La Policía de San Juan atraviesa uno de los episodios institucionales más delicados de los últimos años tras el inicio de una auditoría interna destinada a determinar el paradero de 150 pistolas Bersa calibre 9 milímetros que no fueron localizadas durante un control de inventario. El armamento integra un lote de 500 unidades adquirido por el Estado provincial en 2022 mediante una licitación pública adjudicada a la firma «Punto de Impacto».

Un faltante que encendió las alarmas

De acuerdo con la información conocida, las armas que no pudieron ser ubicadas corresponden a los lotes de fabricación M y N. En la fuerza sostienen, por el momento, que la situación respondería a un «grave desorden administrativo» acumulado durante años, agravado por la ausencia de un sistema digital de legajos que permita realizar un seguimiento preciso del armamento asignado al personal.

Las primeras inspecciones detectaron además importantes inconsistencias en los registros. Entre ellas, la existencia de subcomisarios portando armas que, según la documentación, estaban asignadas a cabos, además de otras irregularidades similares distribuidas en distintas jerarquías de la institución.

El memorándum que aceleró la investigación

La revisión de los depósitos tomó impulso el 13 de julio de 2026, luego de que la Jefatura dispusiera cambios de destino mediante el memorándum 36/2026. La medida reorganizó personal dentro de la Dirección de Inspección y Logística y alcanzó directamente a la División Armamento.

Fuentes policiales indicaron que una de las hipótesis bajo análisis es que las pistolas permanezcan aún en cajas sin haber sido incorporadas correctamente al sistema de registros. Sin embargo, también advirtieron que, si la auditoría no logra localizar físicamente las 150 armas en el corto plazo, se presentará una denuncia penal ante la UFI de turno para investigar un eventual robo o desvío de material bélico oficial.

Cambios de autoridades y traslados

El faltante habría sido detectado semanas atrás, lo que motivó la intervención de la Dirección de Control de Gestión sobre quienes tuvieron a su cargo la recepción, custodia y entrega del armamento en la División Armamento. El anterior jefe de esa dependencia, que dejó el cargo tras los ascensos de marzo de este año, cumple actualmente funciones en el área de Obras de la Policía de San Juan.

Si bien no existen imputaciones ni acusaciones formales, la investigación puso bajo análisis a quienes participaron del ingreso de las Bersa 9 mm adquirido en 2022. Como medida preventiva, la Jefatura designó al subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña al frente de la División Armamento, acompañado por el oficial principal Héctor Jesús Quiroga Elizondo, y dispuso además el traslado a comisarías de departamentos cordilleranos de gran parte del personal subalterno que prestaba funciones en esa oficina mientras continúa la auditoría.