldo político necesario para avanzar.
Una comisión que no trató los expedientes
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es la encargada de analizar las denuncias contra el Presidente, el vicepresidente, los ministros de la Corte Suprema y otros funcionarios alcanzados por este mecanismo.
Desde el inicio de la gestión de Milei, ese cuerpo parlamentario atravesó disputas por su conducción y no trató los expedientes presentados contra el mandatario.
Actualmente, la comisión está presidida por la diputada libertaria Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al Presidente.
Por lo tanto, aunque hubo pedidos, no se inició un proceso institucional de destitución ni existió una votación formal para apartar a Milei del Gobierno.
Milei apuntó contra políticos, empresarios y periodistas
Durante su exposición, Milei no limitó sus críticas al Congreso. También acusó a empresarios, medios de comunicación, periodistas y profesionales de participar en una estrategia destinada a provocar el fracaso de su administración.
El Presidente utilizó nuevamente la expresión “empresaurios prebendarios” y calificó a determinados periodistas y profesionales como “sicarios del mal”.
“Trabajaban para que todo volara por los aires”, afirmó.
El mandatario presentó el resultado de las elecciones legislativas de 2025 como una respuesta social frente a esos presuntos intentos de desestabilización.
La referencia al resultado electoral
Milei sostuvo que La Libertad Avanza ganó los comicios “41 a 24” y afirmó que, si se hubiera tratado de una elección presidencial, el oficialismo habría triunfado en primera vuelta.
Sin embargo, los resultados nacionales consignados por distintos medios muestran que la alianza oficialista obtuvo aproximadamente el 40,7%, mientras que la principal coalición peronista alcanzó el 31,67%.
El Presidente también destacó el rol de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la construcción nacional de La Libertad Avanza.
Según el mandatario, su hermana logró constituir estructuras partidarias en los 24 distritos del país en apenas seis meses. Durante su discurso volvió a llamarla “la pastelera” y le atribuyó parte central del resultado electoral.
Pedidos políticos, pero sin juicio abierto
La afirmación de Milei tiene una base concreta: durante su gestión fueron presentados varios pedidos para iniciar un juicio político.
Sin embargo, su frase puede generar una interpretación equivocada. No existieron siete juicios políticos sustanciados ni siete procedimientos de destitución debatidos por el Congreso.
Hasta el momento, se trató de presentaciones parlamentarias que permanecieron sin dictamen y sin tratamiento en el recinto.
El presidente Javier Milei aseguró durante una exposición en Perú que enfrentó siete intentos de juicio político y vinculó esas presentaciones con un intento de “golpe de Estado”. Sin embargo, los pedidos impulsados contra el mandatario no obtuvieron dictamen de comisión ni llegaron al recinto de la Cámara de Diputados, por lo que ningún juicio político fue formalmente abierto.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Javier Milei aterrizó discursivamente en Perú con una reconstrucción de su último año digna de una temporada política escrita con presupuesto ilimitado: 40 leyes contra el equilibrio macroeconómico, siete intentos de juicio político, terror en las calles y una constelación de políticos, empresarios, periodistas y profesionales trabajando para que su Gobierno terminara convertido en una bola de fuego institucional. Según el Presidente, aquello fue un intento de “golpe de Estado”. Según el recorrido parlamentario de los expedientes, mientras tanto, los siete supuestos misiles contra la Casa Rosada quedaron estacionados antes de llegar a la pista.
Porque pedidos hubo. Lo que no hubo fueron siete juicios políticos avanzando por el Congreso como una formación de tanques constitucionales rumbo al Poder Ejecutivo. Las iniciativas no consiguieron dictamen de comisión ni llegaron al recinto de Diputados. En otras palabras: existieron personas solicitando encender la motosierra institucional de la destitución, pero nadie consiguió siquiera ponerle combustible suficiente para hacerla arrancar. La República sobrevivió otra jornada a su deporte favorito: anunciar el apocalipsis antes de conseguir número para tratarlo en comisión.
La Comisión de Juicio Político tampoco convirtió los expedientes en procedimientos efectivos. Actualmente está presidida por Lilia Lemoine, dirigente cercana al mandatario, un detalle que agrega a la escena ese toque argentino donde el organismo encargado de estudiar acusaciones contra el Presidente está conducido por una de sus aliadas políticas. No significa que las denuncias desaparezcan por arte de magia, pero tampoco parece el escenario ideal para imaginar siete locomotoras destituyentes avanzando simultáneamente hacia Balcarce 50.
Milei amplió luego el reparto de antagonistas. Aparecieron los “empresaurios prebendarios”, los “sicarios del mal” y quienes, según afirmó, “Trabajaban para que todo volara por los aires”. La política argentina dejó así de parecer una sesión legislativa para adquirir la estructura narrativa de una película en la que el protagonista descubre que prácticamente todo personaje secundario forma parte de una conspiración, incluido probablemente el señor que controla las credenciales en la entrada.
El Presidente también llevó las elecciones legislativas de 2025 al terreno épico: habló de un triunfo “41 a 24” y sostuvo que esos números le habrían permitido ganar una presidencial en primera vuelta. Los resultados nacionales consignados, sin embargo, ubicaron al oficialismo alrededor del 40,7% y a la principal coalición peronista en 31,67%. Entre la matemática electoral y la narrativa política apareció nuevamente esa vieja institución argentina: el porcentaje acomodado hasta que entre cómodamente dentro del discurso.
Así quedó el cuadro: hubo pedidos de juicio político, pero ninguno se transformó en un proceso formal de destitución. Milei los presentó como siete intentos dentro de un “golpe de Estado”; el Congreso, por ahora, los conserva en una dimensión bastante menos cinematográfica: expedientes sin dictamen y sin tratamiento en el recinto. Una diferencia pequeña únicamente si uno considera que presentar una acusación y conseguir destituir a un presidente son aproximadamente la misma cosa.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la oposición durante una conferencia ofrecida en Perú y aseguró que su Gobierno enfrentó siete intentos de juicio político durante el último año.
El mandatario vinculó esas presentaciones con una supuesta maniobra para desestabilizarlo y afirmó que el Congreso también impulsó decenas de iniciativas destinadas, según su interpretación, a perjudicar el equilibrio fiscal.
“Nosotros, el año pasado, tuvimos un embate político muy fuerte, donde el Congreso envió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico. Intentó un golpe de Estado con siete intentos de juicio político y, además, sembraban el terror en las calles”, manifestó Milei.
Las declaraciones fueron realizadas en la Universidad de San Martín de Porres, donde el Presidente recibió el título de Doctor Honoris Causa después de participar de la asunción de Keiko Fujimori en Perú.
¿Hubo siete juicios políticos?
La declaración generó repercusiones porque Milei habló de “siete intentos de juicio político” como parte de un golpe de Estado.
En realidad, se presentaron distintos pedidos y proyectos para iniciar el procedimiento constitucional. Sin embargo, ninguno avanzó, consiguió dictamen de comisión o llegó a ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.
Es decir, existieron solicitudes para promover su remoción, pero el Congreso nunca abrió formalmente un juicio político contra el Presidente.
La diferencia es importante: presentar un proyecto no significa que el procedimiento haya comenzado. Para avanzar, la Comisión de Juicio Político debe estudiar la acusación, producir un dictamen y enviarla al recinto.
Las acusaciones presentadas contra Milei
El primer pedido formal se conoció en abril de 2024, durante los primeros meses del Gobierno libertario.
Agrupaciones vinculadas con el kirchnerismo acusaron al mandatario de supuesto mal desempeño de sus funciones y de la posible comisión de delitos. Entre los argumentos incluyeron presunta instigación a cometer delitos, apología del crimen y abandono de personas.
Posteriormente, diputados de Unión por la Patria presentaron otras solicitudes. También se impulsaron pedidos vinculados con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y con distintas declaraciones y decisiones del mandatario.
Legisladores del Frente de Izquierda, entre ellos Romina Del Plá y Néstor Pitrola, promovieron otra iniciativa para intentar la remoción presidencial.
Pese a las presentaciones, ninguna reunió hasta ahora el respaldo político necesario para avanzar.
Una comisión que no trató los expedientes
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es la encargada de analizar las denuncias contra el Presidente, el vicepresidente, los ministros de la Corte Suprema y otros funcionarios alcanzados por este mecanismo.
Desde el inicio de la gestión de Milei, ese cuerpo parlamentario atravesó disputas por su conducción y no trató los expedientes presentados contra el mandatario.
Actualmente, la comisión está presidida por la diputada libertaria Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al Presidente.
Por lo tanto, aunque hubo pedidos, no se inició un proceso institucional de destitución ni existió una votación formal para apartar a Milei del Gobierno.
Milei apuntó contra políticos, empresarios y periodistas
Durante su exposición, Milei no limitó sus críticas al Congreso. También acusó a empresarios, medios de comunicación, periodistas y profesionales de participar en una estrategia destinada a provocar el fracaso de su administración.
El Presidente utilizó nuevamente la expresión “empresaurios prebendarios” y calificó a determinados periodistas y profesionales como “sicarios del mal”.
“Trabajaban para que todo volara por los aires”, afirmó.
El mandatario presentó el resultado de las elecciones legislativas de 2025 como una respuesta social frente a esos presuntos intentos de desestabilización.
La referencia al resultado electoral
Milei sostuvo que La Libertad Avanza ganó los comicios “41 a 24” y afirmó que, si se hubiera tratado de una elección presidencial, el oficialismo habría triunfado en primera vuelta.
Sin embargo, los resultados nacionales consignados por distintos medios muestran que la alianza oficialista obtuvo aproximadamente el 40,7%, mientras que la principal coalición peronista alcanzó el 31,67%.
El Presidente también destacó el rol de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la construcción nacional de La Libertad Avanza.
Según el mandatario, su hermana logró constituir estructuras partidarias en los 24 distritos del país en apenas seis meses. Durante su discurso volvió a llamarla “la pastelera” y le atribuyó parte central del resultado electoral.
Pedidos políticos, pero sin juicio abierto
La afirmación de Milei tiene una base concreta: durante su gestión fueron presentados varios pedidos para iniciar un juicio político.
Sin embargo, su frase puede generar una interpretación equivocada. No existieron siete juicios políticos sustanciados ni siete procedimientos de destitución debatidos por el Congreso.
Hasta el momento, se trató de presentaciones parlamentarias que permanecieron sin dictamen y sin tratamiento en el recinto.
El presidente Javier Milei aseguró durante una exposición en Perú que enfrentó siete intentos de juicio político y vinculó esas presentaciones con un intento de “golpe de Estado”. Sin embargo, los pedidos impulsados contra el mandatario no obtuvieron dictamen de comisión ni llegaron al recinto de la Cámara de Diputados, por lo que ningún juicio político fue formalmente abierto.
Javier Milei aterrizó discursivamente en Perú con una reconstrucción de su último año digna de una temporada política escrita con presupuesto ilimitado: 40 leyes contra el equilibrio macroeconómico, siete intentos de juicio político, terror en las calles y una constelación de políticos, empresarios, periodistas y profesionales trabajando para que su Gobierno terminara convertido en una bola de fuego institucional. Según el Presidente, aquello fue un intento de “golpe de Estado”. Según el recorrido parlamentario de los expedientes, mientras tanto, los siete supuestos misiles contra la Casa Rosada quedaron estacionados antes de llegar a la pista.
Porque pedidos hubo. Lo que no hubo fueron siete juicios políticos avanzando por el Congreso como una formación de tanques constitucionales rumbo al Poder Ejecutivo. Las iniciativas no consiguieron dictamen de comisión ni llegaron al recinto de Diputados. En otras palabras: existieron personas solicitando encender la motosierra institucional de la destitución, pero nadie consiguió siquiera ponerle combustible suficiente para hacerla arrancar. La República sobrevivió otra jornada a su deporte favorito: anunciar el apocalipsis antes de conseguir número para tratarlo en comisión.
La Comisión de Juicio Político tampoco convirtió los expedientes en procedimientos efectivos. Actualmente está presidida por Lilia Lemoine, dirigente cercana al mandatario, un detalle que agrega a la escena ese toque argentino donde el organismo encargado de estudiar acusaciones contra el Presidente está conducido por una de sus aliadas políticas. No significa que las denuncias desaparezcan por arte de magia, pero tampoco parece el escenario ideal para imaginar siete locomotoras destituyentes avanzando simultáneamente hacia Balcarce 50.
Milei amplió luego el reparto de antagonistas. Aparecieron los “empresaurios prebendarios”, los “sicarios del mal” y quienes, según afirmó, “Trabajaban para que todo volara por los aires”. La política argentina dejó así de parecer una sesión legislativa para adquirir la estructura narrativa de una película en la que el protagonista descubre que prácticamente todo personaje secundario forma parte de una conspiración, incluido probablemente el señor que controla las credenciales en la entrada.
El Presidente también llevó las elecciones legislativas de 2025 al terreno épico: habló de un triunfo “41 a 24” y sostuvo que esos números le habrían permitido ganar una presidencial en primera vuelta. Los resultados nacionales consignados, sin embargo, ubicaron al oficialismo alrededor del 40,7% y a la principal coalición peronista en 31,67%. Entre la matemática electoral y la narrativa política apareció nuevamente esa vieja institución argentina: el porcentaje acomodado hasta que entre cómodamente dentro del discurso.
Así quedó el cuadro: hubo pedidos de juicio político, pero ninguno se transformó en un proceso formal de destitución. Milei los presentó como siete intentos dentro de un “golpe de Estado”; el Congreso, por ahora, los conserva en una dimensión bastante menos cinematográfica: expedientes sin dictamen y sin tratamiento en el recinto. Una diferencia pequeña únicamente si uno considera que presentar una acusación y conseguir destituir a un presidente son aproximadamente la misma cosa.