La agenda oficial del Senado fija el plenario para el miércoles 21 de octubre. El temario junta a esas dos comisiones. El encuentro está cargado como análisis en comisiones. No es una votación en el recinto ni una ley ya sancionada.
El expediente S-285/25, de Antonio José Rodas, tuvo un dictamen conjunto. La Orden del Día 669/25 figura caduca por la renovación bienal. El registro del Senado señala que volvió a comisión el 4 de marzo. Igual está en la agenda del miércoles.
Qué propone cada expediente
El S-285/25 reproduce un proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas. El S-257/26, de Flavio Fama y Edith Terenzi, propone modificar el Código de Minería. El texto suma un título final llamado «Régimen de Cierre de Minas».
El S-525/26 también propone ese título final en el Código de Minería. Sus autores son Lucía Benigna Corpacci, Alicia Margarita Antonia Kirchner y Jorge Milton Capitanich. Son tres iniciativas distintas: una de presupuestos mínimos y dos de reforma del código.
Según informaron medios locales, las iniciativas describen ejes parecidos: planificar el cierre desde etapas tempranas, rehabilitar las áreas afectadas y prever garantías para los costos de cierre y postcierre. También aparecen el monitoreo posterior y la participación comunitaria. El alcance y los instrumentos cambian según el texto. Son propuestas, no obligaciones nuevas ya vigentes.
Qué exige la ley vigente
La Ley 24.585 ya incluye las actividades destinadas al cierre de la mina. Exige un Informe de Impacto Ambiental antes de las actividades comprendidas. La aplicación corresponde a las autoridades que determinen las provincias.
Las medidas de prevención, rehabilitación, restauración o recomposición que entran en la Declaración de Impacto Ambiental son obligaciones fiscalizables. La Declaración debe actualizarse como máximo cada dos años.
En 2021, la Resolución 161 de la Secretaría de Minería aprobó lineamientos generales para el cierre, con garantías financieras. Invitó a las provincias a adoptarlos en sus jurisdicciones. Es un antecedente de la Secretaría, distinto de una ley nacional votada por el Congreso.
Qué dejó el plan de San Juan
La actualización 2023 del Plan Estratégico de San Juan consignó un proyecto provincial de ley de cierre de minas. Figuraba «en ejecución», con 25% de avance. El documento menciona el cierre parcial, garantías mediante seguro de caución o fideicomiso, y un fondo común para pasivos ambientales. Ese registro corresponde a 2023.
La agenda indica que el plenario del miércoles podrá seguirse por el canal de YouTube del Senado, por el canal digital 24 de Telecentro y por el canal 90 de Flow.
El Senado de la Nación agendó para el miércoles 21 de octubre, a las 15, un plenario para analizar tres proyectos de cierre de minas. Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reúnen en el Salón Azul. Los expedientes son el S-285/25, el S-257/26 y el S-525/26. El estado que informa el Senado es de análisis en comisiones: no es una ley aprobada.
Tres proyectos, un miércoles y ninguna ley votada. El Senado cita el miércoles a las 15, en el Salón Azul, a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Van a mirar papeles de cierre de minas. En este país, cerrar algo suele pedir más formularios que abrirlo: por ahora, el trámite tiene horario y salón.
El plenario no es el recinto. El expediente de Antonio José Rodas, el S-285/25, ya tuvo dictamen conjunto y la Orden del Día 669/25 figura caduca por la renovación bienal. Volvió a comisión el 4 de marzo y el miércoles vuelve a la lista. Es el trámite que uno da por archivado y el sistema lo devuelve, como el turno del registro que se cayó justo cuando tocaba.
No es un solo texto con tres firmas. Rodas reproduce presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre. Flavio Fama y Edith Terenzi, por un lado, y Lucía Corpacci, Alicia Kirchner y Jorge Capitanich, por el otro, proponen un título final en el Código de Minería: el Régimen de Cierre de Minas. Según informaron medios locales, coinciden en planificar temprano, rehabilitar, poner garantías y seguir con monitoreo y participación comunitaria. El detalle cambia de proyecto en proyecto. Como la lista del asado: todos dicen que llevan algo y después aparecen tres ensaladas iguales.
La Ley 24.585 ya mete el cierre de la mina en el régimen ambiental. Pide Informe de Impacto Ambiental, deja la aplicación en las autoridades provinciales y vuelve fiscalizable lo que entra en la Declaración de Impacto Ambiental. Esa declaración se actualiza como máximo cada dos años. El anuncio de un vacío, con esa letra ya escrita, queda un poco grande.
En 2021 la Resolución 161 de la Secretaría de Minería aprobó lineamientos de cierre con garantías financieras e invitó a las provincias a adoptarlos. Una invitación no es una ley del Congreso. Es el mensaje del grupo de WhatsApp que dice «los que puedan, súmense» y después nadie pone el presente.
San Juan, en la actualización 2023 del Plan Estratégico, consignó su propio proyecto de ley de cierre como «en ejecución», con 25% de avance: cierre parcial, seguro de caución o fideicomiso, y un fondo para pasivos ambientales. Ese porcentaje es de 2023. El miércoles, el plenario se puede ver por el YouTube del Senado, el canal 24 de Telecentro o el 90 de Flow. El cierre de las minas, por ahora, tiene horario, salón y transmisión. Lo que no tiene es sanción.
